Éste es el auténtico problema de España

Debate: el problema de España, ¿autónomos, funcionarios o impuestos?​

¿Y si el problema de la economía española no fuera ni el pequeño empresario ni el funcionario de ventanilla, sino un sistema fiscal que castiga al que trabaja y produce? El planteamiento que abrió esta discusión —sobran explotadores que se creen empresarios, faltan empresas fuertes que aseguren derechos laborales, suba el SMI y paguen impuestos— recibió respuestas cruzadas. La mayoría de las empresas españolas son unipersonales, recordó un participante: un autónomo que se autoexplota para sacar adelante un camión, una tienda o un bar mientras, según su versión, lo reventamos a impuestos. Otra corriente del debate sostuvo que, si el problema es el fraude y la precariedad, el culpable no es el currante que se queda sin vacaciones, sino el Estado que le obliga a competir en negro para sobrevivir.

El pequeño empresario no es el villano: es la víctima del sistema​

El primer giro del debate fue desmontar la premisa inicial. Frente a la idea de que sobran explotadores disfrazados de empresarios, se impuso otra lectura: el 55% de lo que uno paga al año son impuestos, según el cálculo de un forero, y eso asfixia a cualquiera antes de empezar. Si una empresa no crece, no es por falta de ambición, sino porque el coste de ser legal ahoga al que factura poco, sostenían. El cálculo que se repetía: un autónomo que paga la cuota, el IVA, el IRPF y la seguridad social de un empleado no puede competir con quien lo hace todo en negro. Y el que lo hace en negro, según esta corriente, no es un explotador: es un superviviente.

La consecuencia lógica, según esta corriente, es que cerrar micropymes no libera espacio para multinacionales suecas, sino que deja un solar. «Cuando las pequeñas empresas cierren van a venir multinacionales suecas a sustituirlas porque sí», ironizaba alguien. El argumento contrario —que las grandes empresas aseguran derechos laborales— se topó con una objeción: las grandes también empezaron siendo pequeñas. Zara era una tienda en La Coruña. Si el sistema hubiera cerrado a Zara por no poder pagar impuestos el primer año, hoy no habría Inditex.

¿Por qué los impuestos ahogan al que menos gana?​

Aquí el debate se volvió técnico, y apareció un dato que descoloca: un español con salario medio de 26.000€ paga el mismo porcentaje de impuestos que un alemán que cobra 50.000€, según sostuvo un participante. La distinción entre presión fiscal y esfuerzo fiscal es clave, añadía: no es lo mismo pagar el 40% de 50.000 que el 40% de 26.000. Y si a eso se añade que la población activa es proporcionalmente menor y el paro mayor, el resultado es que los que trabajan sostienen a los que no pueden hacerlo, con una carga que no se ve en la estadística oficial.

La respuesta a la pregunta «¿aún no pagamos suficientes impuestos?» fue unánime en una dirección: los impuestos al trabajo, a las herencias y al consumo son muy altos, y solo los pagan autónomos, pymes y asalariados de la empresa privada. La conclusión que se repetía: el régimen tiene las leyes hechas para que el que quiere salir adelante se estrelle. Y el que se estrelle, que no se queje: que monte una empresa de 500 trabajadores y luego critique.

El taxi como espejo: derechos laborales que no se cumplen​

El ejemplo más concreto que se puso sobre la mesa fue el del taxi. Gente que paga lo mínimo que le dejan y el resto en negro, que se fuma los derechos de sus empleados —sin vacaciones, sin puentes—, frente a las grandes empresas que sí aseguran derechos. La paradoja es que el sector del taxi no es una multinacional: es el ejemplo perfecto de que el pequeño empresario español, cuando puede, también explota, según este participante. La diferencia no está en el tamaño, sino en la capacidad de la inspección para llegar.

La conclusión que se extrajo: no es que las grandes sean buenas y las pequeñas malas, sino que el tamaño determina la capacidad de apretar. A una multinacional se la puede obligar a cumplir un convenio; a un autónomo con un empleado, la inspección le llega cuando ya ha cerrado. Y mientras tanto, el trabajador del taxi, del bar o del taller se queda sin derechos porque el sistema no le protege, no porque su jefe sea un explotador nato.

¿Sobran funcionarios o faltan funcionarios de base?​

El otro frente fue el gasto público. La acusación clásica —sobran funcionarios, asesores, diputaciones, ayuntamientos— se topó con un matiz: faltan funcionarios de base, no sobran, según un participante. Los que sobran son los asesores y los cargos intermedios. La distinción es importante: el funcionario que atiende al público sostiene el Estado del bienestar; el que cobra por asesorar a un político, no.

La respuesta a la pregunta «¿cuántos funcionarios sobran?» no llegó. Lo que llegó fue una acusación cruzada: el 90% de los funcionarios no sería contratado por una empresa privada, decía uno. Y la contrarréplica: «Conozco técnicos fichados por la privada». El debate derivó hacia el clásico «paguiteros» contra «palilleros», sin que nadie aportara un dato definitivo. La única conclusión posible: el problema no es el número de empleados públicos, sino para qué se les contrata.

El rentista, el corrupto y el que se va al negro​

Apareció una figura que nadie defendió: el rentista. Vivir de las rentas de los demás se señaló como uno de los problemas estructurales. Y junto a él, la corrupción: «Cuanta más corrupción del dinero público veo, más me motivo para aportar lo menos posible y joder al sistema todo lo que pueda». Es la trampa perfecta: el que se harta de ver cómo se despilfarra decide dejar de contribuir, y el que deja de contribuir hace que el sistema se sostenga sobre los que aún creen en él.

La respuesta a esa lógica fue contundente: lo que hay que hacer es luchar contra esa corrupción, no unirte a ellos. Porque el que se va al negro no castiga al político corrupto: castiga al trabajador que sí paga. Y mientras tanto, el debate sigue atascado en la misma pregunta: ¿es el pequeño empresario el problema o la víctima? La respuesta que se impuso: es la víctima de un sistema que le obliga a elegir entre cumplir y sobrevivir. Y el que elige sobrevivir, luego no puede dar vacaciones.

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Al final, la conclusión es la de siempre: el problema no es el autónomo que se autoexplota, ni el funcionario que cobra, ni el empresario que quiere beneficios. El problema es un sistema que hace que todos ellos compitan en la misma carrera hacia el negro. Y mientras se discute si sobran rojos o azules, el que trabaja sigue pagando la factura.