El fraude gradual de los nietos según el editorial de ABC

El Supremo aprecia indicios racionales de irregularidades graves en el CERA de la ‘ley de nietos’, pero rechaza ampliar la suspensión del derecho a voto a 189.678 nacionalizados porque el censo ya está cerrado y faltan menos de tres semanas para el 29N.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la ‘ley de nietos’ y lo ha hecho con una contradicción que resume el problema: ve indicios claros de ilegalidad, pero no actúa en consecuencia. En sus dos últimos autos, los magistrados rechazan las impugnaciones de las asociaciones que apoyan las tesis del Gobierno y confirman las suspensiones cautelares acordadas el 10 de septiembre. A la vez, desestiman ampliar esa misma suspensión del derecho a voto a 189.678 nacionalizados que accedieron por otro atajo de la instrucción de Sofía Puente.

Qué dicen los autos sobre el CERA

El Supremo advierte «de modo cada vez más intenso» la existencia de «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia» en la configuración del CERA, el censo electoral de residentes ausentes. El dato que ha disparado las alarmas es el resultado del examen de 163.355 nacionalizaciones: solo 901 cuentan con pruebas del exilio del abuelo o padre español. El resto, según los autos, no acredita ese vínculo.

Por qué no se amplía la suspensión del voto

Los magistrados se atienen a razones prácticas. Ampliar la suspensión del derecho a voto a esos 189.678 nacionalizados resulta difícil de ejecutar con el censo ya cerrado y a menos de tres semanas del 29N. Es decir, el tribunal reconoce el problema pero no puede corregirlo a tiempo. Esa decisión, según el editorial de ABC, es fruto inevitable de la mala fe del Gobierno al no informar a tiempo del número real de afectados.

Un fraude que avanza sin freno

El proceso contra la ‘ley de nietos’ sigue su curso y cada auto añade presión sobre una norma que nació con vocación de reparación histórica y que, a la vista de los números, se ha convertido en otra cosa. La proporción es elocuente: 901 casos con prueba frente a 163.355 examinados. El Supremo lo llama indicios; el editorial lo llama fraude gradual. La diferencia entre ambos términos es, sobre todo, de tiempo.