Cinco mecanismos de oferta que funcionan donde la edificación forzosa fracasa
Sin resolver el problema del suelo, ningún mecanismo de financiación funciona. Y sin cambiar los incentivos del actor local, el suelo no se libera.
Entonces ¿hay algún sitio en el mundo donde esto se haya resuelto?
Buenas noticias, hay al menos
cinco mecanismos probados, con evidencia cuantificable, que
producen el efecto de la edificación forzosa sin depender de la voluntad del ayuntamiento.
Todos comparten estas tres características:
- son automáticos.
- aplican un coste de retención suficiente.
. operan por encima del actor local.
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1. Impuesto sobre el valor del suelo en Harrisburg, Pensilvania (EEUU)
En 1982 Harrisburg era la segunda ciudad más deprimida de Estados Unidos, y aplicaron
un impuesto que grava el suelo seis veces más que los edificios, el
split-rate tax.
El mecanismo es simple, si tienes un solar vacío en zona cara, pagas lo mismo que el vecino que tiene un edificio de apartamentos, pero sin ingresar nada.
El incentivo es demoledor, o construyes o vendes a quien construya.
Veinte años más tarde, las estructuras vacías cayeron de 4.200 a menos de 500, los negocios en el padrón fiscal se multiplicaron casi por cinco, y el valor del parque inmobiliario pasó de 200 a 1.600 millones de dólares.
Forbes la nombró segunda mejor ciudad de EEUU para las familias.
El estudio de Oates y Schwab sobre Pittsburgh, que aplicó un diferencial similar, documentó un incremento del 70% en permisos de construcción frente a una caída del 14% en 15 ciudades comparables.
En España, el Catastro ya separa el valor del suelo y el de la construcción en cada recibo de IBI. Transformar el IBI en un impuesto exclusivamente sobre el valor del suelo es técnicamente posible mediante reforma de la Ley de Haciendas Locales, que es competencia estatal. Hacienda cobraría automáticamente sin pedir permiso al ayuntamiento.
Fuentes:
UBC - Land Value Tax in Harrisburg
Land Value Tax Guide - Pittsburgh Experience
Lincoln Institute - Banzhaf & Lavery (2010)
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2. Zonificación centralizada con derecho automático a construir en Tokio, Japón
Japón tiene 13 categorías nacionales de uso del suelo fijadas por el Parlamento y la vivienda está permitida en todas excepto en la zona exclusivamente industrial.
Si un proyecto cumple el código nacional de edificación y la zonificación, obtiene permiso automático para construir, sin revisión discrecional del ayuntamiento. Desde 1999, consultores privados pueden autorizar permisos.
Como resultado, Tokio construye entre 116.000 y 140.000 viviendas al año, entre 4 y 5 veces más que Nueva York por unidad existente.
La oferta de vivienda casi se ha triplicado desde 1963, y el ratio precio-ingreso de Tokio es de 4,7 veces, frente a 10 en Auckland o 18,8 en Hong Kong, con rentas inferiores a las de cualquier otra gran capital desarrollada.
El sistema fiscal japonés
penaliza a los municipios cuando crece su población, reduciendo las transferencias per cápita, los ayuntamientos no tienen incentivo para atraer residentes, pero como no pueden bloquear el desarrollo conforme, el efecto fiscal adverso es irrelevante.
Las reglas nacionales de derecho a construir son más poderosas que los incentivos fiscales locales.
En España, la STC 61/1997 estableció que el urbanismo es competencia exclusiva de las CCAA, así que el Estado no puede centralizar la zonificación a la japonesa, pero sí puede establecer condiciones básicas de igualdad (art. 149.1.1ª CE) que limiten la discrecionalidad municipal.
El modelo japonés demuestra que el veto local es el problema, no la solución.
Fuentes:
Sightline Institute - Japan Housing
Gleeson - How Tokyo Built Abundant Housing
UCLA Lewis Center - Tokyo Housing
MLIT Japan - Urban Land Use Planning
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3. Un 3% anual sobre suelo zonificado sin desarrollar en Irlanda
Irlanda introdujo en 2025 el RZLT (
Residential Zoned Land Tax),
el 3% anual del valor de mercado de todo suelo zonificado residencial y dotado de servicios que no se desarrolle.
Las autoridades locales publican mapas anuales con las parcelas sujetas, y el impuesto lo gestiona la Hacienda irlandesa (
Revenue), no el ayuntamiento.
En su primer año, 40 millones de euros recaudados sobre 1.800 declaraciones. Anticipándose al impuesto, las ventas de suelo aumentaron un 30% y el precio del suelo residencial zonificado bajó un 6%.
Es decir, el mecanismo empezó a funcionar antes de que se cobrara, solo con el anuncio.
Para España es el mecanismo más directamente exportable. España zonifica suelo residencial a través de los PGOU exactamente igual que Irlanda.
Un impuesto estatal del 3% anual sobre suelo clasificado como urbanizable o urbano no consolidado que permanezca sin edificar podría crearse usando la competencia de planificación económica general (art. 149.1.13ª CE), con gestión de Hacienda, no del ayuntamiento.
Con esta medida el suelo acumulado sale al mercado o paga.
Fuentes:
Revenue Ireland - RZLT Update 2025
Government of Ireland - RZLT
Grant Thornton - RZLT One Year On (2026)
Citizens Information - RZLT
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4. Impuesto del 3% sobre viviendas vacías en Vancouver, Canada
Vancouver impuso en 2017 el
Empty Homes Tax,
un impuesto del 3% del valor catastral sobre viviendas vacías.
A diferencia de España, los valores catastrales canadienses se aproximan al valor de mercado real.
Como resultado, las viviendas vacías cayeron de 2.960 a menos de 1.000, una reducción del 67%. El estudio del C.D. Howe Institute, encontró 5.355 viviendas menos vacías que sin el impuesto, sin impacto negativo en la construcción, con una recaudación total de 194 millones de dólares.
En España, el recargo de IBI por vivienda vacía de la Ley 12/2023 (hasta del 150%) se aplica sobre un IBI medio de 315 euros al año y solo a propietarios con cuatro o más viviendas, y
el recargo máximo añade 475 euros anuales. En un mercado donde los pisos se revalorizan 40.000 euros al año es insignificante, por eso nadie lo aplica y nadie lo teme.
En Vancouver funciona porque el 3% sobre valor de mercado real de un piso de 700.000 dólares canadienses supone
21.000 dólares al año, y eso sí duele.
Fuentes:
City of Vancouver - EHT Record Low Vacancies (2025)
C.D. Howe Institute - Ripple Effects (2024)
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5. Cooperativas y Regla de los dos tercios en Viena
Viena gestiona 220 mil viviendas municipales directas, el 25% del parque residencial, más 200 mil en cooperativas sin ánimo de lucro, totalizando un 40% de vivienda social.
El alquiler base municipal es de 6,67 euros por metro cuadrado frente a 19-35 euros en el mercado privado.
Solo el 18% de los vieneses sufre sobrecarga de vivienda frente al 57% en Los Ángeles.
La regla de zonificación de 2019 es clave, dos tercios de todo nuevo desarrollo de más de 5.000 metros cuadrados deben ser vivienda subvencionada.
El fondo municipal de suelo y renovación urbana de Viena (
Wohnfonds Wien) adquiere suelo y gestiona concursos de promotores donde el precio del suelo se fija de antemano y la selección se basa en la calidad del proyecto, no en quién paga más.
El
Wohnfonds Wien hace dos cosas fundamentalmente:
Primero, compra y reserva suelo. Tiene acumulados 3 millones de metros cuadrados de suelo reservado para construcción de vivienda social; cuando un terreno sale al mercado en Viena, el Wohnfonds tiene capacidad para adquirirlo antes de que lo compre un promotor privado.
Esto rompe la espiral especulativa porque el suelo en lugar de subastarse al mejor postor, se reserva para vivienda asequible.
Segundo, gestiona los concursos de promotores con un modelo único donde el precio del suelo se fija de antemano y no se negocia. Los promotores compiten no por quién paga más por el suelo, sino por quién presenta el mejor proyecto según cuatro criterios: sostenibilidad social, calidad arquitectónica, sostenibilidad medioambiental y viabilidad económica, con el jurado
Grundstücksbeirat (consejo asesor de suelo), que evalúa las propuestas.
Este fondo municipal se financia con un
impuesto del 1% sobre todos los salarios de Viena (la mitad pagado por el trabajador y la otra mitad por el empleador), que genera unos 240 millones de euros anuales. Además recibe unos 200 millones anuales en retorno de préstamos, alquileres del suelo público y rentas del parque existente. En total, unos 440 millones al año dedicados exclusivamente a vivienda.
Viena es esencialmente el anti-modelo español, donde aquí los ayuntamientos venden suelo público para cuadrar presupuestos, el
Wohnfonds Wien compra suelo privado para sacarlo del mercado especulativo. Donde aquí el promotor que más paga se lleva el suelo, en Viena el que mejor proyecto presenta se lleva la concesión a precio fijo.
El forero
@esfuerzo fiscal que mencionó Vitoria señaló exactamente el mismo patrón. El Gobierno Vasco puso financiación, el ayuntamiento puso suelo, y hubo pacto transversal.
Viena lo hizo a mayor escala y con un instrumento normativo que España ya tiene, el derecho de superficie, por el que los patrimonios municipales de suelo pueden otorgar derechos de superficie a cooperativas con fórmulas de reventa limitada.
No hace falta inventar nada nuevo,
la regla de los dos tercios es implementable mañana mismo mediante modificación de PGOU.
Fuentes:
GPLA - Vienna Social Housing System
GPLA - Vienna Housing Ecosystem
Social Housing Vienna (portal oficial)
Housing2030 - Helsinki Public Land Leasing
El patrón común
Los cinco mecanismos descritos hacen que retener suelo sin edificar sea más caro que construir, y lo hacen sin pedirle permiso al ayuntamiento.
Harrisburg lo consigue gravando el suelo más que el edificio.
Tokio lo consigue quitando al ayuntamiento el poder de bloquear.
Irlanda lo consigue cobrando el 3% anual al propietario que no desarrolla.
Vancouver lo consigue cobrando el 3% al que deja un piso vacío.
Viena lo consigue obligando a que dos tercios de todo desarrollo nuevo sea vivienda asequible.
En España seguimos dependiendo de que el ayuntamiento inicie un expediente de edificación forzosa contra un propietario que es su votante, lo tramite durante años, lo defienda en los tribunales y al final expropie con dinero que no tiene.
¿Se inician hoy expedientes de edificación forzosa?
En toda España,
el único caso documentado reciente es Valencia, que reactivó su Registro de Solares en 2017 tras tenerlo paralizado desde 2008.
De 99 parcelas registradas, solo 7 propietarios rechazaron edificar y el ayuntamiento anunció que procedería a la venta forzosa, siete solares en una ciudad de 800.000 habitantes.
Ese es el balance total del mecanismo más ambicioso de edificación forzosa en la España del siglo XXI.
Cuatro siglos de evidencia dicen que la edificación forzosa municipal no funciona, pero estos cinco ejemplos demuestran que hay alternativas probadas.
La pregunta no es si se puede, es si se quiere.