El gobierno no es responsable de nada de nada

De la DANA a las imputaciones: un Gobierno que no firma ninguna responsabilidad​

En Paiporta los afectados siguen clamando contra la gestión del Ejecutivo central al grito de «¡Sánchez dimisión!». La respuesta institucional no ha variado: nadie firma la responsabilidad de lo ocurrido. La DANA que arrasó la provincia de Valencia dejó más de 230 víctimas mortales y abrió un pulso sobre quién debía haber activado los recursos, quién debía haberlos pedido y por qué la ayuda tardó días en llegar. Sobre ese fondo, la conversación se ha ido enredando en una madeja de causas judiciales, una dimisión y acusaciones cruzadas que apuntan siempre al mismo patrón: la culpa es siempre del otro.

¿Quién es responsable de la gestión de la DANA en Valencia?​

El reparto de competencias abre el primer frente. Una parte del análisis sostiene que la Generalitat tenía la llave autonómica para declarar la emergencia catastrófica —el nivel máximo de alerta de su propia ley— y no la giró a tiempo. En el lado opuesto se subraya que el Ejecutivo central podía haber decretado un estado de alarma como en la pandemia y no lo hizo. La discusión sobre qué administración asumió competencias desde el minuto uno sigue sin cerrarse.

El papel del expresidente valenciano ha sido el más señalado. Su salida fue recibida con alivio por algunos participantes, pero hay quien sostiene que el problema no se resuelve con una sola dimisión: tienen que caer todos, no sólo él. La comparación con otras crisis —el terremoto de Marruecos, que según afirma un participante tuvo respuesta en menos de 24 horas— funciona como piedra de toque para medir la lentitud. La pregunta que queda flotando no es quién dimitió, sino por qué la cadena de mando se rompió precisamente el día que no se podía romper.

Las causas judiciales que se acumulan en el entorno del Gobierno​

Al desastre se le ha sumado un rosario de instrucciones. En el entorno del partido del Gobierno figuran, según afirma un participante, un exministro y exnúmero dos imputados, con alguno en prisión provisional, más otras figuras de confianza de la formación. A esa trama se añaden, siempre según sostiene ese participante, la esposa del presidente y su hermano, ambos investigados por causas distintas. Todo está en fase de instrucción: imputaciones sin condena firme.

Hay quien lee en ese calendario judicial una estrategia de desgaste mutuo, y quien sostiene que la acumulación de casos erosiona la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante la propia catástrofe. El detalle completo de las imputaciones y su cronología, con nombres, fechas y juzgados, da una imagen más nítida de lo que está en juego.

Qué dice el Parlamento Europeo sobre la DANA​

Un informe del Parlamento Europeo apuntó, según se recoge en la discusión, al Estado por la falta de prevención y gestión durante la DANA, lo que a juicio de muchos desmonta una parte del relato oficial. La lectura institucional europea se ha convertido en munición para quienes exigían desde el primer día una asunción de responsabilidades que nunca llegó. Del otro lado, la interpretación es que la culpa se reparte entre administraciones y que el señalamiento europeo no exime a la autonomía.

Paiporta, Leire Díaz y el relato que no cuadra​

La manifestación de Paiporta, con vecinos y afectados clamando contra la gestión del Gobierno, se convirtió en la foto política del asunto. A la protesta se añadieron después revelaciones sobre el papel de una asesora de confianza, Leire Díaz, enviada supuestamente a limpiar todo «caiga quien caiga» durante los días de reflexión del presidente, según las acusaciones que circulan. Cada capítulo añade una capa: primero la negligencia, luego la gestión de la versión oficial, después las causas judiciales.

Lo llamativo no es que existan versiones enfrentadas —normal en política—, sino que ninguna administración reclame haber hecho algo mal. El Gobierno central remite a la Generalitat; la Generalitat remite al Estado; y mientras, las familias de las víctimas siguen esperando una explicación que no llega y unos responsables con nombre y apellidos.

El resultado es una paradoja incómoda: en un sistema que se dice democrático y con un poder judicial consolidado, la única certeza que sobrevive al cruce de versiones es que más de 230 personas murieron y nadie, absolutamente nadie, ha asumido la responsabilidad.