El pulso por el inglés en la educación pública española
La propuesta de retirar el inglés como lengua vehicular de la enseñanza pública española ha dejado de ser una ocurrencia de barra de bar para convertirse en un asunto con aristas económicas, identitarias y de política educativa. El detonante es una paradoja que muchos consideran insostenible: después de más de una década de programas bilingües, una parte notable del alumnado termina la escolarización sin soltura real en el idioma. La reacción no se ha hecho esperar: hay quien pide directamente eliminar el inglés del sistema público y quien avisa de que esa medida condenaría a los estudiantes a un aislamiento internacional difícil de revertir.
Qué se discute cuando se discute el inglés en la escuela
El punto de partida es una crítica al método, no al idioma. Se sostiene que los profesores encargados de impartir asignaturas en inglés apenas tienen un nivel suficiente para hacerlo con garantías, lo que convierte la inmersión en un ejercicio de cubrir el expediente. El resultado, según esta lectura, es un doble perjuicio: ni se aprende la materia ni se aprende la lengua. Quienes defienden esta tesis no piden cerrar la puerta al inglés, sino cambiar de raíz la forma de enseñarlo, con una carga intensiva y un profesorado formado de verdad.
Frente a eso, otra corriente avisa de que el problema no es el idioma sino el sistema educativo en su conjunto. La prueba que esgrimen es contundente: generaciones enteras han estudiado inglés durante toda su vida escolar y no son capaces de mantener una conversación mínimamente fluida. Si el diagnóstico es ese, la conclusión que extraen algunos es radical: mejor no enseñar ningún idioma que malgastar horas y recursos en un aprendizaje que no cuaja.
El inglés como herramienta de comunicación frente al inglés como símbolo
En el otro extremo, hay quien recuerda que las lenguas son, antes que cualquier otra cosa, un medio para entenderse. La experiencia de quien ha podido comunicarse con personas de Corea, Hungría o Estonia gracias al inglés se usa como argumento para defender su presencia en la escuela pública. Desde esta óptica, convertirlo en un campo de batalla identitario es una rémora que perjudica sobre todo a los estudiantes con menos recursos, que son precisamente los que no pueden pagar academias o estancias en el extranjero.
La discusión se enreda cuando entra en juego la política lingüística interna. Se señala que en comunidades como Cataluña o el País Vasco el castellano no es lengua vehicular en la enseñanza, y que resulta llamativo que algunos de los que denuncian la imposición del inglés no digan nada sobre esa situación. La comparación se usa como arma arrojadiza en ambos sentidos, y el asunto del inglés queda atrapado en una disputa más amplia sobre qué lengua debe vehicular la educación pública.
El coste económico de un modelo que no funciona
Más allá del ruido, hay un dato que sobrevuela toda la discusión: el sistema educativo español no coloca a ninguna de sus universidades entre las mejores del mundo, y una parte del análisis atribuye ese resultado a una prioridad mal entendida. Se ha primado la cantidad de titulados sobre la calidad de la formación, y el inglés no escapa a esa lógica. Los programas bilingües se han extendido sin garantizar que el profesorado tenga el nivel necesario para impartirlos.
La consecuencia práctica es que el inglés acaba funcionando como un filtro socioeconómico. Quien puede pagar un colegio privado o una academia obtiene el nivel que el sistema público no garantiza. Quien no puede, se queda con un certificado B2 que, como se ha señalado con sorna, está bastante lejos de perfeccionar nada. La propuesta de eliminar el inglés de la educación pública, leída en este contexto, no resolvería el problema de fondo: lo agravaría para los que menos tienen.
La dimensión geopolítica del idioma
Hay una capa adicional que algunos participantes introducen y que conviene separar del debate educativo. Se argumenta que la expansión del inglés responde a una estrategia de poder global, y que España, como uno de los pocos países con un bloque lingüístico capaz de competir, debería resistir esa presión. Desde esta lectura, la enseñanza del inglés no sería una herramienta de comunicación sino un instrumento de sumisión cultural.
Esa tesis, formulada con mayor o menor vehemencia, choca con la evidencia de que el inglés es hoy la lengua franca de la ciencia, los negocios y la tecnología. Retirarlo de la educación pública no debilitaría a los supuestos impulsores de esa estrategia global: simplemente dejaría a los estudiantes españoles sin una herramienta que ya usan sus competidores. La discusión sobre el idioma acaba revelando una tensión más profunda sobre qué lugar quiere ocupar España en el mundo.
El diagnóstico está claro: el modelo bilingüe no ha cumplido sus promesas. La solución, en cambio, sigue sin aparecer. Entre eliminar el inglés y mantener un sistema que no enseña a hablarlo, el punto exacto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: nadie ha explicado todavía cómo se forma a un profesorado capaz de dar clase en dos idiomas sin que la materia se resienta.