De los 1.300 € de un C2 a los 5.000 € que dice ganar un sanitario con guardias
Diciembre. Dos apuntes en la misma cuenta:
3.600 euros de nómina y
3.400 de paga extra. Quien los firma trabaja en un servicio de salud, arrastra tres guardias del mes anterior —se abonan a vencido— y calcula un IRPF de entre el 40% y el 41%. Con las dos pagas juntas pasa de 7.000 euros. Su resumen: «5.000 euritos limpios he cobrado este año». La réplica llega siempre por el mismo lado: eso es una excepción, no la foto del conjunto. El nudo no es el importe, es a quién representa.
¿Cuánto cobra un funcionario de cada grupo?
La horquilla que se maneja va de lo modesto a lo incómodamente alto, y esa dispersión explica casi todo el ruido. Un
C2 ronda los 1.300 € netos al mes; un C1 administrativo se mueve entre
1.500 y 1.600 €, con nóminas vistas y no contadas de oídas. Los celadores del grupo E, en turno de mañana, quedan apenas por encima del SMI. Un policía nacional, encuadrado como C1, se acerca a los 2.000 € netos sumando guardias y noches; un profesor de secundaria, que es A1 y arrastra carrera más máster, arranca en unos
2.000 € raspados. Mismo dinero para escalas distintas: la queja se repite en cada tramo del asunto.
En el extremo opuesto aparece una cifra que se cita con tabla incluida: un C destinado en la AMB puede alcanzar los
50.826,61 € brutos anuales, trienios aparte. Conviene leerla como techo administrativo, no como mediana del grupo. Entre el suelo y ese techo caben varios sueldos distintos con la misma etiqueta de empleado público.
Trienios, productividad y carrera: la brecha dentro del mismo grupo
Dentro de una misma escala el
salario no es fijo. La
paga de productividad —cuya existencia provoca más de un comentario irónico—, la carrera profesional y los trienios van engordando la nómina con los años. Hay quien calcula que un C con años encima, esos complementos y catorce pagas se planta sin dramas en 1.900 € al mes. El que acaba de aterrizar, no.
A eso se añade un mercado interno poco visible: traslados, dietas y extras que se reparten según destino y negociación. Quien se queda en el puesto de entrada cobra el mínimo del tramo; quien se mueve, no. Y sobre el volumen de trabajo real, el diagnóstico que circula es duro: jornadas de 35 horas oficiales que en la práctica se quedan en 30, frente a otras áreas donde lo oficial son 44 y lo real 40. No hay un funcionariado. Hay varios, y el relato que los mete a todos en el mismo saco se cae en cuanto se miran las cifras una por una.
Guardias y noches: dónde se dispara la nómina
El dinero grande del sector público sanitario está en los complementos, no en el sueldo base. Hay quien cifra en
3.000 € limpios al mes lo que se saca un sanitario con tres guardias y, contando todo el ejercicio, alguien sostiene haber cerrado el año en una media de 5.000 € al mes. Los médicos con opción de pasar a la privada se citan como el caso extremo de capacidad de ingresos.
De ahí que algunos discutan el argumento de la excepción, mientras el celador del mismo hospital sigue pegado al salario mínimo.
El doble sueldo de la pareja de empleados públicos
La aritmética doméstica cambia el resultado. Según un cálculo que circula en el hilo, dos empleados públicos emparejados meten en casa
4.000 € netos al mes y, si coinciden las pagas extras, la cifra se va a
8.000. Hay quien describe ese perfil con casa heredada, hipoteca corta y vacaciones fuera de temporada, y quienes apuntan lo contrario: la seguridad no compensa vivir en una gran ciudad donde el alquiler se come la mitad de la nómina.
El terreno donde se vive pesa más que el grupo profesional. En un pueblo con vivienda pagada, 1.600 € dan para vivir con holgura; en una capital, ese mismo importe deja el mes al límite. Y aparece un matiz que se repite: quien tiene familia suele acabar buscando plaza local.
IRPF, cotización y la sospecha de la burbuja
Con sueldos de ese calibre, la retención duele: hay quien cifra en
2.000 € al mes lo que se va entre IRPF y Seguridad Social, y a renglón seguido lamenta la calidad del servicio que financia. Ese contraste entre lo que se aporta y lo que se recibe vertebra buena parte del enfado, dentro y fuera del sector público.
También hay un cálculo de biografía que ordena las carreras: aprobar con 21 años, vivir en casa familiar y ahorrar unos 20.000 € anuales permite comprar un piso a tocateja en una capital de provincia en una década. Aprobar a los 28 recorta ese margen. Es la letra pequeña de la estabilidad, y explica por qué el asunto se discute con tanta temperatura.
Con esos diferenciales, la etiqueta de
funcionario debería haberse roto hace tiempo. Sigue aguantando. Y mientras unos hablan de privilegio y otros de nóminas de 1.300 €, el dato que descoloca es este: el techo de un grupo medio en una comunidad concreta llega a 50.826,61 € brutos al año, y el suelo del grupo más bajo apenas supera el salario mínimo. La media que se usa en ambos discursos no existe.