La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos en Economía, no fue un ajuste técnico: fue el diseño deliberado de un mercado favorable al capital especulativo. Doce años después, el PP sigue defendiendo ese modelo.
Esa «abolición de barreras» tuvo nombre y apellidos: los fondos de inversión y las SOCIMI, sociedades que tributan al 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Con contratos más cortos, rentas desreguladas y ventajas fiscales, España se convirtió en el mercado más rentable de Europa para el capital inmobiliario.
Las cifras lo confirman. En Madrid, el precio del alquiler ha subido un 70% en diez años, mientras los fondos buitre compran edificios «a tocateja» en barrios como Lavapiés o el centro. En Donostia, el fondo Azora adquirió 300 viviendas y subió los alquileres entre un 30% y un 50%.
En abril de 2024, el PP articuló un frente institucional para «retirar» el índice de precios de alquileres, con mociones en parlamentos y ayuntamientos. Su tesis: el mercado se regula solo; intervenir «estrangula la oferta».
El hermano de Cárdenas es director comercial de Universal Support, filial de Konecta, que ha recibido contratos de la Xunta registrados como menores superando el límite legal. La hermana de Feijóo es directora para el noroeste de Eulen, adjudicataria de más de 52 millones en contratos públicos gallegos.
No es una acusación de ilegalidad: es un patrón. El PP defiende a los rentistas porque tiene rentistas en casa. Y mientras tanto, la vivienda sigue dejando de ser un derecho para convertirse, definitivamente, en un negocio.
La reforma que lo cambió todo
La Ley 4/2013, presentada como «flexibilización y fomento del mercado del alquiler», redujo de cinco a tres años la prórroga obligatoria de los contratos y eliminó la vinculación de las rentas al IPC. El entonces portavoz popular Teodoro García Egea lo expresó sin ambigüedades: «Hay que abolir toda barrera artificial que dificulte las leyes de mercado». El Estado, añadió, «tiene que limitarse a mantener el orden».Esa «abolición de barreras» tuvo nombre y apellidos: los fondos de inversión y las SOCIMI, sociedades que tributan al 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Con contratos más cortos, rentas desreguladas y ventajas fiscales, España se convirtió en el mercado más rentable de Europa para el capital inmobiliario.
El argumento del 11%
El PP repite que los fondos solo poseen en torno al 11% del parque de alquiler y que, por tanto, su impacto es limitado. Es un argumento falaz por omisión. Cuando un fondo adquiere un edificio completo y fija precios de referencia en una zona, el resto del mercado se alinea al alza. La especulación con un bien de primera necesidad no necesita poseer la mayoría del stock: basta con marcar el techo.Las cifras lo confirman. En Madrid, el precio del alquiler ha subido un 70% en diez años, mientras los fondos buitre compran edificios «a tocateja» en barrios como Lavapiés o el centro. En Donostia, el fondo Azora adquirió 300 viviendas y subió los alquileres entre un 30% y un 50%.
La defensa parlamentaria del modelo
El PP no solo abrió el mercado: lo defiende activamente. Se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda de 2023 en todas las comunidades donde gobierna, ha presentado cinco recursos de inconstitucionalidad contra ella y su responsable de Vivienda, Paloma Martín, califica el control de precios de «quitarse la vida inmobiliario». Ninguna comunidad del PP ha declarado zonas tensionadas.En abril de 2024, el PP articuló un frente institucional para «retirar» el índice de precios de alquileres, con mociones en parlamentos y ayuntamientos. Su tesis: el mercado se regula solo; intervenir «estrangula la oferta».
Los intereses en casa
¿Por qué ese empeño? La respuesta puede estar en el propio entorno del líder popular. La empresa de su mujer, Eva Cárdenas, Niebla Azul, se dedica al arrendamiento de inmuebles. Fundada en 2019 con 3.000 euros de capital, acumuló 778.000 euros en menos de un año y posee propiedades en A Coruña y Oleiros. La pareja suma al menos once inmuebles valorados en más de 20 millones de euros.El hermano de Cárdenas es director comercial de Universal Support, filial de Konecta, que ha recibido contratos de la Xunta registrados como menores superando el límite legal. La hermana de Feijóo es directora para el noroeste de Eulen, adjudicataria de más de 52 millones en contratos públicos gallegos.
No es una acusación de ilegalidad: es un patrón. El PP defiende a los rentistas porque tiene rentistas en casa. Y mientras tanto, la vivienda sigue dejando de ser un derecho para convertirse, definitivamente, en un negocio.
