Viernes de concursos de acreedores.
29 mayo 2025
14:41h
La agencia inmobiliaria Tiko, la más grande en el sector PropTech en España, entra en concurso de acreedores tras no haber podido reflotar su negocio en España donde acumulaba años de pérdidas, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
El pasado 19 de mayo solicitó el concurso. No obstante, ya había avisos de que la situación era complicada. En septiembre del año pasado, comunicó a la plantilla que llevaría a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Dicho ERE se materializó en diciembre y afectó a la gran mayoría de los trabajadores (de una plantilla de 50) y a los empleados de Housell, la empresa que había comprado ese mismo año.
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Sina Afra, CEO internacional y fundador de Tiko, trasladó a los empleados que no había dinero. De hecho, “la empresa no ha pagado las indemnizaciones todavía”, según ha podido saber este periódico.
Muchos de los extrabajadores son conscientes de que sólo cobrarán a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
En ese mes también se solicitó el preconcurso de acreedores con la idea de en enero de 2025 intentar reflotar la empresa, tal y como avanzó este periódico. Algo que no ha sido posible.
De hecho, la empresa echó el cierre a su web en marzo. Hecho que puso de manifiesto el desmantelamiento de la empresa en España. No obstante, parece que continúa con sus operaciones en Portugal.
En abril, también disolvió dos de sus filiales (Tiko Es Asset Management 3 SL y Tiko Es Asset Management 4 SL), proceso que ya acometió con otras dos sociedades dependientes en el mes de octubre de 2024.
Hay varios motivos que se esconden tras esta situación. Uno de ellos son las pérdidas acumuladas. En 2023, la compañía registró unos números rojos de 2,3 millones de euros.
Un año antes, las pérdidas ascendían a 1,9 millones y en 2021 a 1,5 millones, según los últimos datos del Registro Mercantil disponibles. De hecho, desde su constitución en 2017 no ha conseguido tener beneficios.
A las pérdidas y la falta de liquidez hay que sumar una gestión complicada. Los “cambios continuos en la toma de decisiones y la escasa diferenciación frente a la competencia (Clikalia, Casavo…) han debilitado el negocio de una empresa que se hizo famosa por ofrecer comprar una casa y venderla en un mes”, según detallan fuentes del sector.
Afectados
La caída de Tiko afecta, además, a los ahorros de varios clientes de la inmobiliaria que han visto cómo el dinero que depositaron a través de contratos de arras para garantizar la compraventa de sus viviendas ha quedado en manos de la empresa y no saben si podrán recuperarlo.
No hay una cifra exacta, pero se calcula que hay más de 100.000 euros como mínimo en arras de pisos pendientes, según señalan fuentes del sector.
Compra de Housell
La compañía había sacado músculo hace justo un año al comprar Housell (propiedad de Aviv Group), generando una inmobiliaria sin oficinas de 2.000 propiedades en España.
De hecho,
la plantilla de Housell (cerca de 100 empleados) ya vivió un primer ERE en el mes de abril fruto de esta operación. El segundo proceso de despido fue en diciembre, ya bajo el paraguas de Tiko y en la fase de integración de ambas compañías. Algo que no se ha llegado a cerrar.
Las condiciones económicas de la compra no se hicieron públicas, pero a través de esta transacción Tiko se hizo con el control total de Housell. Como parte de la operación, Aviv Group se quedó una participación minoritaria en Tiko.
La compañía aseguró que esta compra reforzaba la nueva estrategia de negocio en la que la intermediación inmobiliaria iba a ser el pilar fundamental.
Tiko convirtió este servicio en la piedra angular de su negocio, con el objetivo de multiplicar por 10 el volumen de sus transacciones inmobiliarias y de atraer a más de 700 agentes en los próximos 12 meses.
La compañía, que compró Housell hace un año, solicitó el preconcurso de acreedores con la idea de reflotar el negocio en enero. Más información: Los fondos inmobiliarios califican de "humo" las medidas de Sánchez y avisan: la inversión huirá de España
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La caída a los infiernos de
Animal by Products (ABP Solutions), la empresa dedicada al reciclaje de residuos animales en Puertollano clausurada en el verano de 2024 por muy graves irregularidades biosanitarias y medioambientales, ha culminado en su declaración voluntaria de concurso de acreedores. Tras la declaración en firme del procedimiento concursal en un juzgado de Salamanca, la jueza dictó auto el pasado mes de febrero acordando la intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado, nombrando al mismo tiempo al administrador concursal que dirima el proceso para saldar las deudas de la sociedad contra la masa.
Es el último capítulo de un
sórdido drama. Animal by Products fue vendida como una empresa ejemplar, única en Europa, abanderada de la economía circular y ejemplo de proyecto de emprendimiento. Pasó todos los filtros administrativos y declaraciones de impacto medioambiental (pese a las alegaciones y oposición de las organizaciones ecologistas) y se cameló a la poderosa Ana Botín con su Banco Santander detrás.
Pero a la postre todo se reveló en pura reaccionarioda: la planta de procesamiento de residuos animales que los hermanos Luisa y Francisco Barrueco promovieron en las antiguas instalaciones de Encasur, en Puertollano, fue clausurada en el verano de 2024 y sus responsables investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de delitos de riesgo catastrófico contra los recursos naturales, contra los derechos de los trabajadores, y por falsedad documental tras un cúmulo de graves irregularidades biosanitarias y medioambientales.
Las horripilantes fotos de cadáveres putrefactos de animales abandonados secándose al sol en las instalaciones, y de sus sórdidos y tenebrosos almacenes, impactaron en una población que pedía explicaciones entre arcadas, y que contrastaban con un idílico preámbulo: la visita a la empresa, en enero de 2021, de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, quien anunciaba que la entidad se implicaba en la financiación de ABP desde mayo de 2020.
Tras la clausura, la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, Mercedes Gómez, desveló que la empresa acumulaba cuatro expedientes sancionadores desde finales de 2023 tras inspecciones que constataron deficiencias que contravenían la autorización medioambiental integrada, así como incumplimientos en materia de seguridad industrial. Esos expedientes sancionadores derivaron en la suspensión cautelar de la autorización medioambiental integrada de esta industria, que pese a ello huyó hacia adelante dando continuidad a su actividad.