El ocaso del banco malo: 274 empleados contra la puerta de salida
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el conocido como banco malo, encara su liquidación definitiva. Con ella, llega el momento de ajustar cuentas con sus 274 trabajadores, que han iniciado una batalla judicial para evitar ser despedidos sin recolocación. El argumento: que echarlos a la calle es un derroche de recursos públicos, tras años gestionando los activos tóxicos heredados de la crisis financiera.
Poco después de que se anunciara el fin de la entidad, los empleados comenzaron a moverse para lograr un aterrizaje en otros organismos públicos. La controversia era previsible: desde su creación, el SAREB tenía fecha de caducidad y sus trabajadores lo sabían. Sin embargo, la promesa política de que no costaría ni un euro al contribuyente choca ahora con las indemnizaciones y posibles recolocaciones que se negocian en los tribunales.
Una herencia tóxica para las arcas públicas
El debate sobre el coste real del SAREB resurge con fuerza. Cuando se creó en 2012, se aseguró que sería autosuficiente y que no requeriría dinero público. Pero la realidad ha sido tozuda: los activos inmobiliarios se han vendido con lentitud y pérdidas. Ahora, con el cierre, los 274 empleados reclaman ser absorbidos por la Administración, lo que ha desatado las críticas de quienes ven en ello un nuevo chiringuito.
Algunos sostienen que estos trabajadores fueron contratados para una tarea temporal y que deben asumir las consecuencias. Otros señalan que, si el Estado mantiene un banco malo durante una década, es lógico que sus empleados no acaben en la calle sin más. La justicia tendrá la última palabra, pero el contribuyente ya teme que la factura final sea más salada de lo prometido.
El dilema de los activos: ¿y ahora qué?
Mientras los trabajadores negocian su futuro, el verdadero problema sigue siendo el inmenso stock de inmuebles y créditos morosos que aún posee el SAREB. Con la liquidación, esos activos deberán ser traspasados a otra entidad, lo que ha llevado a plantear incluso la creación de un nuevo banco malo para gestionarlos. Una ironía que no escapa a nadie: cerrar el SAREB para abrir otro.
De fondo, la pregunta que nunca se responde del todo: ¿cuánto le ha costado realmente al contribuyente la limpieza del sistema financiero español? Las cifras oficiales maquillan los números, pero los datos apuntan a que el desembolso final será muy superior al previsto. Y los 274 trabajadores son solo la punta del iceberg de un legado que sigue pesando.