El prófugo exige la rendición total del estado español

El independentismo condiciona la investidura a la amnistía y el referéndum​

El independentismo no ha venido a negociar: ha venido a cobrar. La investidura de Pedro Sánchez queda atada a una lista de exigencias que, según un participante del debate, incluye la amnistía para los encausados por el proceso independentista, la declaración de constitucionalidad del referéndum del 1 de octubre y una reforma del CNI que permita revisar las actuaciones de quienes investigaron el proceso. No es una negociación al uso: es un pliego de condiciones.

La discusión no se centra tanto en el qué como en el cuánto. Hay quien sostiene que el independentismo pide el máximo porque sabe que Sánchez está dispuesto a darlo, y quien responde que el independentismo ya se ha rendido y que todo esto es teatro. Las dos cosas no pueden ser verdad a la vez, pero en política española la contradicción es un género literario.

¿Qué exige exactamente el independentismo para investir a Sánchez?​

El paquete de condiciones que se maneja en la discusión pública incluye tres bloques. El primero es la amnistía para los encausados por el proceso independentista, que el independentismo plantea como paso previo e irrenunciable. El segundo es la declaración de constitucionalidad del referéndum del 1 de octubre, una fórmula que permitiría reconocer la legalidad de la consulta sin reformar la Constitución. El tercero es una reforma del CNI que abriría la puerta a revisar las actuaciones de los agentes y magistrados que investigaron el proceso.

El tercer punto es el que menos se discute y el que más consecuencias tiene. No se trata solo de amnistiar a los encausados: se trata de revisar a los que investigaron. Eso, en cualquier democracia consolidada, se llama revisión de la actuación del Estado, y no es una figura menor.

El argumento de que el independentismo ya se ha rendido​

Frente al relato de la rendición total del Estado, hay una corriente que sostiene lo contrario: que el independentismo ha reculado. El argumento es que el independentismo anunció solemnemente que facilitaría la investidura de Sánchez y que eso, visto con distancia, es una rendición. La derecha independentista, según esta lectura, habría recogido cable.

El problema de ese argumento es que confunde facilitar la investidura con renunciar a las condiciones. Facilitar la investidura es el medio; las condiciones son el fin. Y el fin, según el material disponible, no se ha movido un milímetro.

¿Puede Sánchez investir sin aceptar el referéndum?​

No. Para convocar un referéndum vinculante haría falta reformar la Constitución, y eso no puede hacerlo el Gobierno en solitario: necesitaría el apoyo de todos los partidos, incluido el PP. Ese es el límite técnico que se repite en la discusión. Otra cosa es que el independentismo pida la declaración de constitucionalidad del referéndum del 1-O, que es una fórmula distinta y que no requiere reforma constitucional.

Ahí está el nudo. El independentismo pide el máximo porque sabe que Sánchez está dispuesto a dar el máximo, y Sánchez no puede dar el máximo sin reformar la Constitución. La pregunta es qué pasa cuando el que pide el máximo se topa con un límite que no depende de la voluntad del que concede.

El coste económico de la amnistía y el cupo​

En el trasfondo de la negociación hay una cuestión económica que se menciona de pasada pero que es la que más afecta al contribuyente: el cupo. Hay quien sostiene que el cupo vasco es aceptable pero que los catalanes quieren lo mismo, y que eso rompe la igualdad entre territorios. El argumento contrario es que el cupo ya existe y que la asimetría territorial no es una novedad.

Lo que no se discute es el coste político. Una amnistía que no se somete a referéndum, un CNI que se reforma para revisar a los que investigaron y un cupo que se extiende: cada una de esas piezas tiene un precio electoral que se cobrará en las siguientes elecciones.

La división en el independentismo y el papel del PSC​

Hay una lectura que apunta a que el independentismo no es un bloque monolítico y que el PSC tiene un papel clave. Según esa lectura, Sánchez sería el muñeco de los catalanes desde el primer minuto, y el PSC sería el que maneja los hilos dentro del PSOE. Es una tesis que se repite con insistencia y que, como todas las tesis conspirativas, tiene la ventaja de no poder refutarse.

Lo que sí es verificable es que sin los votos del PSC, ERC y Junts es imposible que los socialistas gobiernen en España. Eso no es una opinión: es aritmética parlamentaria.

Qué pasa si no hay acuerdo​

La hipótesis de la repetición electoral planea sobre toda la negociación. Si el independentismo mantiene el pulso y Sánchez no puede ceder más allá del límite constitucional, el escenario es una nueva convocatoria electoral. Y ahí el cálculo cambia: el independentismo sabe que una repetición electoral no le garantiza mejores condiciones, y Sánchez sabe que una repetición electoral no le garantiza seguir en el poder.

La predicción con reservas es que habrá acuerdo, pero no en los términos que el independentismo ha puesto sobre la mesa. La amnistía es probable; la declaración de constitucionalidad del 1-O es improbable; la reforma del CNI es la pieza que puede descarrilar todo. Y si descarrila, no será por falta de voluntad política, sino por exceso de exigencias.