Con 820.000 personas esperando quirófano, la duda ya no es tabú
¿Estaríamos mejor con una sanidad privada? La pregunta la formula alguien que se presenta como defensor histórico del sistema público y que ya no lo tiene claro. El detonante no es ideológico. Son las listas de espera, la obligación de pagar consultas privadas y la sensación de sostener con impuestos una asistencia que luego hay que comprar aparte. Los datos que se manejan son contundentes:
casi 820.000 personas aguardan una cirugía durante una media de 112 días, y la primera consulta con el especialista tarda otros 87 días.
A partir de ahí aparecen tres corrientes. Una defiende bajar impuestos y pagarse la sanidad por cuenta propia. Otra sostiene que el problema no es el modelo, sino quién lo gestiona. Y una tercera propone quedarse con lo público en el pago y lo privado en la ejecución.
Cuánto se espera hoy para una consulta con el especialista
Los 87 días de espera para una primera visita son el punto de partida de casi todos los reproches. Hay quien recuerda que esas demoras no son nuevas: que un especialista nunca vio a nadie en una semana y que el atasco se agravó cuando la pandemia dejó la sanidad parada durante meses, generando una pelota que aún no se ha deshecho. Frente a esa explicación, otra lectura sostiene que el deterioro es deliberado, un desmantelamiento progresivo para que el usuario acabe aceptando el copago o el seguro como salida natural.
El diagnóstico más duro apunta a la atención primaria como cuello de botella: si los centros de salud absorben consultas que no deberían llegar ahí, la cascada acaba colapsando especialistas y pruebas que tendrían que resolverse en días.
De la cita en dos semanas al quirófano pasado mañana
El argumento más eficaz a favor de la vía privada no es teórico, es un caso. Un tipo de cáncer de piel detectado tras una tarde de teléfonos para conseguir dermatólogo:
cita en dos semanas, diagnóstico confirmado y quirófano libre dos días después. Ese contraste entre semanas y meses es lo que empuja a mucha gente a pagar dos veces, vía impuestos y vía prima.
Los testimonios, sin embargo, no son uniformes. Quien lleva años en
mutuas y clínicas privadas describe otro patrón: primera visita atendida por un profesional junior, recorte de pruebas para contener costes y derivación al médico bueno solo cuando hay que intervenir. La queja se repite en las condiciones laborales y en la letra pequeña.
Qué cubre de verdad un seguro médico privado
Aquí está el punto que casi nadie discute en voz alta. Los condicionados excluyen las enfermedades y dolencias preexistentes a la fecha de alta del asegurado, y las aseguradoras cobran por tramos de edad. A partir de los 70 años la prima puede dispararse hasta
250 euros al mes, una cifra que deja fuera a buena parte de los hogares y que concentra el mayor riesgo de un sistema exclusivamente privado.
El seguro vale para adelantar pruebas y resolver lo leve. Para lo grave, el coste se multiplica y el resultado depende del contrato firmado. De ahí que incluso los partidarios de privatizar acepten una red de
último recurso con dinero público, aunque sea contratada a empresas privadas.
Gestión pública, hospital privado: el modelo intermedio
Es la propuesta que más terreno gana entre los escépticos. Que el Estado recoja impuestos y garantice la cobertura, pero que
los hospitales y su personal sean enteramente privados, compitiendo por contratos de la administración y respondiendo por la calidad del servicio. Se cita el caso de otros países europeos con modelos concertados y se insiste en que controlar una calidad es mucho más sencillo que gestionar una estructura entera.
Los defensores de esta vía añaden una consecuencia laboral: con competencia real, los buenos profesionales podrían aspirar a sueldos más altos sin la rigidez del funcionariado, reduciendo la fuga de especialistas al extranjero.
Dónde se va el dinero: el desglose de un hospital
Cuando se discute si el dinero público está bien empleado aparece un desglose concreto: el
40% del gasto se va en personal, un 2% en administración, otro 2% en infraestructuras y equipamiento y un 56% en consumos intermedios como medicamentos, material clínico y conciertos. En un hospital con 3.300 trabajadores, los puestos administrativos y auxiliares no llegan a 185.
El dato más llamativo es de otro orden: el estudio de costes encargado desde una clínica privada concluyó que atender al paciente en la sanidad pública salía hasta tres veces más caro que derivar el excedente a un centro privado. El informe nunca llegó a traducirse en contratos.
Copago, franquicia y cheque sanitario para desmasificar
Con el gasto en máximos y la demanda creciendo, varias voces proponen introducir fricción en la entrada al sistema. La más citada:
tres euros por visita de atención primaria, con el argumento de que eliminaría de golpe a buena parte de quienes ocupan cita sin necesidad real, y con la objeción de que mucha de esa demanda no se iría a casa, sino a urgencias. Junto a ella se habla de franquicias, de copagos progresivos y del llamado
cheque sanitario: que el paciente elija centro y que la administración pague por su cuenta.
Ninguna de estas fórmulas responde a la pregunta obvia. Si el copago no se limita por renta, golpea sobre todo a quien menos puede elegir.
Quién paga y quién usa el sistema
Una parte del descontento se dirige contra quienes reciben asistencia sin haber cotizado nunca, y contra la idea de que el sistema premia la falta de cuidado con el propio cuerpo. Es la línea más populosa y la menos técnica, y convive con propuestas explícitas de restringir la atención según la procedencia o la situación administrativa de cada cual. Frente a eso, el argumento de la cobertura universal recuerda que el sistema atiende a cualquiera, haya trabajado o no, y que esa es su lógica fundacional, no una avería.
Con estos mimbres, privatizar la sanidad no se vota: se cuela. Y cuando el ciudadano medio mire su póliza y descubra que su dolencia no estaba cubierta, el que firmó la exclusión llevará años jubilado.