El PNV reactiva la reclamación del Condado de Treviño: ¿anexión económica o pulso territorial?
Enclavado en la provincia de Burgos, el Condado de Treviño es un territorio de 280 km² rodeado por Álava. Sus vecinos llevan años quejándose de que la sanidad les queda lejos: el hospital de referencia está en Miranda de Ebro (Castilla y León), pero muchos cruzan a Vitoria por comodidad o por lazos familiares. Esa anomalía administrativa es la punta del iceberg de una reclamación que el PNV ha vuelto a poner sobre la mesa.
El imán económico de Álava
La tentación económica es evidente. Álava, con 350.000 habitantes y un tejido industrial potente —Mercedes emplea a 5.000 personas, Michelin a más de 3.000, y el Gobierno Vasco a 17.000—, ofrece un nivel de renta muy superior al de la Castilla rural. Las viviendas en Treviño son sensiblemente más baratas que en Vitoria, y un cambio de comunidad supondría una revalorización automática para sus propietarios. En el debate se ha señalado que el Condado de Treviño ha solicitado en varias ocasiones un referéndum a la Diputación de Burgos, pero siempre ha recibido una negativa. La pregunta recurrente es: ¿por qué un territorio que depende de servicios vascos no puede decidir su futuro?
El laberinto jurídico y político
Pero el proceso no es sencillo. Hace apenas unos días, un ministro declaró que «es jurídicamente posible, pero se tienen que cumplir los pasos»: informe favorable de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León, que nunca se han mostrado partidarias. El ordenamiento jurídico exige que ambas administraciones redacten informes favorables para que se celebre un referéndum vinculante. Mientras tanto, el enclave sigue en una especie de limbo administrativo, con una ikastola que enseña euskera y un hospital que no termina de decidir a qué autonomía pertenece. La historia del condado es la de una tierra castellana desde el siglo XII, pero con vínculos económicos y culturales que apuntan al norte.
Soberanía frente a autodeterminación local
El choque de fondo es ideológico. Desde Castilla y León se esgrime que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, y que Treviño no es una colonia cuyos habitantes puedan decidir unilateralmente su pertenencia. Algunos analistas señalan que el mismo derecho de autodeterminación local podría aplicarse a otros enclaves, como Petilla de Aragón (Navarra) o municipios de Madrid. La réplica llega rápida: si los habitantes de Treviño quieren ser vascos, ¿por qué se lo impide la Diputación de Burgos? El debate se ha tensado hasta el punto de que algunos ven en esta reivindicación un movimiento para erosionar la integridad territorial de Castilla y León, mientras que otros lo consideran un simple ejercicio de democracia local.
Datos que pesan
Los números no mienten. La provincia de Álava duplica en renta per cápita a la media de Castilla y León. Los 1.500 habitantes del condado miran a Vitoria con envidia: allí los salarios son más altos, los servicios más cercanos y el empleo industrial abunda. Pero el coste de la operación también es tangible: si Treviño se anexionara a Álava, Burgos perdería un territorio que, aunque pequeño, tiene valor estratégico y fiscal. Además, el concierto vasco —un sistema de financiación que desde algunos sectores se considera privilegiado— añade un componente económico no menor. Como ironizó un analista, «el día que se tire de la manta y salga lo que hay debajo del concierto vasco, más de uno se empezaría a plantear muchas cosas».
El futuro del enclave
Por ahora, el pulso sigue abierto. El PNV necesita oxígeno político frente al empuje de Bildu, y la reivindicación de Treviño es una bandera que moviliza a su base. Castilla y León, gobernada por el PP, se atrincheran en la legalidad vigente. Mientras tanto, los vecinos del condado esperan. La diferencia de renta entre Álava y Burgos ronda los 6.000 euros anuales per cápita; suficiente para que el PNV no baje el listón y suficiente para que el debate —que mezcla soberanía, economía y sentimientos— no se apague pronto.