Inmobiliaria: El PNV lanza un seguro de alquiler público destinado a zonas tensionadas

El Gobierno Vasco ha aprobado Alokaplus, un seguro público y gratuito que cubre impagos, suministros y desperfectos a los propietarios que alquilen en municipios declarados zonas tensionadas. El programa aspira a movilizar unas 25.000 viviendas vacías y entrará en vigor previsiblemente a principios de noviembre.

El Gobierno Vasco ha aprobado en Consejo de Gobierno el programa Alokaplus, un seguro público y gratuito frente a impagos y desperfectos destinado a dar garantías a los propietarios que alquilen sus viviendas en municipios de Euskadi declarados zonas tensionadas. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, lo resumió con una frase que se ha repetido en la presentación: «El objetivo es que se levanten las persianas». La idea de fondo es sencilla de contar y complicada de ejecutar: hay pisos cerrados en sitios donde la demanda aprieta, y muchos de esos pisos están cerrados por miedo. Miedo a que el inquilino deje de pagar, miedo a que destroce la casa, miedo a un juicio que dure años. La administración dice que asume ella ese riesgo para que el propietario se decida.

Qué cubre y hasta cuándo

Alokaplus cubre hasta 20 mensualidades de impago, además de los suministros que la propiedad haya adelantado y los desperfectos causados por culpa o negligencia del inquilino. La cuantía mensual cubierta no podrá superar la renta pactada en el contrato ni el límite aplicable conforme al sistema estatal de referencia del alquiler. Cuando ese sistema no pueda aplicarse, se tomará como referencia el 95% de la renta media mensual del municipio según la última EMAL, la Estadística del Mercado del Alquiler Libre.

El programa está dirigido a personas físicas propietarias con un máximo de cinco viviendas. No es obligatorio adherirse. Quien quiera hacerlo deberá firmar un documento de compromiso junto al inquilino. En él, el arrendatario acepta expresamente que, si el Gobierno Vasco abona cantidades a la propiedad por impagos, suministros o desperfectos cubiertos, deberá reembolsarlas a la administración en los términos previstos legalmente. Es decir, la deuda no desaparece: cambia de acreedor.

La partida prevista es de 250.000 euros para este año y de dos millones para los siguientes. Con ese dinero se quiere desbloquear parte de las aproximadamente 25.000 viviendas que permanecen vacías en estas zonas de alta demanda. El consejero lo planteó como una obligación de la política pública: «desanudar esos problemas, ofrecer garantías y convertir viviendas bloqueadas en hogares disponibles».

Dos formas de pedir la ayuda

El programa contempla dos vías según cuándo se presente la solicitud. La primera permite pedirla una vez terminado el proceso de recuperación de la vivienda. El propietario tiene tres meses desde que acredita haber recuperado la posesión del inmueble y debe presentar la solicitud con toda la documentación exigida. Si la resolución es favorable, se fijan la cuantía y los conceptos cubiertos, y el abono se hace en un pago único. Después, el expediente queda cerrado.

La segunda vía permite presentar la solicitud en los seis meses siguientes a la admisión a trámite de la demanda judicial para recuperar la posesión. Aquí el periodo computable va desde la fecha de admisión de la demanda hasta la presentación de la solicitud, con un máximo de seis meses. También se paga en un único abono. En esta modalidad, el arrendador puede pedir después una ampliación durante los tres meses siguientes a la recuperación de la vivienda, para acceder al resto de la cobertura, hasta el máximo de 14 o 20 mensualidades previsto. Esa ampliación genera un expediente nuevo, con su resolución y su pago.

Para los contratos ya vigentes, Alokaplus permite incorporarlos mediante la firma de un anexo. Para los nuevos, el anexo se puede adjuntar cuando se depositan el contrato y la fianza en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de Euskadi. Itxaso reconoció que ese procedimiento permitirá al departamento saber cuántos contratos se adhieren y hacer seguimiento de la implantación.

Quién paga cuando el inquilino no paga

Aquí está la parte que conviene leer dos veces. Alokaplus no borra las deudas. Cuando el Gobierno Vasco abona a la propiedad las cantidades cubiertas, es la propia administración la que reclama su devolución al inquilino conforme a la normativa recaudatoria y al régimen legal de subvenciones. El consejero fue explícito: el programa «no borra las deudas ni convierte el impago en una carga definitiva para la administración». Y añadió: «Damos seguridad a la propiedad, pero mantenemos la responsabilidad de quien incumple sus obligaciones».

Eso significa que el propietario cobra antes, pero el inquilino sigue debiendo. La diferencia es quién persigue el dinero y con qué herramientas. La administración tiene vías de recaudación que un particular no tiene, y eso puede ser una buena noticia para el casero y una mala noticia para el moroso. También significa que el programa no es un colchón para familias sin recursos, sino un adelanto de dinero público que luego se reclama.

El programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV, previsiblemente a principios de noviembre. La cobertura exige que la demanda judicial de resolución del contrato y recuperación de la vivienda por falta de pago haya sido admitida a trámite. Sin ese paso judicial, no hay ayuda.

Las dudas que quedan en el aire

Hay preguntas que el programa deja abiertas. Una es qué pasa si el inquilino es insolvente: la administración podrá reclamar, pero cobrar es otra cosa. Otra es si los propietarios aceptarán alquilar por debajo del precio que podrían pedir en el mercado libre a cambio de la cobertura. El límite del 95% de la renta media municipal actúa como techo, y en zonas tensionadas la renta media ya es alta, así que el incentivo existe, pero no es infinito.

También está la cuestión de la escala. 25.000 viviendas vacías es el universo teórico. La partida de 250.000 euros para este año no da para cubrir 20 mensualidades de 25.000 pisos ni de lejos. El programa arranca como un piloto, y su éxito o fracaso dependerá de cuántos propietarios se animen a firmar el anexo y de cuántos impagos acaben en los tribunales. La película se verá a lo largo de 2027, cuando lleguen las primeras solicitudes y las primeras resoluciones.

Mientras tanto, el debate político está servido. Unos verán en Alokaplus una forma sensata de movilizar vivienda vacía sin construir nada nuevo. Otros dirán que es dinero público para proteger al propietario y que el problema de fondo, que es el precio, sigue sin tocarse. El consejero ha llamado a la «corresponsabilidad público-privada» para afrontar lo que describe como «emergencia habitacional». La frase suena razonable y no compromete a nada. Lo que compromete son los números, y esos todavía no han empezado a correr.