Si Cataluña tiene derecho a disponer de todo el dinero que recauda, por qué Extremadura no a almacenar toda el agua del Tajo y el Guadiana?

El pulso por el agua: Cataluña, Extremadura y el Tajo​

La paradoja es sencilla de formular y difícil de resolver: si Cataluña reclama disponer de todos los impuestos que recauda, ¿por qué Extremadura no podría almacenar toda el agua del Tajo y el Guadiana? El planteamiento, que circula en un debate de foro, pone en la misma balanza dos recursos estratégicos —el dinero y el agua— y expone una asimetría que algunos participantes consideran insostenible. Los datos que se manejan en el intercambio de pareceres son llamativos: el embalse de La Serena, en la cuenca extremeña, se sitúa en torno al 13% de su capacidad, mientras que el portugués de Alqueva, aguas abajo, alcanza el 80%. La comparación, repetida en el hilo, alimenta la sensación de agravio.

El agravio hídrico: La Serena al 13% y Alqueva al 80%​

El contraste entre ambos embalses es el detonante de la indignación. La Serena, con solo un 13% de agua almacenada, se convierte en el símbolo de una gestión que algunos califican de negligente. Al otro lado de la frontera, Alqueva, con un 80%, parece nadar en la abundancia. La explicación que se da en el debate apunta a los convenios internacionales firmados con Portugal, que obligan a ceder el remanente. Sin embargo, la versión más crítica sostiene que esos acuerdos se cerraron sin contar con la opinión de los extremeños, y que los embalses priorizan la producción hidroeléctrica para empresas catalanas y vascas antes que las necesidades agroganaderas de la región. El resultado, dicen, es un campo que se muere de sed mientras el agua se exporta.

El paralelismo fiscal: ¿por qué unos sí y otros no?​

La reivindicación catalana de gestionar el 100% de sus tributos —la conocida como excepción catalana o cupo— es el espejo en el que se miran los defensores de la soberanía hídrica extremeña. Si Cataluña puede reclamar un trato fiscal diferenciado, argumentan, Extremadura debería poder decidir sobre el agua que nace en sus montañas. El debate se encona cuando se recuerda que Andalucía intentó quedarse con todo el agua del Guadalquivir y fue denunciada ante el Tribunal Constitucional precisamente por Extremadura. La sentencia, que dio la razón a los extremeños, sienta un precedente: el agua es un recurso compartido y su gestión no puede ser unilateral. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué el principio de solidaridad se aplica al agua y no a los impuestos?

La batalla política: votar a quien te quita el agua​

El trasfondo político es ineludible. Una parte de los participantes sostiene que los extremeños han votado mayoritariamente al PSOE, primera fuerza en la región, y que ese partido es percibido como enemigo de los intereses extremeños por su política de cesiones a Cataluña y al País Vasco. Si votas a quien te quita el agua, tendrás que apechugar con las consecuencias, viene a decir esta corriente. Otros, en cambio, ponen el foco en el Gobierno central y en la supuesta influencia catalana en sus decisiones, y claman contra un régimen que consideran colonial. La discusión deriva hacia el reparto competencial y la financiación autonómica, con menciones al concierto económico vasco y al pacto fiscal catalán como agravios comparativos.

El Ebro, el Duero y otros ríos: la guerra del agua se extiende​

La controversia no se limita al Tajo y el Guadiana. El Ebro, que nace en Cantabria y atraviesa Aragón antes de llegar a Cataluña, se convierte en otro campo de batalla. Hay quien propone que Aragón retenga todo su caudal y venda el excedente a precio de oro, mientras que otros recuerdan que el Duero también recibe aportes leoneses y que Castilla podría cerrar el grifo. La discusión se enreda con datos geográficos —el Esla, afluente del Duero, lleva más agua que el propio Duero en su confluencia— y con reclamaciones históricas. El Tajo es un río castellano, sentencia alguien, obviando que su desembocadura está en Lisboa. La conclusión es que cada cuenca tiene su propio pulso y que nadie quiere ceder ni un litro.

El trasfondo económico: energía, regadío y soberanía​

Más allá del ruido político, subyace un conflicto económico de primer orden. Los embalses no solo almacenan agua para regar; también generan energía hidroeléctrica, un negocio que mueve millones. La crítica apunta a que las empresas eléctricas —muchas de ellas con sede en Cataluña y el País Vasco— priman la producción energética sobre el uso agrícola, dejando a los regantes extremeños con lo puesto. La aspiración de Extremadura de alcanzar los 2 millones de hectáreas de regadío choca con esta realidad. La región tiene agua, pero no puede usarla. Y mientras tanto, los cultivos se secan y las ayudas europeas se esfuman.

¿Qué pasará con el agua del Tajo y el Guadiana?​

El futuro es incierto. Los convenios con Portugal siguen vigentes y no parece que vayan a renegociarse a corto plazo. La sequía, cada vez más intensa, agrava la situación y convierte el agua en un bien cada vez más codiciado. Las soluciones propuestas van desde un impuesto por cada kilovatio exportado hasta la construcción de nuevas infraestructuras de almacenamiento. Pero ninguna parece satisfacer a todas las partes. Mientras unos claman por la independencia hídrica, otros recuerdan que el agua no entiende de fronteras y que su gestión debe ser solidaria. La pregunta sigue sin respuesta: ¿tiene Extremadura derecho a almacenar toda el agua que nace en su territorio?