El poder socialista ante los jueces (Editorial de El ABC)

La justicia avanza en dos frentes judiciales que afectan a figuras del PSOE, mientras el Gobierno critica las decisiones y se dirige al futuro jurado.

El poder socialista, tanto en su presente como en su pasado reciente, se encuentra bajo la lupa de la justicia. Por un lado, el juez Juan Carlos Peinado ha decretado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Se prevé que sea juzgada por un tribunal popular. Casi en paralelo, el juez José Luis Calama, al frente del caso Plus Ultra, ha dado un plazo de tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte documentación sobre unas joyas halladas en su despacho y ha citado a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, como investigadas.

Zapatero y las joyas: silencio y diligencias

El caso que rodea al expresidente Zapatero se caracteriza por una notable resistencia a ofrecer explicaciones públicas. El propio Zapatero anunció el pasado 17 de junio que aclararía el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en "una semana o diez días". Han transcurrido más de tres meses sin que esa explicación haya llegado. Ahora, ha sido el juez quien le ha concedido un plazo de tres días para presentar la documentación pertinente y ha ordenado una nueva pericial sobre las piezas. A esto se suma la citación de sus dos hijas como investigadas por supuestos pagos recibidos de Julio ‘Julito’ Martínez, asesor de Plus Ultra, y otros clientes, en relación con trabajos de marketing cuya naturaleza está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Si bien Zapatero tiene derecho a defenderse y recurrir las actuaciones judiciales, el silencio prolongado no sustituye a una explicación pública, especialmente cuando él mismo se comprometió a ello.

Begoña Gómez y la ofensiva gubernamental

La situación de Begoña Gómez se encuentra en una fase distinta, con la instrucción del caso ya concluida. El juez Peinado ha decidido que sea juzgada por tráfico de influencias y malversación, manteniendo ella su presunción de inocencia y sus derechos ante el tribunal. Lo que resulta preocupante, según se desprende de la situación, no es la defensa de su inocencia por parte del Gobierno, sino la reacción de este, que ha vuelto a atacar al juez instructor e incluso se ha dirigido a los futuros miembros del jurado. La Moncloa ha "condenado" la decisión judicial, calificando la instrucción de "arbitraria e injusta" y denunciando una supuesta persecución contra la esposa del presidente. La afirmación de tener "plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia" es una formulación poco habitual por parte del Ejecutivo, ya que los jurados son ciudadanos que deben ejercer su función libres de presiones políticas.

Una estrategia de deslegitimación

Esta situación no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de una estrategia recurrente de deslegitimación hacia aquellos que incomodan al Gobierno, ya sean jueces, periodistas o adversarios políticos. La crítica hacia el juez Peinado se considera especialmente censurable, sobre todo al estar el magistrado próximo a su jubilación. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó la decisión judicial como "el último servicio a la patria antes de colgar la toga", una descalificación personal que busca presentar una resolución judicial como la maniobra final de un juez con intereses políticos. Un Gobierno tiene la potestad de discrepar de las decisiones judiciales y de recurrirlas. Sin embargo, desacreditar sistemáticamente a los jueces cuando sus resoluciones afectan al círculo presidencial, y anticipar mensajes al jurado, resulta incompatible con una concepción institucional del poder.