El pp empieza a decir con la boca pequeña que les robaron las elecciones

El PP se suma a la tesis de Aznar sobre un pucherazo​

Aznar lo dijo sin anestesia: quien adultera unas primarias puede alterar unas generales. Y Feijóo, según recogió la prensa, se sumó a la tesis conspiratoria de que Sánchez podría amañar unas elecciones. La frase, lanzada en plena resaca del ciclo electoral, ha reabierto un melón que en España se daba por cerrado: la fiabilidad del sistema de recuento. No es una discusión nueva. Es la misma que llevó a impugnar resultados electorales por primera vez en 1989, cuando Aznar concurrió a las generales, según recordó el constitucionalista Javier Pérez Royo.

El detonante inmediato no fue una sentencia, sino un nombre: Leire Díaz. La designación de una militante para un puesto directivo en Correos coincidió con unas generales celebradas en julio, con el voto por correo disparado y media España de vacaciones. A partir de ahí, cada pieza encajó en el relato de la sospecha: la empresa pública Indra gestionando el escrutinio, la falta de recuento manual de actas y la sensación de que nadie quiere tocar el sistema.

Qué dijo Aznar y por qué importa​

La intervención de Aznar no fue un exabrupto aislado. Fue una secuencia: primero la duda sobre las primarias socialistas, después la extrapolación a unas generales y, finalmente, el escenario mayor. «Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor», planteó, antes de apuntar a una crisis constitucional que aboque a unas elecciones casi constituyentes. Es decir, no habló de fraude puntual, sino de estrategia de régimen.

El argumento tiene una pata vieja y otra nueva. La vieja es la querella eterna sobre el voto exterior y los municipios pequeños, donde siempre ha planeado la sombra de la manipulación. La nueva es tecnológica: si el escrutinio depende de una empresa privada y no de una verificación manual acta por acta, la desconfianza deja de ser folclore y se convierte en pregunta legítima. Hay quien sostiene que las dos situaciones —la falta de exhibición de actas en los tablones y la ausencia de recuento manual— podrían dar lugar a manipulaciones, y que quien desconfía está legitimado para hacerlo.

El precedente de 1989 y la impugnación de resultados​

Pérez Royo puso fecha al origen del problema: 1989. Antes de que Aznar concurriera a unas generales, nunca se habían impugnado resultados electorales en España. Desde entonces, la impugnación dejó de ser una anomalía y se instaló en el manual. Ese dato descoloca a quien presenta la desconfianza actual como una novedad importada. No lo es. Es una tradición con más de tres décadas.

La diferencia es el altavoz. Lo que en 1989 era un recurso ante la Junta Electoral, en el ciclo actual es un tuit, un titular y un trending topic. La sospecha se propaga más rápido que cualquier resolución judicial, y eso tiene un coste: cuando el sistema no se defiende con transparencia, la duda se convierte en moneda de cambio político.

Correos, Indra y el voto por correo: las piezas del relato​

El caso Leire Díaz funciona como gozne de todo el relato. La designación de una persona vinculada al partido en un puesto relacionado con la verificación de votos, en unas elecciones celebradas en julio, con el voto por correo disparado, es el tipo de coincidencia que alimenta teorías sin necesidad de pruebas. No hay condena firme, ni sentencia, ni resolución que acredite irregularidad alguna. Pero la acumulación de indicios —reales o percibidos— hace el trabajo que ninguna prueba haría.

A eso se suma Indra. La empresa tecnológica que gestiona el escrutinio se ha convertido en el chivo expiatorio favorito de quien no se fía del proceso. La pregunta que circula no es menor: ¿vamos a seguir dejando en manos de una empresa privada el control del recuento? La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido el silencio.

La oposición que no oposición​

Uno de los puntos más repetidos es la pasividad del PP. Durante años, cuando surgieron noticias sobre irregularidades, el partido corrió a cerrar bocas antes que a investigar. Ahora que Aznar y Feijóo agitan la bandera del pucherazo, la coherencia brilla por su ausencia. Se les acusa de querer heredar el chiringuito, no de cambiarlo. Y de paso, de debilitar el Estado de derecho al poner en entredicho el sistema electoral sin presentar pruebas.

La paradoja es que quien más ha denunciado irregularidades electorales no ha sido el PP, sino formaciones fuera del bipartidismo. Alvise denunció hace tiempo esas irregularidades y recibió el ataque de los populares. Ahora resulta que los peperos se caen del guindo. Tarde, pero se caen.

El escenario que nadie descarta​

Aznar dejó flotando la hipótesis de una legislatura hasta 2027 y una crisis constitucional que desemboque en unas elecciones casi constituyentes. Es un escenario de laboratorio, pero no imposible. La lógica es simple: cuando un gobierno se ve acorralado, puede intentar salir de la crisis creando una mayor. No es una predicción. Es una advertencia.

El problema es que ese tipo de advertencias, lanzadas sin pruebas y amplificadas por el altavoz mediático, tienen un efecto boomerang. Si el sistema electoral se convierte en objeto de duda permanente, el que pierde no es un partido: es la institución. Y sin institución, no hay resultado que valga.

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La desconfianza en el recuento ya no es patrimonio de conspiranoicos. Es una corriente que atraviesa el arco parlamentario. Con estos mimbres, lo raro no es que alguien dude. Lo raro es que alguien siga creyendo que el sistema se defiende solo. Si no se cambia la verificación, la próxima impugnación no será una excepción: será la norma.