Sector Público: El Gobierno propone a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028

El 10% para funcionarios hasta 2028 se queda en un 2,4% anual​

Una subida del 10% en cuatro años suena a titular generoso. Puesta en año natural, se queda en un 2,4% anual, y ahí el relato empieza a crujir. El Gobierno ha trasladado a los sindicatos su propuesta de incremento salarial para los empleados públicos entre 2025 y 2028, con un 5% reservado a 2027, una oferta que las centrales han calificado de insulto a las empleadas y empleados públicos. La cifra ha caído en mitad de la discusión sobre inflación, IRPF y convenios de la privada, y la respuesta dista mucho de ser unánime.

Qué ofrece el Gobierno a los funcionarios hasta 2028​

El marco es de cuatro ejercicios, de 2025 a 2028. La oferta reparte el incremento por anualidades y reserva un 5% para 2027, según el calendario que maneja la negociación. Una parte del análisis sostiene incluso que 2025 figura como año congelado, lo que reduce todavía más el efecto real de la propuesta. En paralelo, el techo de gasto previsto para 2026 se sitúa en el 2%, un corsé que limita cualquier subida adicional y que algunos leen como señal de que el margen presupuestario no da para más.

Los sindicatos no han recogido el guante. Han tildado la propuesta de inaceptable y han subrayado que supone un insulto a las empleadas y empleados públicos. La pelota queda en el tejado del Ministerio, que tendrá que decidir si sube la cifra o se atrinchera en el 10%.

El 2,4% anual que no cubre el IPC​

Dividir el 10% entre cuatro años deja un 2,4% por ejercicio, un porcentaje que se queda por debajo del IPC oficial y mucho más lejos del IPC que percibe el ciudadano medio. Una corriente del análisis va más allá: sostiene que cualquier subida que no iguale el índice de precios es, de facto, una bajada de sueldo, porque el poder adquisitivo se erosiona aunque la nómina bruta aumente. Cuatro años dan para mucho.

Con inflaciones que una parte del análisis sitúa en dos dígitos, el cálculo de la merma se dispara. Hay quien habla de una pérdida de poder adquisitivo cercana al 25% en el conjunto del periodo, siempre que los precios mantengan ese ritmo. Es el tipo de proyección que nadie firma en un acuerdo, pero que condiciona la lectura de cualquier subida plurianual.

El cálculo fino pasa por el IRPF. Según un cálculo que circula en el debate, de cada incremento bruto una horquilla de entre el 30% y el 40% vuelve a Hacienda vía retención, de modo que un 10% nominal puede traducirse en un 6% o 7% neto en el bolsillo. Con la cesta de la compra subiendo más que eso, la ganancia se disuelve antes de llegar a la cuenta.

¿Por qué se pide deflactar el IRPF?​

La deflactación es el asunto que atraviesa toda la discusión. Si los tramos del impuesto no se actualizan con la inflación, un sueldo que sube nominalmente puede saltar de tramo y tributar más, de manera que el trabajador pierde por el camino parte de lo que ganó en la subida. Hay quien lo describe como el truco de la operación: elevar el salario sin tocar las tarifas para recuperar después un porcentaje en la declaración de la renta.

La crítica no es nueva ni exclusiva de los empleados públicos, pero en este caso se ha convertido en el eje. Se sostiene que la deflactación debería ser automática y que, mientras no lo sea, cualquier acuerdo salarial llega cojo. El propio debate sobre si los convenios y el salario mínimo deben cubrir el IPC choca con un techo de gasto que no acompaña.

Convenios de la privada: 3,5% anual frente al 3,1% de inflación​

El contraste más repetido llega desde los convenios colectivos. La subida salarial media pactada en la privada se mantenía en octubre en el 3,5%, por encima de una inflación del 3,1% en ese mismo mes. Sectores como limpieza de edificios y locales firmaron en 2024 subidas del 4,2% solo en España, un año, no cuatro.

Extrapolado al mismo horizonte, un 3,5% anual arroja un 14% acumulado en cuatro años, cuatro puntos por encima del 10% ofrecido a los funcionarios. Ahí está el núcleo del agravio comparativo: la privada pacta revisión anual por encima del precio de la vida y la pública firma un porcentaje fijo a cuatro años, sin cláusula que corrija si los precios se desmadran.

La comparación tiene trampa, y conviene decirlo: no todos los convenios suben igual ni todos los sectores van al mismo ritmo. Pero el dato medio, que es el que se usa en la negociación, es el que está sobre la mesa.

Plazas que nadie quiere cubrir​

El problema no es solo el porcentaje. Según un testimonio del debate, en la Administración General del Estado y, sobre todo, en grandes ciudades, la cobertura de puestos se resuelve tirando de bolsas de trabajo, porque nadie prepara una oposición para quedarse años en una plaza que no compensa. El fenómeno se extiende, según ese relato, a médicos y personal sanitario, donde o se paga más o empiezan a quedarse puestos vacíos en determinadas zonas.

La discusión se ha desbordado hacia el modelo. Hay quien pregunta qué servicio público ha mejorado en la última década para justificar el esfuerzo, y quien responde que la comparación con la privada ignora subvenciones, rescates y empresas que viven de dinero público. Una pelea que arrancó por un 10% y acabó discutiendo el tamaño del Estado. El cálculo completo, cruzando convenios, IPC e IRPF, da una diferencia que sorprende.

Si el acuerdo se cierra tal cual, el 10% se cobrará de forma escalonada y Hacienda se llevará su parte por el camino. Que eso baste para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos depende de un dato que nadie controla a cuatro años vista: la inflación. Y ahí, todo pronóstico es una apuesta.