Preparacionismo: ESTÁ TODO PODRIDO -Abandonad Toda Esperanza-.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a una aerolínea en 2021. El juez José Luis Calama le imputa organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Hay semanas en que la actualidad se comporta como esas máquinas expendedoras que se atascan justo cuando tienes prisa. El caso Plus Ultra llevaba tiempo en ese limbo de los asuntos que aparecen y desaparecen de los titulares, y ahora vuelve con una novedad que pesa: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama le imputa presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. No es una citación cualquiera. Un expresidente sentado en un banquillo de la Audiencia Nacional es una imagen que la democracia española solo ha visto en contadas ocasiones, y eso, guste o no, marca un antes y un después en la conversación pública.

De dónde viene el caso Plus Ultra

Para entender el lío hay que retroceder a 2021, en plena pandemia de covid-19. El Gobierno concedió una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi. La operación se justificó como rescate a una compañía estratégica para la economía española. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron desde el primer momento que Plus Ultra cumpliera los requisitos: era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y una viabilidad más que dudosa, según los críticos. El Gobierno defendió en todo momento la legalidad del rescate.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. La causa tuvo varios altibajos: la ayuda llegó a bloquearse temporalmente por orden judicial, y el procedimiento fue archivado y reabierto parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también puso el foco en si parte de los fondos pudo haber sido desviada o usada en supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza.

La pieza separada que lo cambia todo

La causa que investigaba el rescate de los 53 millones fue archivada en 2023 por plazos procesales. Pero eso no cerró el asunto. Lo que sigue vivo es una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo al propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras registrar la sede de la compañía. La causa está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, con la juez Esperanza Collazos al frente.

Las actuaciones incluyen la incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Lo que se investiga es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza. Hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. La investigación gira en torno al rescate de los 53 millones y a la supuesta influencia que habría ejercido Zapatero para impulsar la operación. La causa también pone el foco en presuntas conexiones empresariales y pagos vinculados al entorno del expresidente socialista.

El desgaste que no se ve en las encuestas

Más allá del plano judicial, el caso tiene una derivada política que no conviene ignorar. La acumulación de escándalos que salpican al entorno del Gobierno desgasta la imagen institucional de España en el exterior. No es lo mismo negociar en Bruselas con una causa abierta por blanqueo que sin ella. La credibilidad de un país se mide también por cómo gestiona sus turbulencias internas, y cuando el nombre de un expresidente aparece en una imputación por organización criminal, los mercados y los socios europeos toman nota. El caso Plus Ultra no es un asunto menor: toca dinero público, influencias y una aerolínea que recibió un rescate cuando media España estaba cerrada por la pandemia.

Zapatero ha defendido siempre su inocencia y su entorno ha calificado la investigación de lawfare, un término que se ha convertido en el escudo argumental preferido por el socialismo para desacreditar las causas judiciales que afectan a sus dirigentes. La declaración del 2 de junio será la primera vez que el expresidente tenga que responder ante un juez por estos hechos. Lo que diga, y cómo lo diga, marcará el tono de los próximos meses. La política española tiene una capacidad notable para convertir cualquier causa judicial en un campo de batalla electoral, y esta no será la excepción.

Lo que está en juego

El caso Plus Ultra no se limita a determinar si hubo o no delito en la concesión de una ayuda pública. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones que gestionan dinero de todos. Si un expresidente puede influir en el reparto de fondos públicos, el problema no es solo judicial, es democrático. La declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional el 2 de junio será un termómetro de hasta dónde está dispuesta a llegar la justicia en un asunto que lleva años dando vueltas. Y, de paso, una prueba de si la política española es capaz de digerir sus escándalos sin romperse por dentro.