Inmobiliaria: En el bloque se han metido a vivir seis tíos de Mali

Quién paga el piso de lujo donde viven seis hombres de Malí​

Un piso reformado hasta el último detalle —puertas, aislamiento, cañerías, baños, cocina y hasta domótica— para que acaben viviendo dentro seis hombres llegados de Malí. El escenario es un bloque de Granada, y quien lo describe es un vecino de la misma planta: la vivienda quedó vacía al fallecer su propietaria, una señora mayor, y pasó años sin cartel de venta ni de alquiler. La obra arrancó en abril y se prolongó hasta hace dos o tres semanas.

El administrador de la finca confirmó que los nuevos residentes están allí legalmente y que son seis, sin dar un dato más. Ahí se acaba la anécdota de portal y empieza la pregunta incómoda: quién sostiene un alquiler social de lujo que nadie ha firmado a la vista.

El alquiler social que firman las administraciones y acaba pagando el contribuyente​

El mecanismo que, según la hipótesis que manejan varios participantes del hilo, cuadra con lo descrito no es ningún arcano. Son los convenios por los que un propietario cede su piso a la bolsa de alquiler social de un ayuntamiento o una diputación a cambio de una renta garantizada y, de paso, descuentos del IBI que pueden llegar al 90%, además de la gestión completa del inmueble. El atractivo para el dueño es evidente: cobra sin sobresaltos y no se ocupa de nada. La renta pactada suele quedar por debajo de mercado, pero la seguridad de pago compensa.

El problema llega al rellano. La administración destina después esos pisos a colectivos en riesgo de exclusión, y de ahí salen los roces: ruido, rotación de ocupantes y portales que envejecen mal. Chiringuito es la palabra que más se repite para describir a algunas entidades del tercer sector que actúan como intermediarias. No hay, en este caso concreto, un solo documento público que confirme quién paga ni cuánto.

Las cifras que circulan: de 400 a 4.000 euros por inquilino​

Conviene separar lo que se sabe de lo que se calcula. Confirmado, solo que son seis personas en un piso de tres habitaciones, dos de ellas pequeñas. Lo demás son estimaciones que se cruzan. Un arrendador asegura haber cobrado 400 euros por persona de la administración autonómica, con cuatro o cinco inquilinos rotando cada pocos meses y una ayuda recurrente para pintar y reponer enseres. En el extremo opuesto, hay quien habla de 3.500 a 4.000 euros por inquilino en programas de acogida derivados por entidades.

También aparecen ofertas de asociaciones que se comprometen a abonar 800 euros de renta directamente al casero, por encima a veces de lo que pagaría un particular. Ninguna de esas cantidades procede de un contrato a la vista. Son cifras de mercado y de experiencia, no contabilidad oficial, y como tales hay que leerlas.

¿Qué le pasa al valor del piso y a la convivencia del bloque?​

El coste no lo paga solo el propietario que alquila. Hay quien sostiene que lo pagan los vecinos. La llegada de una vivienda tutelada o derivada a un edificio se traduciría, según esa visión, en una caída del valor de mercado del resto de pisos, que algunos tasan entre 30.000 y 50.000 euros menos si el inmueble se degrada. El que quisiera vender para mudarse llegaría tarde, y el perfil de riesgo se resume en un patrón que empieza a circular en el hilo: bloques con vecinos mayores, sin hijos, y pisos heredados que nadie reclama.

La formación como negocio paralelo: la Escuela de Oficios SAMU​

Junto al alquiler aparece otra pata que varios participantes relacionan con el mismo modelo. La Escuela de Oficios SAMU ha puesto en marcha un programa formativo para menores en paro, con cursos de cuatro meses en oficios como albañilería, jardinería, soldadura, hostelería o apoyo a personas con discapacidad, y prácticas en empresa incluidas. El objetivo declarado es la inserción laboral; el dinero, según las informaciones disponibles, es público.

La duda razonable que plantean los foreros es con qué encaje jurídico opera la entidad y de dónde sale su presupuesto. Cuatro meses de formación son menos que cualquier ciclo de FP, y la etiqueta de menor se aplica a veces a personas con más años que sus propios monitores. Sobrevolando todo, la sospecha de que el negocio está más en la subvención que en el empleo final.

Hay quien resume el asunto con una frase: que sin llegada de población extranjera hoy sobrarían viviendas en España.