España ya es un estado fallido, y lo que es peor: una anarco-tiranía

España cae al puesto 53 de 184 en libertad económica​

España no es un Estado fallido. Es algo más difícil de meter en un titular: un aparato que decide, asunto por asunto, cuándo aplica la ley con todo su peso y cuándo mira hacia otro lado. La tesis recorre el último Índice de Libertad Económica, que deja al país en el puesto 53 de 184 y muy lejos del top 25 en el que llegó a figurar. La queja no es nueva. El dato, tampoco.

¿Qué mide el índice de libertad económica?​

El informe lo publica el Instituto de Estudios Económicos a partir de los datos de la Fundación Heritage. Tres flancos explican el descenso: salud fiscal, facilidad para invertir e integridad gubernamental. Traducido: no se castiga solo el impuesto, se castiga la opacidad. La lectura que se impone —la economía no se rompe sola, se rompe el marco que la rodea— enlaza con una idea recurrente: el problema no sería la falta de normas, sino la selección de cuáles se cumplen.

¿Por qué no se desaloja la Puerta del Sol?​

La Delegación del Gobierno en Madrid rechazó desalojar la Puerta del Sol amparándose en que prima el derecho de reunión. El criterio oficial choca con la percepción de que en otros puntos la respuesta fue bien distinta. Es la grieta que alimenta la etiqueta de anarco-tiranía: un Estado que no despeja una plaza ocupada y, a la vez, persigue con celo infracciones menores. Los dos hechos pueden ser ciertos al mismo tiempo; que lo parezcan es lo que desgasta.

Ceuta y el control de fronteras: qué se sostiene y qué se prueba​

El control fronterizo, con Ceuta como escenario citado, es el otro frente. Hay quien afirma que el Estado es incapaz de ordenar su frontera y atribuye esa incapacidad a falta de voluntad, no de medios. Circula como opinión, sin datos que la respalden en el material. Lo contrastable es el marco: las mismas normas invocadas para no intervenir en un sitio se aplican con rigor en otro.

El caso de autodefensa que se usa como ejemplo​

El episodio que más se repite es el de un hombre de Ciudad Real que, según el relato difundido, acabó en prisión tras defenderse en su domicilio. No hay sentencia firme ni detalle procesal; funciona como ejemplo, no como prueba. Convive con otra cifra que se lanza sin fuente cerrada: casi 700 millones de euros anuales de coste de la Corona.

Si el patrón se mantiene, la etiqueta de Estado fallido seguirá ganando terreno en el discurso, aunque los datos duros sean menos dramáticos que la consigna. La clave no será el puesto 53. Será si el criterio para aplicar la ley se vuelve, por fin, predecible. Nada en el material permite asegurarlo; tampoco descartarlo.