El Gobierno se enfrenta a un delito de desobediencia por no identificar a los nacionalizados con la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo mantiene suspendida la inscripción en el CERA de los nacionalizados por la Ley de Nietos y critica que la Administración no le haya trasladado la información que pidió en septiembre. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital sostienen que el Ejecutivo podría incurrir en un delito de desobediencia.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo pidió en septiembre información sobre los nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos. La respuesta, cinco semanas después, no ha llegado. El tribunal ha dejado constancia de ese silencio en una resolución de la Sección Cuarta y advierte de que la Administración General del Estado y la Oficina del Censo Electoral han obviado por completo poner en su conocimiento el nivel de cumplimiento de la orden recibida.

El Supremo frena el voto de los ya inscritos en el CERA

Hace diez días, la Sala Tercera acordó mantener las medidas cautelares para frenar el efecto de la Ley de Nietos en el censo electoral. La suspensión afecta a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad pero seguían pendientes de ese trámite. A los ya inscritos se les suspendió su derecho a voto.

La resolución no se limita a ordenar. El Alto Tribunal reprocha a la Administración que no haya informado del grado de ejecución de una instrucción que, según la fuente citada, lleva la firma de Sofía Puente. El tribunal habla de un vacío total de información sobre cuántos nacionalizados han completado el proceso.

La instrucción de Sofía Puente y el silencio administrativo

La Ley de Nietos ha servido para que descendientes de españoles obtengan la nacionalidad por vía consular. Esa vía depende orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya titularidad corresponde a José Manuel Albares. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan al ministro como uno de los principales señalados, porque de su departamento dependen las oficinas consulares que tramitan los expedientes.

El Supremo no habla de delito en su auto. Son esas fuentes jurídicas las que apuntan a un presunto delito de desobediencia por no haber cumplido la petición de información formulada en septiembre. La diferencia importa: el tribunal constata el incumplimiento; la calificación penal es una hipótesis que, de momento, no ha sido formalizada por ninguna instancia.

Cinco semanas y una administración electrónica que no llega

El contraste resulta llamativo. La Administración presume de administración electrónica, de sede digital y de trámites en línea. Cuando el requerimiento viene del Supremo, el expediente no aparece. Cinco semanas es el plazo que se ha consumido sin que la información solicitada llegue a la Sala Tercera.

El asunto tiene recorrido. Si el tribunal eleva el incumplimiento a la vía penal, la pelota pasa al Ministerio Fiscal. Mientras tanto, las medidas cautelares siguen vigentes y el censo de residentes ausentes queda congelado para los afectados por la Ley de Nietos. Unos votos que no se cuentan y una información que no se envía. Cualquier valoración sobre responsabilidades penales exige cautela: hablamos de una hipótesis jurídica, no de una condena.