El pucherazo que se denuncia en el 23J y el papel de INDRA
Poco después de las nueve de la noche, cerrados ya los colegios, los apoderados sacan el móvil y fotografían las actas. Ese gesto, según las denuncias que corren por internet, delata un pucherazo: los votos se contarían desde los datos que envía INDRA, sin que las juntas provinciales celebren el escrutinio que manda la ley.
Ninguna resolución judicial respalda la acusación. El relato, sin embargo, ya ha prendido. Y vuelve siempre a la misma pregunta: ¿por qué no se cuentan los votos a mano, como antes?
¿Por qué no se hace el escrutinio general?
La norma electoral obliga a practicar en cada junta provincial un recuento oficial a partir de las actas firmadas en las mesas. La denuncia sostiene que varias juntas —se menciona expresamente la de Burgos— se niegan a hacerlo y toman directamente los resultados que llegan de INDRA. Hablar de
delito electoral es la expresión que se repite, aunque
no consta ninguna condena ni resolución que lo avale.
El argumento jurídico que se cita es que la Junta Electoral Central y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha habrían recordado que los datos de INDRA no tienen carácter oficial y que el escrutinio hay que celebrarlo. Es un punto delicado de pelear en los tribunales: quien decide si una denuncia prospera es, a menudo, el mismo organismo al que se denuncia.
¿Qué hace exactamente INDRA en el recuento?
Aquí el relato choca con la mecánica del sistema. Cada funcionario de mesa introduce en la aplicación de INDRA los datos de un puñado de actas —cuatro, diez, quince— y el programa las suma para ofrecer los primeros resultados pasadas las nueve de la noche.
Los apoderados de cada partido se llevan copia firmada de esas actas y pueden cotejar lo que llega a la sede con lo que dice el papel. El presidente de mesa, se recuerda, es un ciudadano al que le ha tocado por sorteo.
La conclusión es incómoda para la tesis del fraude masivo: para que el tongo funcionara tendrían que estar compinchados a la vez los funcionarios de mesa, los vocales, los presidentes y todos los partidos. El fraude, se responde, sería más fácil y discreto donde no hay apoderado vigilando.
El voto por correo como punto débil del sistema
La hipótesis que más recorrido tiene no apunta a la pantalla, sino al sobre. Hay quien sostiene que la masa de votos fraudulentos viaja como
voto por correo de quienes figuran en el censo CERA y no votan presencialmente, y que el elector CERA no puede ejercer ese voto en persona en España. Los abstencionistas serían la clave: nadie comprueba que su identidad no se haya usado para votar.
Sobre esa base se afirma que el algoritmo «ajusta» y reparte votos hasta dejar el mapa en el resultado final. Es una teoría sin prueba aportada. Lo que sí se subraya como anomalía es el reparto del voto postal: un 17% de diferencia entre bloques, con el bloque que pierde obteniendo más porcentaje de voto por correo que de voto presencial, algo que, se dice, no había ocurrido nunca.
Comprar medio millón de votos cuesta 100 millones
El cálculo que más incomoda a la tesis del fraude lo pone la aritmética. En las redes desarticuladas en Mojácar o Melilla, el precio que se manejaba por voto estaba entre 100 y 200 euros. Para mover medio millón de votos harían falta, en negro, entre 50 y 100 millones de euros. Y, con una tasa de éxito del 50%, contactar a un millón de personas.
Nadie ha demostrado que exista esa red a escala nacional. El fraude documentado en España, recuerdan los más escépticos, es el municipal: se compran votos en cantidades pequeñas porque hacen falta pocos para decidir un concejal. Saltar de ahí a robar escaños en unas generales es, por ahora, un salto sin puente.
Por qué callan los partidos que dicen haber sido robados
El otro frente es político. Si el pucherazo fuera real, la primera interesada en denunciarlo sería la oposición. Y las críticas apuntan justo ahí: que PP y VOX no se hayan sumado a las denuncias que llevan años presentando plataformas como
Elecciones Transparentes. Hay quien lee ese silencio como complicidad; hay quien lo interpreta, simplemente, como falta de pruebas.
En el tono más amargo aparece la comparación de España con Venezuela. Y una sospecha lateral: que cada vez menos conocidos salgan elegidos para presidir una mesa, como si el sorteo no fuera del todo aleatorio. Tampoco eso tiene comprobación.
Hay un dato que descoloca a propios y extraños y que nadie ha explicado del todo:
el bloque perdedor obtuvo más porcentaje en el voto por correo que en las urnas. Con esa pieza sobre la mesa, el debate sobre si el sistema está roto o solo mal contado seguirá abierto hasta que alguien cuente los votos, otra vez, a mano.