El PSOE estaria planeando explotar varias presas de gran tamaño para asesinar a decenas de miles de españoles

Teoría sin pruebas sobre el PSOE y las presas​

¿Estaría el Gobierno dispuesto a reventar presas para provocar una catástrofe y perpetuarse en el poder? La pregunta, que suena a guion de serie distópica, circula con insistencia en los mentideros digitales españoles desde hace meses. El detonante es una combinación de factores: el estado real de las infraestructuras hidráulicas, la coincidencia de episodios de inundaciones severas y una serie de decisiones normativas que, según los críticos, habrían priorizado la conservación ambiental sobre el mantenimiento de las obras de defensa. Sobre ese caldo de cultivo, la sospecha se ha ido agrandando hasta convertirse en una de las teorías más repetidas del momento: la idea de que el Ejecutivo no solo es negligente, sino que actúa con intención.

El núcleo del asunto no es tanto la acusación explícita —de difícil encaje legal y probatorio— como el clima que la hace verosímil para una parte creciente de la población. Los mensajes que alimentan la bola van desde el análisis técnico hasta la especulación más desatada, pasando por la simple indignación. Hay quien recuerda que las confederaciones hidrográficas llevan décadas recaudando cánones sin invertir lo suficiente; hay quien sostiene que el deterioro es deliberado para forzar un escenario de emergencia que justifique medidas excepcionales. Y hay, sobre todo, una sensación difusa de que nada de lo que ocurre es casual.

El estado de las presas: informes que alertan​

El punto de partida objetivo es el diagnóstico técnico. Las asociaciones de ingenieros han denunciado en repetidas ocasiones el grave deterioro de las presas españolas, con calificativos que no admiten mucha interpretación: la situación es aberrante, según las voces profesionales citadas. Ese diagnóstico no es nuevo, pero se ha vuelto más ruidoso a medida que se suceden los episodios de inundaciones y las evacuaciones preventivas. La coincidencia entre el aviso técnico y la catástrofe real es lo que ha disparado todas las alarmas.

A partir de ahí, la discusión se bifurca. Una corriente sostiene que el problema es de mantenimiento puro y duro: si a un coche no se le hace el mantenimiento, se rompe; con las presas pasa lo mismo. Otra va más allá y apunta a una dejación deliberada. El argumento que más circula es que las confederaciones hidrográficas llevan décadas recaudando —cánones de agua de riego, entre otros— sin ejecutar las obras necesarias. La novedad, según esta lectura, es que ahora se buscaría además destruir infraestructuras a propósito.

El decreto de 2023 y la gestión del dominio público hidráulico​

En el centro de las críticas normativas aparece el decreto 665/2023, de 18 de julio, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez reguló el Dominio Público Hidráulico. El texto, según quienes lo impugnan, se centra en un enfoque de mínima intervención en ríos y ramblas, priorizando la conservación ambiental, la continuidad fluvial y las soluciones basadas en la naturaleza frente a las actuaciones hidráulicas tradicionales. Para los críticos, ese giro ideológico habría dejado a España sin defensas suficientes ante episodios de lluvia extrema.

La acusación de fondo es más grave: que ese marco normativo no es un error, sino una pieza de un plan. La teoría sostiene que el Ejecutivo necesitaría un evento catastrófico para justificar medidas excepcionales —estado de excepción, suspensión de elecciones, incluso un escenario de confrontación— y que las presas serían el instrumento. No hay pruebas de ello, y quienes lo defienden lo presentan como sospecha o como escenario probable, no como hecho consumado. Pero la sospecha ya tiene vida propia.

De la negligencia a la conspiración: cómo se construye la sospecha​

El salto de la crítica técnica a la teoría conspirativa se produce en varios pasos. Primero, la constatación de que las infraestructuras están mal. Segundo, la evidencia de que ha habido episodios graves —inundaciones, evacuaciones, cortes de suministro— sin que se hayan depurado responsabilidades. Tercero, la percepción de que el Gobierno actúa con impunidad y sin freno. Y cuarto, la conclusión, ya sin pruebas, de que todo obedece a un plan.

En ese terreno, las hipótesis se multiplican. Hay quien sostiene que se está preparando el terreno para una repetición de lo ocurrido en Valencia, o que el apagón y el corte de internet fueron ensayos. Hay quien apunta a un interés económico: reventar presas para vaciarlas rápido sin usar los generadores y que la fotovoltaica pueda vender su energía. Hay quien cree que los pantanos llenos son una afrenta al discurso oficial sobre la sequía y que hay que vaciarlos. Y hay quien, simplemente, no descarta nada.

El calendario electoral y la sospecha de perpetuación​

Una de las derivadas más repetidas es la electoral. La idea de que el presidente podría intentar quedarse más allá de su mandato tiene un argumento jurídico que circula con insistencia: la posibilidad de contar el plazo desde la investidura y no desde las elecciones, lo que llevaría el límite hasta noviembre de 2027. Sobre esa base, se especula con que cualquier evento catastrófico —una confrontación civil, una guerra, una presa reventada— podría servir para posponer la cita con las urnas.

No hay confirmación oficial de nada de esto, y la propia naturaleza de la acusación la sitúa en el terreno de la especulación. Pero el hecho de que se plantee abiertamente, y de que tenga eco, dice mucho del nivel de desconfianza. La pregunta que sobrevuela no es ya si el Gobierno es incompetente, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar.

---

Al final, la teoría de las presas reventadas funciona como síntoma más que como diagnóstico. Nadie ha presentado una prueba, nadie ha sido imputado por ello, y sin embargo la sospecha se ha instalado con la naturalidad de un hecho probado. Quizá porque, en un país donde las infraestructuras se caen y las responsabilidades se diluyen, lo más increíble no es la conspiración. Lo más increíble es que alguien crea que hace falta una.