El Estado contra los españoles: la fractura que ya no es marginal
El Estado es el enemigo de España y de los españoles. El diagnóstico, que sonaba a exabrupto, se ha convertido en artículo de fe para una corriente creciente. La gestión de la DANA, la crisis de Ceuta y el ciclo de restricciones de 2020 a 2022 han sedimentado la desconfianza: el aparato público, se argumenta, se protege a sí mismo, no a los ciudadanos. Pero conviene deslindar: la crítica no apunta al Estado social, sino a su deriva represiva y autorreferencial.
De la DANA a Ceuta: el Estado que llega tarde y mal
La respuesta a la DANA se convirtió en símbolo del abandono. Mientras las riadas arrasaban municipios, la Administración aparecía tarde y con recursos insuficientes. La misma lectura se hace del episodio de Ceuta, donde la actuación estatal se percibe como defensa de las instituciones, no de las personas. La conclusión que se extiende es que el Estado ha dejado de estar al servicio del pueblo: lo reprime con descaro, en expresión que resume el sentir.
Las leyes que agravaron el divorcio
El periodo 2020-2022 dejó un reguero jurídico que hoy se examina con lupa. El incumplimiento de la obligación de usar mascarilla se castigó con detención, interpretando una infracción administrativa como llave al calabozo. La Ley de Violencia de Género, validada por el Tribunal Constitucional en 2008, sigue siendo el otro gran frente: para sus críticos, rompe principios elementales del derecho y solo existe en España dentro del espacio europeo. Los derechos constitucionales, se insiste, son papel mojado cuando al poder le conviene.
Un cisma difícil de revertir
La fractura entre la elite que gobierna y los gobernados ya no es sigilosa. Cada episodio de abandono o de sobreactuación autoritaria añade un capítulo al relato. Lo más probable es que la desafección siga creciendo mientras la Administración no recupere la función de proteger. El único margen de duda es quién capitalizará ese descontento, si la política institucional o el caldo de cultivo antisistema.