Están despidiendo a rusos de sus trabajos en todo el mundo por ser rusos.

Despedidos por tener pasaporte ruso: 2.300 en una sola empresa​

Fíjelo: se atribuye a una empresa de tecnología el despido de 2.300 empleados de nacionalidad rusa de un día para otro. Sin sentencia, sin expediente y sin causa individual. Solo un acento, un apellido, un pasaporte. La cifra condensa el giro del conflicto: de sancionar a un Estado a castigar a quien nació en él. Los despidos de rusos por su origen —cuentas congeladas incluidas— han dejado de leerse como un caso suelto y empiezan a parecer una política.

Qué está pasando: cuentas bloqueadas y contratos rescindidos​

El patrón se repite en varios países y varios sectores. Profesionales rusos asentados desde hace años fuera de su país se han encontrado con las cuentas bloqueadas y con el puesto de trabajo suprimido por el simple hecho de dónde nacieron. Técnicos, deportistas, artistas: giras canceladas, contratos rescindidos, nóminas que dejan de llegar. Las decisiones coinciden en el tiempo, y eso no parece casualidad: llegan cuando las sanciones a Rusia se extienden al terreno civil.

Conviene separar dos cosas que el ruido mezcla. Una es sancionar a un Estado, a sus empresas o a sus dirigentes. Otra, muy distinta, es retirarle el empleo o el patrimonio a un ciudadano que reside a miles de kilómetros del Kremlin y que, en muchos casos, ni siquiera tributa allí. Quien respalda las medidas sostiene que nadie es neutral en un país que no frena a su Gobierno. Quien las critica responde que la nacionalidad no es una opinión.

La objeción jurídica es sencilla de formular y difícil de rebatir. Confiscar bienes o despedir a alguien sin sentencia choca con el principio de presunción de inocencia y con la prohibición de discriminación por nacionalidad que recogen los propios ordenamientos de los países que aplican estas medidas. El derecho comunitario admite excepciones en materia de sanciones, pero pocas veces pensadas para castigar a un residente pacífico.

¿Por qué no se hizo lo mismo con los estadounidenses tras la invasión de Irak?​

La comparación más repetida es la del doble rasero. Se argumenta que Estados Unidos invadió Irak con pruebas que después se revelaron endebles, que la guerra dejó un reguero de víctimas civiles —100.000 en el cómputo que se cita— y que, pese a ello, ningún ciudadano estadounidense residente en Europa perdió su trabajo o su cuenta por ello. El paralelismo tiene grietas, y quien lo esgrime lo sabe. Pero deja una pregunta incómoda: qué convierte una nacionalidad en sospechosa y otra no.

La lógica que late debajo es la de la responsabilidad colectiva: si tu Estado ataca, tú pagas. Es un principio antiguo y tiene antecedentes que no dejan bien a quien lo aplica. Basta con mirar lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial.

El precedente de los japoneses en Estados Unidos​

Entonces no se hablaba de pasaportes sospechosos, sino de campos. Todo ciudadano estadounidense de origen japonés fue internado, señalado por lo que era y no por lo que había hecho. También se apartó de la vida civil a alemanes y a japoneses residentes en países democráticos. Décadas después, esos internamientos se estudian como una mancha y hay documentales que los denuncian sin ambages. La duda razonable es si dentro de treinta años alguien hará lo mismo con esta ola de despidos. El material histórico sobre esos episodios está a un clic y se cita con insistencia.

El vecino que lleva diez años aquí y no volvería a Moscú​

Entre las cifras hay personas. Un matrimonio ruso afincado en España desde hace una década vive con miedo de que lo devuelvan a su país. No defiende la guerra; al contrario, desea que a su presidente le apliquen el mismo final que a Ceaucescu. Ese detalle desmonta la etiqueta: la nacionalidad no vota, no firma decretos ni decide invasiones. Confundir un pasaporte con un partido es un error de cálculo, y ese error ya está triturando carreras y cuentas corrientes.

Los «nuevos no vacunados» y el doble rasero al condenar​

Una segunda línea del análisis enlaza este episodio con el de los no vacunados, apartados durante la pandemia con una mecánica parecida: despido, veto social, exclusión. Y se señala una incoherencia: durante la oleada de atentados islamistas se repitió que no había que generalizar ni culpar a todo un colectivo. El mismo reflejo que entonces se exigía no aparece ahora. Según quién sea el sospechoso, el discurso cambia. Eso, al menos, es lo que sostienen muchas voces.

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¿Sancionar a un ciudadano por su pasaporte? Hoy parece una decisión inevitable; dentro de unos años se explicará con incomodidad en algún documental. El desglose de cuántos empleos, en cuántos sectores y en cuántos países se han perdido merece un repaso antes de decidir a quién se le retira el salario por parecerse a nosotros. La previsión, con reservas: si el criterio es la nacionalidad, la lista no se detendrá en Rusia.