El gran atasco del suelo bloquea la construcción de 1,5 millones de pisos en las grandes ciudades

El suelo no escasea: el atasco administrativo y especulativo bloquea 1,5 millones de viviendas​

En las quince áreas metropolitanas más tensionadas de España hay suelo aprobado para construir 1,5 millones de viviendas, más del doble del déficit estimado por el Banco de España (700.000). El dato, extraído de un informe oficial, desmonta el relato de la escasez física: el problema no es que falte terreno, sino que está secuestrado por una maraña de intereses públicos y privados.

El suelo sobra, pero las casas no llegan​

Eurostat confirma que España lidera la UE en suelo disponible para urbanizar. Sin embargo, solo un 4% del territorio nacional está libre de restricciones edificatorias, según denuncias recurrentes de expertos en planeamiento. La paradoja se explica por la distribución del stock: el 30% del suelo urbanizable en zonas tensionadas pertenece a ayuntamientos, que prefieren venderlo a fondos de inversión antes que destinarlo a vivienda protegida. El 70% restante está en manos de la Sareb, fondos buitre (Blackstone, Cerberus, Lone Star) y gestoras de activos como Intrum o Aliseda, además de constructoras en concurso de acreedores. Cinco actores con lógicas distintas, todos confluyendo en el mismo punto muerto.

Los ayuntamientos, ¿socios del atasco?​

Las cesiones obligatorias de suelo para VPO acaban a menudo en subastas a grandes tenedores. Casos como el de L’Aldea (Tarragona) —donde Fadesa proyectó 1.300 viviendas en plena burbuja— ilustran cómo los municipios pequeños también contribuyen al stock ocioso. En paralelo, testigos directos señalan que terrenos municipales no salen a la venta hasta que un familiar del alcalde obtiene la licencia, práctica que alimenta la sensación de corrupción sistémica.

¿Provocado o burocrático? Dos análisis en pugna​

La postura mayoritaria entre los analistas apunta a que el atasco es deliberado: bancos y ayuntamientos retienen suelo para mantener precios altos, mientras el ciudadano es tratado como mercancía. Frente a ello, un sector minoritario pero insistente señala que la prohibición de construir en el 96% del territorio —por normativas ambientales, costeras o de planeamiento— es la verdadera causa. Quienes sostienen esta visión recuerdan que en España sobran incluso 10 millones de viviendas potenciales si se liberara suelo, aunque ese cálculo ignora la demanda localizada.

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La pregunta que queda en el aire: ¿por qué ningún gobierno —de cualquier signo— ha atacado de frente este embudo? Quizá porque el atasco beneficia a demasiados actores con poder de veto.

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