Eric Finch
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La insumisión ‘póstuma’ de Cándido
22/10/2026Ignacio Camacho-ABC
- El auto del Supremo dejó a Pumpido una advertencia poco encubierta. La Sala Penal ha puesto la hipótesis de prevaricación sobre la mesa
No debería ser noticia que los magistrados del Tribunal Constitucional ejerzan su función con plena autonomía. Si este hecho da lugar a titulares de prensa es porque la intrusión sanchista, que llegó a situar en dicho órgano a una exasesora de la Moncloa y al exministro de Justicia, ha transformado los veredictos en una correa de transmisión de consignas. Durante mucho tiempo fue normal que los miembros de la corte de garantías se pronunciasen atendiendo a argumentos de juridicidad estricta, en ocasiones a contracorriente del partido que los había propuesto y al margen de sus propias afinidades políticas. En los últimos años, sin embargo, se ha estandarizado la previsibilidad de los fallos según una correlación inamovible de mayorías y minorías.
Por esa razón, la opinión pública ha recibido con sorpresa la inadmisión del recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’. La extendida desconfianza sobre el seguidismo gubernamental del TC hacía temer que consumase una nueva desautorización del Supremo. El propio Ejecutivo parecía esperar un pronunciamiento favorable a la protección del derecho de los recién nacionalizados a votar como el resto de españoles residentes en el extranjero. Pero esta vez ha primado el criterio jurídico de considerar prematura la demanda de amparo mientras el camino de la reclamación ordinaria siga abierto. Diez votos contra dos –el del citado exministro entre estos– han roto la perversa dinámica de los bloques férreos.
Conde Pumpido tiene caducado el mandato hace casi un año. Sabe que está quemado. Ha ‘cumplido’ con Sánchez al convalidar la amnistía pese a la ignominiosa evidencia de que obedeció a un intercambio espurio y fue redactada por sus beneficiarios. Ahora aspira a un sillón confortable y poco comprometido en el Consejo de Estado y no quiere despedirse con otro escándalo. Su sustitución anda pendiente de un improbable acuerdo parlamentario en el Senado, cuya presidencia ha prorrogado ya cinco veces el plazo para alcanzarlo. Este asunto del censo irregular, rodeado de sospechas de pucherazo, es un marrón con el que ningún letrado, ni siquiera un confeso partidario de mancharse la toga de barro, desearía ensuciarse las manos.
Además existe otra variable a tener en cuenta. El lunes, la Sala Penal del Supremo emitió un auto de ejecución de sentencia en aplicación de la amnistía a los independentistas Turull, Romeva, Bassa y Junqueras, añadiendo una potente requisitoria donde se denuncia al Constitucional por injerirse en funciones ajenas y romper con su propia jurisprudencia. Días antes se había expresado en el mismo sentido, a propósito del caso Puigdemont, el juez Llarena. Con expresiones de notable dureza, el escrito acusa a Cándido de revisar y mutar la Ley Fundamental hasta poner sus principios en quiebra. En el actual contexto no resulta difícil interpretar ese alegato como una advertencia. Dicho de otra manera, la Sala ha venido a poner la hipótesis de la prevaricación sobre la mesa.