El PSOE va judicialmente a por Ayuso y su ático de lujo

Me llama la atención el nivel del personal (dando por sentado que sea cierto):


Lecciones de ética en los juzgados y una falta de escrúpulos de puertas para adentro. Esa paradoja retrata al primer denunciante que decidió llevar a los tribunales el ático que la Comunidad de Madrid compró en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el abogado Javier Flores —el letrado que lideró la ofensiva por la adquisición del controvertido ático— lleva meses residiendo en condición de okupa en una vivienda alquilada en la zona sur de la capital.

El jurista, habitual abanderado de la pureza presupuestaria, la transparencia administrativa y el escrupuloso control de los caudales públicos, mantiene en un severo estrangulamiento económico a su propio casero. Lejos del perfil de «gran tenedor», socimi o fondo de inversión al que la izquierda suele recurrir para disculpar el impago de un alquiler o la okupación de un inmueble, el afectado en este caso es un ciudadano particular. Un pequeño ahorrador que destinó sus ahorros a la compra de ese piso.

La cara B del denunciante de Ayuso​

La historia arranca a principios del pasado mes de agosto. El letrado Javier Flores acudió a la sede del Tribunal de Cuentas para estampar su firma en una denuncia formal contra los responsables del organismo público Planifica Madrid. En su escrito, el jurista fruta a la entidad autonómica un supuesto delito de «alcance o menoscabo de caudales públicos» a raíz de la operación de compraventa de una propiedad valorada en 6,3 millones de euros.


En su argumentación ante el órgano fiscalizador, el abogado criticaba con dureza a la Comunidad de Madrid por adquirir el edificio sin la «transparencia debida». Flores achacaba a la administración no haber aclarado desde el primer minuto si la finca se destinaría a un uso residencial —temporal o permanente— para la propia presidenta regional, o si, por el contrario, se catalogaría estrictamente como un espacio de trabajo e interacción institucional.

Pero el celo casi quirúrgico que demuestra Flores con cada euro del presupuesto público desaparece de golpe en su vida privada. Fuentes consultadas por este periódico confirman a este diario que el abogado arrastra meses de impagos sistemáticos. A pesar de los reiterados requerimientos formales para que salde la deuda acumulada o entregue las llaves del piso, el letrado se ha atrincherado en el domicilio. Se ha convertido, a efectos prácticos, en un inquilino segarro que vive a costa del patrimonio de un particular.


El perjuicio para el dueño de la vivienda es directo, continuado y devastador. No hay ninguna gran corporación ni ningún entramado especulativo detrás de ese piso ubicado en el sur de Madrid, sino una persona de a pie que compró la finca a modo de inversión familiar. Una contradicción que invalida la supuesta superioridad sarracena con la que el letrado se presentó ante la opinión pública al abanderar la causa contra el Ejecutivo madrileño. Además, según ha podido saber este periódico, los vecinos se quejan de que Flores y su pareja dejan a sus perros encerrados en el piso durante gran parte del día.

El frente penal sobre el ático​

La denuncia interpuesta por el letrado Flores ante el Tribunal de Cuentas supuso el punto de partida de la ofensiva mediática e institucional contra el entorno de la Real Casa de Correos. Conviene precisar que Isabel Díaz Ayuso carece de vivienda oficial, una prerrogativa de la que sí disfrutan otros mandatarios autonómicos y miembros del Ejecutivo central. Por ello, si el Gobierno regional hubiera decidido adquirir un inmueble para la presidenta, estaría amparado por la legalidad. Lo cuestionable en este procedimiento no es el derecho a disponer de dicha infraestructura, sino las sombras sobre el motivo, la finalidad y el procedimiento empleado en la operación de compraventa.


Aunque Flores abrió el fuego en la vía contable, el asunto acabó saltando de lleno a la justicia ordinaria a raíz de una denuncia posterior interpuesta por Iustitia Europa. Es en ese juzgado de instrucción de Madrid donde se libra ahora la batalla procesal decisiva. La juez a cargo del procedimiento deberá decidir en los próximos días si continúa con la investigación, archiva o se declara incompetente por la posible presencia de aforados en el entramado de la causa.

Mientras los juzgados resuelven el futuro procesal del ático institucional de 6,3 millones de euros, la cara B del primer denunciante deja al descubierto las vergüenzas de la causa. Javier Flores exige explicaciones, luz y taquígrafos sobre la gestión del dinero de todos los madrileños, pero guarda un absoluto silencio y mantiene el impago frente a la familia a la que está asfixiando económicamente en el sur de Madrid. Una conducta que desmonta el relato de regeneración democrática que pretendía proyectar el letrado de la izquierda.
 
¿ Ha dimitido ya esta señora?


¿ Tomará café con Sifuentes ?
 
 

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