Este video de una OPOCOTORRA cantando un tema define a la perfeción lo que es España ahora mismo

España premia la memoria: el vídeo de una opositora que lo retrata​

Pasar cuatro años memorizando temarios no es estudiar Derecho: es entrenar la dicción. El vídeo que ha reavivado la discusión muestra a una opositora recitando temas enteros con la mirada perdida y la cabeza meciéndose. El asunto no es la chica. El asunto es que ese método decida quién entra en la administración y quién se queda fuera.

Para una parte de quienes han visto el clip es admirable: disciplina extrema, años de renuncia, un objetivo claro. Para otra es un diagnóstico de país: un sistema que confunde saber con recitar. Un comentario resume la brecha: la retahíla se la sabe, pero le falta alma. Otro va más allá: se está esforzando por hacer lo que un pendrive hace mejor.

Cuatro años de temario recitados como una plegaria​

El clip no tiene nada de espectacular. Una mujer joven repite el articulado con los ojos entornados y un balanceo rítmico que a varios recordó al rezo mecánico de una sinagoga o al trance de una posesión de cine. La comparación con el rezo no es casual: en la administración española el temario funciona como un texto sagrado.

Los cuatro años de preparación no son una exageración retórica: es el tiempo que se le atribuye a la protagonista en los propios comentarios. Quienes defienden el método señalan que la memoria es un músculo y que sin ella no hay oficio jurídico. Quienes lo atacan responden que un juez no necesita citar el código: necesita interpretarlo.

¿Por qué España selecciona por memoria y no por conocimiento?​

Porque el sistema de oposición pura convierte el temario en una carrera de fondo donde gana quien mejor reproduce, no quien mejor razona. El contraste internacional que más se repite es el francés: allí, según se sostiene en el hilo, se concursa puntuando estudios y experiencia previa, incluso para la judicatura. La escuela de Burdeos dura 31 meses sin salario, el año posterior como auditeur se paga poco más que el SMI y se accede con un BAC+7, es decir, con grado y máster, rondando los 24 o 25 años.

El resultado francés también es duro: hasta casi los 30 no entra un sueldo superior al de un camarero. Pero el filtro mide otra cosa. En EEUU, para sentarse en un tribunal hay que llevar diez años ejerciendo como abogado, mientras que en España basta con recitar 50 temas y no haber pisado un juzgado en la vida, según el resumen más repetido.

El negocio que rodea al temario: preparadores y editoriales​

El temario no es solo un método: es un mercado. Una parte del análisis sostiene que el sistema se mantiene intacto porque hay gente viviendo muy bien de él, y cifra en hasta 4.000 euros extra al mes lo que pueden sumar los preparadores que ya son funcionarios, mientras las editoriales de oposiciones venden cursos, clases y actualizaciones a un público cautivo que no tiene alternativa real.

Frente a eso, otra corriente recomienda lo obvio y casi revolucionario: no comprar nada, ir al BOE y a los recursos públicos, construir el propio temario. El problema es que quien trabaja no tiene tiempo para construirlo ni dinero para comprarlo.

El origen social de la plaza​

Cuatro años de carrera más cinco o más de oposición son una década sin ingresos o con ingresos de subsistencia. Solo se la pueden permitir las familias que financian el proceso durante años, lo que convierte la meritocracia en una cuestión de patrimonio previo. Cuando por fin se aprueba, el funcionario en prácticas ya cobra el sueldo base de su grupo (A1 o A2) más los complementos del puesto donde practica.

Hay un detalle que suele esquivarse: las plazas cuentan con un número elevado de excedencias. En cuerpos como el de Abogados del Estado se convoca por encima de las necesidades de reposición, y la plaza acaba funcionando como un supermáster que abre puertas en la empresa privada mientras el Estado mantiene la estructura.

El filtro previo: 50.000 candidatos para 100 plazas​

En las oposiciones masivas el problema se agrava. Para plazas de auxiliar, los test psicotécnicos llegan a ser un tercio del primer examen: no miden conocimiento jurídico, miden velocidad y resistencia. Con decenas de miles de aspirantes para un centenar de plazas, el embudo no selecciona al mejor: selecciona al que no se rompe.

En cuerpos medianos y locales el filtro es otro, y más opaco. Los exámenes orales ante tribunales que no siempre son profesionales premian, según relata un opositor, a quien no se calla aunque diga poco. Sobre las oposiciones locales planea además la sospecha repetida de enchufes y avisos previos con temario acotado, una acusación que circula desde hace años sin que nadie la haya demostrado en firme.

Tres años después, los vídeos ya no están​

El rastro se apaga. Años más tarde, quien vuelve al asunto comprueba que los vídeos originales de la protagonista se borraron y resume el balance con una frase seca: cinco años tirados a la basura. Puede que aprobara y esté trabajando. Puede que no. Nadie lo sabe.

Y aquí aparece la pregunta incómoda, la que sobrevive a todos los análisis sobre memorización, tribunales y preparadores. ¿Importa más si aquella mujer sacó la plaza, o el hecho de que decenas de miles de personas se preparen durante años para un examen que premia exactamente lo que ella hacía?