Horizonte y el caso Aldama: la corrupción que salpica al PSOE
¿Es el caso Aldama la puntilla definitiva para el Gobierno de Pedro Sánchez o solo otro capítulo de un serial que nunca termina? La emisión de
Horizonte dedicada a la trama de corrupción que rodea al comisionista Víctor de Aldama ha reavivado el debate sobre hasta dónde alcanza la responsabilidad del Ejecutivo en el entramado de contratos públicos, comisiones y mediaciones que salpican a Begoña Gómez, esposa del presidente, y a antiguos cargos socialistas como José Ábalos y Koldo García. Hay quien sostiene que el entramado multiplica por cien la corrupción del caso Bárcenas que se llevó por delante al Gobierno de Mariano Rajoy. La pregunta no es ya si hay corrupción, sino cuánto tarda en caer el Ejecutivo.
El caso Aldama: de comisionista a testigo clave
Víctor de Aldama compareció ante el juez y salió en libertad con medidas cautelares tras señalar directamente a Pedro Sánchez, José Ábalos y Begoña Gómez. Según las informaciones que circulan, Aldama habría organizado una montería en Ciudad Real en febrero de 2023 para agasajar a los agregados del FBI y la CIA en España a petición de la
Guardia Civil, y habría recibido la Medalla al Mérito por «solucionar apartados» que el Instituto Armado «no puede solucionar solo». Ese detalle, que en principio parece anecdótico, dibuja una relación opaca entre el comisionista y las instituciones del Estado que muchos analistas consideran la punta del iceberg.
La trama se extiende a nombres como Koldo García, exasesor de Ábalos, y a la propia Begoña Gómez, cuya actividad profesional ha sido cuestionada por su presunta vinculación con contratos públicos adjudicados a empresas que también habrían pagado comisiones a Aldama. Los datos disponibles apuntan a una red que habría operado durante años con la connivencia o al menos el conocimiento de altos cargos del PSOE y del Ministerio del Interior.
La respuesta del Gobierno y el silencio de los medios
Mientras el caso avanza, el Gobierno niega todo en bloque. La estrategia oficial pasa por desviar la atención hacia otros asuntos, como la polémica entre Broncano y Pablo Motos, que según algunos análisis habría sido diseñada para que nadie mire a lo de Aldama. Esa técnica de distracción mediática es habitual en momentos de máxima presión política, pero esta vez el volumen de información que sale a la luz cada semana hace difícil sostener el relato oficial.
La periodista Bea Talegón, presente en el programa, ha insinuado que existió una información deliberadamente falsa o confusa sobre el número de muertos en el parking de Bonaire, difundida a varios medios, con el fin de desprestigiar a quienes estaban dando información veraz. Según esta versión, un guardia civil habría insistido a los equipos de prensa en una cifra concreta que luego resultó no coincidir con la realidad. Esa maniobra, si se confirma, formaría parte de una estrategia más amplia de intoxicación desde el poder.
La corrupción del PSOE frente al caso Bárcenas
La comparación con el caso Bárcenas es inevitable. Aquella trama de sobresueldos en el PP acabó con Mariano Rajoy fuera de la Moncloa y con Luis Bárcenas en prisión. Ahora, los nombres que aparecen en el caso Aldama son muchos más y de mayor calado: Aldama, Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, el propio presidente, Koldo, Ábalos, Delcy Rodríguez, María José Montero, Óscar Puente, Santos Cerdán y Marlaska. La lista es larga y variada, y toca tanto el ámbito económico como el institucional.
Uno de los episodios más llamativos es el del guardaespaldas personal de Marlaska, que según las informaciones habría utilizado un coche oficial para escoltar 368 kilos de cocaína hasta Sevilla. No se sabe cuántos kilos se transportaron en meses anteriores, pero el hecho de que un miembro de la seguridad del ministro del Interior esté implicado en una operación de narcotráfico de esa magnitud da una idea de la profundidad del problema. A ello se suma el caso del inspector de policía de blanqueo de capitales que tenía 20 millones de euros en su casa.
¿Por qué no hay moción de censura?
La pregunta que muchos se hacen es por qué no se ha presentado una moción de censura contra el Gobierno si la corrupción es de tal magnitud. La respuesta apunta a los partidos catalanes y vascos, a los que se acusa de mirar hacia otro lado porque lo único que buscan es llenarse los bolsillos y mantener sus cuotas de poder. Esa falta de alternativa parlamentaria deja al Ejecutivo en una posición de debilidad pero también de impunidad, al menos hasta que la justicia dicte sentencia.
Mientras tanto, la sociedad civil observa con incredulidad cómo se suceden las revelaciones sin que haya consecuencias políticas inmediatas. La sensación de que la impunidad se ha instalado en las instituciones es cada vez más extendida, y eso alimenta el descontento hacia la clase política en general.
Con estos mimbres, la caída del Gobierno parece cuestión de tiempo. O no. Porque en este país hemos aprendido que la corrupción no siempre tumba a quien debería, y que a veces el olvido es el mejor aliado de los que roban.