Cantabria: el PP abre la puerta a fondos para expulsar al pequeño propietario del alquiler turístico
¿Quién se queda con el alquiler vacacional en Cantabria? La respuesta que se está imponiendo es clara: las empresas y los fondos, no los particulares. La normativa aprobada el año pasado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha abierto la puerta a una nueva dinámica que expulsa al pequeño propietario del negocio turístico.
La pinza entre gobierno y ayuntamientos
El gobierno regional, con el PP al frente, ha impulsado cambios que favorecen a las personas jurídicas. El ejemplo más reciente es la transformación del edificio de los franciscanos de Perines en 24 pisos turísticos. Mientras, los ayuntamientos, en algunos casos, han rechazado proyectos, pero la Consejería ha salvado 'in extremis' los pisos turísticos que ya habían sido rechazados. Es una pinza: el gobierno abre paso, los ayuntamientos ponen trabas, pero al final se impone la lógica de la acumulación.
El argumento de la profesionalización
Hay quien defiende que el sector debe profesionalizarse y que la gestión de 100 viviendas por una empresa es más eficiente que la de 100 propietarios individuales. Pero la otra cara es que esa eficiencia se traduce en la concentración de la propiedad en manos de fondos, que operan con lógicas especulativas y dividendos a corto plazo. Los pequeños propietarios no pueden competir con esos volúmenes.
La contradicción de los partidos
Los Cantabristas, por ejemplo, se oponen a proyectos como el de ocho alojamientos turísticos en suelo rústico de Liencres, pero al mismo tiempo defienden un sector primario que sufre el acoso de la administración. Es el perro del hortelano. Y mientras tanto, la derecha y la izquierda parecen coincidir en no defender el patrimonio de las familias.
Al final, la atomización que era una fortaleza se convierte en debilidad. Los que aplauden las medidas contra los pisos turísticos quizá no sepan que están aplaudiendo a los tiburones. En Cantabria, el PePeronismo ha abierto la veda.