Por que los funcionarios no quieren disfrutar de la mejor sanidad del mundo?: +DepMuface

Muface: la pugna por elegir entre sanidad pública y privada​

Un funcionario que llevaba años tratándose en la privada a través de Muface y que después se pasó a la pública porque en su ciudad le interesaba más. Ese trayecto —el contrario al que sugiere el tópico— resume el conflicto abierto por el futuro del mutualismo administrativo. No se dirime si la sanidad pública es buena o mala: se dirime quién puede elegir entre una y otra. La chispa saltó cuando los sindicatos policiales y de la Guardia Civil cargaron contra el Ministerio de Sanidad por lo que leen como el principio del fin de Muface. Y en el fondo late una pregunta incómoda: si el sistema público es tan superior, ¿por qué tantos mutualistas no lo usan?

Cuántos funcionarios dependen de Muface y cuántos optan por la privada​

Los tres organismos que cubren al personal público —Muface, Mugeju e Isfas— aglutinan, según los mutualistas, a unos 800.000 funcionarios. Según un cálculo que circula entre los propios mutualistas, alrededor de 650.000 están adscritos a la sanidad privada. Eso convertiría al mutualismo, de facto, en un sistema paralelo del tamaño de una capital de provincia. Debajo del paraguas entra también el copago farmacéutico: según estos mutualistas, los jubilados de Muface abonarían el 30% de las medicinas, frente al 50% de los afiliados en activo al sistema público. Que ni los interesados tengan del todo claro este detalle dice bastante del grado de opacidad del modelo. La polémica no nace de un informe técnico, sino de un tuit sindical y de la sospecha de que la nueva ministra de Sanidad quiere cerrar la puerta al mutualismo.

Cuánto cuesta la sanidad pública frente a la privada de Muface por persona​

Aparece aquí la cifra que descoloca. La atención sanitaria pública costaría una media de 1.600 euros por cotizante; la privada que cubre el mutualismo, la mitad. Son estimaciones, no datos oficiales, pero con ellas se construyen dos relatos opuestos. Uno sostiene que los funcionarios se sacrifican para que el resto disfrute de una sanidad pública con menos presión. El otro, que quien puede elegir elige lo más barato porque resulta que también lo percibe como mejor. Si el cálculo fuera cierto, el sistema público estaría cargando con el coste más alto y, encima, perdiendo a los usuarios con más capacidad de marcharse. Ahí duele.

Quién paga realmente la cuota de Muface​

La respuesta rápida es que el funcionario, vía nómina. La réplica llega sin pausa: ese dinero sale, en última instancia, de los impuestos generales. En ningún país, sostiene esta corriente, se concibe que el erario público financie los seguros sanitarios privados de los trabajadores públicos. Las cuotas de los mutualistas se consideran insuficientes desde hace años, con partidas extra del Estado para cubrir lo que reclaman las aseguradoras. Contra ese reproche pesa un matiz que aportan otros participantes: Muface no cotiza para la pensión de jubilación, así que equipararla a un convenio laboral ordinario no se sostiene. Quienes sí arrastran cotizaciones son los veteranos que pasaron por mutualidades anteriores ya integradas, como la de Enseñanza Primaria.

¿Es la sanidad de Muface una retribución en especie?​

Es la defensa más articulada que se oye. Poder elegir no sería un capricho, sino una ventaja análoga a los créditos baratos de la banca o a los descuentos en la compra de coche para la plantilla de una fábrica. Quitarla equivale a una bajada de sueldo encubierta, y el precedente ya existe: en mayo de 2010 el Gobierno recortó un 5% el salario a todo el funcionariado. La contrarréplica se apoya en el dueño del dinero. Un banco hace con sus fondos lo que deciden sus accionistas; el Estado, con los de todos, y ninguna norma impide a un funcionario pagarse la sanidad privada de su bolsillo. La línea divisoria es quién firma el cheque.

El trasvase a la sanidad pública y el efecto en las listas de espera​

Uno de los temores que se repiten es la asfixia del sistema público si de golpe se le suman esos 650.000 mutualistas. Si la atención ya va con la lengua fuera, meter medio millón largo de personas más solo puede alargar los tiempos. La recaudación por cotizaciones subiría, sí, pero también el gasto, y no hay certeza de que una cosa compense la otra. La incógnita es si la red pública aguantaría el empujón sin que se note, o si el problema se traslada a la lista de espera de todos los demás. Nadie ha desglosado la factura, y ahí se atasca la aritmética.

La caída de la calidad en las clínicas concertadas​

A la refriega política se suma una queja de fondo. Se describe una coincidencia llamativa: justo cuando arrecia el clamor contra el mutualismo, las aseguradoras que prestan el servicio habrían rebajado la calidad de la atención. Hay quien relata consultas resueltas en 50 segundos y lesiones cronificadas por falta de tratamiento. La sospecha es que la rentabilidad de las prestatarias se estrecha, y de ahí el desinterés de las compañías por renovar un concierto que ya no les compensa. Un problema de precios disfrazado de debate sanitario.

Del cheque sanitario al mutualismo universal​

De la polémica sale también una propuesta que va más allá de mantener o cerrar el sistema. En vez de eliminar Muface, extenderlo: un cheque sanitario para que cada ciudadano elija dónde se atiende, con la red pública reservada para el medio rural o los territorios sin alternativa privada. Frente a eso, otra corriente advierte de que los conciertos con clínicas privadas no son mutualismo, sino dinero público derivado a empresas privadas sin control suficiente. Y en esa frontera entre pagar la atención y elegir quién la presta sigue atascado todo.

Al final, el asunto desemboca en un dato que descoloca, según los participantes: la Seguridad Social arrastra una deuda con Hacienda de 116.000 millones, acumulada en préstamos del Estado para financiar prestaciones que se cubren con impuestos y no con cotizaciones. Desde los Pactos de Toledo de 1995, la sanidad dejó de sostenerse con lo que se pagaba por trabajar y pasó a colgar del presupuesto general. Ese es el terreno real sobre el que se pelea.