El gobierno quiere prohibir utilizar el término CHARO!!!!!

El Instituto de las Mujeres elabora un informe contra el término «Charo»​

Un documento. Un ministerio. Una palabra de cinco letras. El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha elaborado un informe titulado Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término «Charo» en la cultura del odio, según ha publicado El Debate. El texto no prohíbe nada ni tiene rango normativo: su objetivo declarado es concienciar de que esa denominación está ligada a la misoginia. Se enmarca en un proyecto para «monitorizar y analizar la violencia, el machismo y la discriminación presentes en la manosfera». Y la noticia, como era previsible, desató una avalancha de respuestas, bromas y alternativas al término.

¿Qué dice el informe y en qué proyecto se enmarca?​

El objetivo que fija el documento es «comprender y visibilizar las nuevas formas de misoginia que emergen en los entornos digitales». Es decir, se inscribe en la vigilancia de la llamada manosfera, el conjunto de espacios digitales donde, según ese proyecto, se concentran la violencia, el machismo y la discriminación.

Conviene separar dos cosas que el ruido mezcló desde el primer minuto. Una cosa es un informe, un documento de análisis sin efectos jurídicos. Otra, muy distinta, una prohibición, que exigiría una norma, un régimen sancionador y un cauce administrativo que aquí no existe. No hay ni una ni otra: solo un texto que llama la atención sobre un uso concreto del lenguaje. Ese malentendido —informe leído como decreto— explica buena parte de la indignación.

Lo que sí hay es dinero público detrás. Un proyecto de seguimiento, un equipo y una partida presupuestaria que no se detalla en ninguna parte. Ahí es donde apuntan la mayoría de las críticas, más que al contenido del propio análisis.

El origen discutido: de un aula de Derecho a un vídeo de internet​

Fechar la palabra es el primer problema. Un relato sostiene que ya se escuchaba en la Facultad de Derecho de Alcalá en 2002, alternando con «Chelo» entre un círculo reducido de conocidos. Otro apunta a un vídeo titulado «¿Qué es una Charo?», publicado hace unos cinco años, que atribuía su popularización en internet a un internauta concreto.

Hoy ese origen se reivindica desde la propia red. Quien dice haber sido «el responsable de su difusión» mantiene que solo lo puso «negro sobre blanco con cierto ingenio» y anuncia un texto explicativo para defender que no es un calificativo discriminatorio, sino una crítica a los privilegios y a la doble moral de cierto sector social. Un matiz que no comparte, ni de lejos, el informe oficial.

La discrepancia no es menor. Si el término circulaba en un aula en 2002, no es un neologismo digital reciente. Y si no es reciente, la tesis de la «nueva misoginia» que emerge en redes se queda coja.

¿Por qué unas palabras se proscriben y otras no?​

Porque hay quien sostiene que no todas las palabras reciben el mismo trato. Se señala que términos como «machirulo» o «señoro» siguen circulando sin problema en el discurso público, mientras el foco cae sobre una palabra de uso popular. La asimetría, dicen, no es casual: unos términos sirven al relato y otros lo incomodan.

También se recuerda que no es el primer intento: hubo un intento parecido de prohibir el acrónimo que designa a los menores migrantes no acompañados y otras expresiones de cuño reciente que, según los críticos, no ha tenido resultado práctico. El patrón, sostienen, se repite: elegir una palabra popular, declararla problema y esperar que el lenguaje se discipline solo.

De fondo late una cuestión más incómoda. ¿Se puede legislar sobre cómo habla la gente? La evidencia disponible sugiere que no, y que cada intento deja un reguero de ocurrencias nuevas en lugar de un vocabulario más limpio.

El coste y el efecto contrario​

El reproche económico aparece en cuanto se rasca un poco. Frente a la elaboración popular del término, que según sus valedores costó dos latas de cerveza y una bolsa de aperitivo, se pone el mantenimiento institucional: el salario de una ministra, un comité y un estudio pagado entre todos. La cifra exacta del informe no consta en ningún sitio público, y eso alimenta el enfado tanto como el gasto en sí.

Encima está el efecto conocido: vetar una palabra es la mejor campaña de promoción para esa palabra. Basta con prohibirla para que todo el mundo quiera usarla. La propia trayectoria del término, insisten, demuestra que el interés crece justo cuando se intenta frenarlo.

Ahí está la paradoja. Un informe pensado para reducir un uso puede acabar multiplicándolo.

Consuelo, Chelo, Paqui y el resto de alternativas​

La respuesta más repetida tiene forma de sustitución. Si «Charo» queda señalada, se propone «Consuelo» —y su diminutivo «Chelo»—, se recupera «Paqui» como provocación y hasta se coquetea con «Karen», aunque se avisa de que no significa lo mismo. Otras ocurrencias cruzan el chiste con la política: la «charia» como nuevo código de conducta, la «charitocracia», la «charinquisición».

No es solo guasa. Debajo hay un dato incómodo para el informe: la palabra se escribe sola, sin siglas ni acrónimos, y su significado se entiende al instante. Esa eficacia comunicativa es justo lo que la hace difícil de desactivar por decreto.

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Un informe contra un neologismo de internet. Y un origen que uno de los relatos sitúa en un aula de Derecho de Alcalá en 2002, más de dos décadas antes de que un documento público lo convirtiera en objeto de un informe ministerial.