En vivienda, el desahuciado es el Gobierno (Editorial de El ABC)

La política de vivienda del Gobierno español, centrada en la intervención y la regulación, no ha logrado aumentar la oferta y está provocando un encarecimiento del mercado, lo que genera un problema que el propio Ejecutivo no puede resolver.

La crisis de vivienda en España ha alcanzado un punto crítico, y las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez parecen haber dado la espalda a sus propios objetivos. La situación, lejos de mejorar, se ha complicado, dejando al Ejecutivo en una posición delicada, casi como si fuera él mismo el desahuciado de su propia estrategia.

La oferta se estanca, la demanda crece

Desde que Sánchez llegó a la presidencia en julio de 2018, España ha experimentado un notable aumento demográfico, sumando casi 3,1 millones de habitantes hasta alcanzar los 49,8 millones en julio de 2026. Sin embargo, la construcción de nuevas viviendas no ha seguido este ritmo. El año pasado, por ejemplo, se crearon alrededor de 240.000 hogares, pero solo se finalizaron unas 92.000 viviendas. El Banco de España estima un déficit acumulado de unas 755.000 viviendas desde 2021, cifra que podría superar el millón en 2028. Esta brecha entre la necesidad y la oferta real es un problema estructural difícil de solucionar con medidas paliativas.

El impacto en el mercado del alquiler

El mercado del alquiler es un claro reflejo de esta tensión. El Banco de España ha señalado cómo los precios de los nuevos contratos se disparan, mientras que quienes ya tienen una vivienda alquilada disfrutan de una relativa estabilidad. Esto crea un mercado dual: protege a los inquilinos actuales, pero encarece drásticamente el acceso a la vivienda para jóvenes, recién llegados y familias con menores ingresos. Estos colectivos se ven obligados a retrasar su emancipación o a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler. El supervisor bancario advierte que los topes de precios, si no van acompañados de un aumento de la oferta, pueden desincentivar la inversión y reducir aún más la disponibilidad de viviendas en alquiler.

Un equilibrio roto por la intervención

El Gobierno parece resistirse a reconocer que sus propias políticas están agravando el problema. La aplicación de topes de precios, prórrogas extraordinarias, una creciente inseguridad regulatoria y una legislación que carga sobre los propietarios —en su mayoría particulares con una sola vivienda en alquiler— las responsabilidades que deberían ser del Estado, están deteriorando los incentivos para ofrecer alquileres estables y asequibles. Históricamente, se han buscado equilibrios. En 1985, el Gobierno de Felipe González eliminó la prórroga forzosa para estimular la construcción de viviendas en alquiler. Más tarde, en 1994, otro gobierno socialista estableció un marco normativo razonable como condición necesaria para potenciar la oferta. El PSOE actual, sin embargo, ha desmantelado ese equilibrio.

Anuncios que no se traducen en realidades

Los anuncios de grandes planes de vivienda tampoco parecen estar dando los frutos esperados. En diciembre de 2023, el presidente Sánchez prometió movilizar todos los recursos del Estado para crear 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Aunque ahora presume de haber "movilizado" más de 120.000, una cifra que permite una amplia interpretación, no se ofrece un balance claro de cuántas de estas viviendas están realmente terminadas y disponibles. Esta opacidad sugiere una política más centrada en la imagen pública que en la resolución efectiva del problema. El nuevo decreto, con ayudas para la entrada de la primera vivienda, podría ser un estímulo a la demanda que, sin una oferta adecuada, solo conseguirá recalentar aún más los precios. Si bien la rebaja del IVA a la vivienda protegida es un paso en la dirección correcta, la calificación permanente de estas viviendas podría desincentivar a los promotores privados. La prioridad esencial sigue siendo la misma: construir más, movilizar suelo, reducir trabas administrativas y garantizar seguridad jurídica.

España se enfrenta a un desafío mayúsculo en materia de vivienda, pero no es irresoluble. Utilizar casos individuales para justificar políticas que, en la práctica, dificultan el acceso al mercado, es irresponsable. Después de ocho años, el Gobierno no puede presentarse como un mero espectador de una crisis cuya evolución lleva su firma. Antes de crear nuevos símbolos, debería reconocer el fracaso de sus políticas. El verdadero desahuciado de esta situación es el propio Gobierno.