El PP tiene una gran oportunidad de demostrar si es capaz de oponerse a los excesos feministas del gobierno.

El proyecto de ley contra la violencia vicaria aprobado por el Gobierno suspende la custodia y las visitas cuando exista un procedimiento en curso o indicios de violencia, sin esperar condena. El texto pasa ahora al trámite parlamentario, donde el PP tendrá que decidir si lo respalda.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de julio de 2026 el proyecto de ley contra la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los hijos para dañar a la madre. El texto incluye una medida que ha encendido el debate: la suspensión de la guardia y custodia y del régimen de visitas cuando haya en curso un procedimiento por violencia de género o vicaria, o cuando existan indicios racionales de que esa violencia se está produciendo en la familia.

Qué cambia en la custodia y las visitas

La norma no exige una condena firme. Basta con que haya un procedimiento abierto o indicios para que el juez pueda suspender el contacto con los hijos. Es el punto que más discusión genera: hay quien sostiene que esto vacía de contenido la presunción de inocencia, porque una denuncia sin sentencia ya produce un efecto inmediato sobre la relación paterno-filial.

La crítica que circula es que, si finalmente hay absolución, nada impide una nueva denuncia y volver a suspender las visitas. No es una interpretación jurídica consolidada, sino un temor expresado en el debate público. El texto remite a la autoridad judicial para valorar cada caso.

El trámite parlamentario y el papel del PP

El Ejecutivo confía en que el amplio acuerdo social que respalda estas medidas se traduzca en un procedimiento legislativo rápido. La intención declarada es que la ley esté aprobada dentro de esta legislatura. Eso pasa por el Congreso y el Senado, donde el PP tiene mayoría suficiente para condicionar o bloquear el texto si decide votar en contra.

Ahí está la pregunta política del momento. El partido de la oposición se enfrenta a un dilema: apoyar una norma que parte de su electorado rechaza por considerar que criminaliza a los hombres, o votar en contra y asumir el coste de oponerse a una ley contra la violencia vicaria. No hay una tercera vía cómoda.

Un contexto de desgaste para la derecha

La discusión no ocurre en el vacío. La ultraderecha lleva tiempo pescando en el malestar de votantes conservadores que consideran que el PP no planta cara a lo que llaman excesos feministas del Gobierno. Cada vez que el PP vota a favor de una norma de este tipo, pierde argumentos ante ese electorado, que ve confirmada su tesis de que la derecha tradicional es incapaz de oponerse.

El proyecto de ley, por tanto, no es solo una medida de protección. Es una prueba política para el PP, que tendrá que decidir si prioriza el consenso contra la violencia vicaria o el pulso con su flanco derecho. La respuesta llegará en el trámite parlamentario.

Claves

- El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley contra la violencia vicaria el 14 de julio de 2026.

- La norma suspende la custodia y las visitas con procedimiento en curso o indicios de violencia, sin exigir condena.

- El Gobierno quiere aprobar la ley dentro de esta legislatura y confía en un trámite rápido.

- El PP aún no ha definido su voto y afronta el coste de apoyar o rechazar el texto.

- La ultraderecha usa el malestar de votantes conservadores ante las leyes feministas del Gobierno.

ENTIDADES: Consejo de Ministros, Gobierno de España, PP, Congreso de los Diputados, Senado, violencia vicaria, violencia de género