Hablemos en serio de las oposiciones a administrativo del Estado. Gente que va a tener un trabajo de por vida por conocimientos obsoletos.

Administrativo del Estado: 1.400 € netos y un temario ya obsoleto​

¿Cuánto hace falta para aprobar una oposición de administrativo del Estado? La respuesta que ha encendido la discusión es incómoda: unos meses de estudio serio. A cambio, un puesto fijo, jornada de mañana y unos 1.400 euros netos al mes hasta la jubilación. La convocatoria de este año pone sobre la mesa 2.150 plazas, a las que se suman otras 1.500 de auxiliares administrativos, y un temario repartido entre un 70% de derecho —la Constitución y un puñado de normas— y un 30% de ofimática que sus críticos describen como «de nivel bajísimo»: Excel, Word, Access y LibreOffice.

Ahí está el nudo del asunto. Blindar de por vida un puesto cuyo contenido se parece mucho a lo que ya resuelven las herramientas automáticas. ¿O no tanto?

Qué se pregunta de verdad en la oposición​

El 70% de derecho no es un adorno. Quien defiende el diseño del examen recuerda que la Constitución es la norma suprema y que preguntar por ella en una oposición al Estado es de cajón. El temario legal, además, no son cuatro folios: entre contratos, procedimiento administrativo y normativa sectorial se superan las 4.000 páginas, y solo la ley de contratos se lleva cientos.

Hay un matiz que suele perderse en la bronca. El examen funciona como filtro de aptitud: quien aprueba no sabe aún a qué destino irá, y allí aprenderá el oficio concreto. La parte teórica sirve para ordenar candidatos, no para describir el puesto. Un examen no es un manual de instrucciones.

El sueldo real: 1.400 € netos y el techo del Cuerpo de Gestión​

Los 1.400 euros netos son el punto de partida del cuerpo general. La cifra sube con la antigüedad y el nivel consolidado. En destinos de Justicia se mencionan nóminas de 2.400 euros limpios al cubrir una vacante, aunque la comparación honesta obliga a distinguir escalones: en Gestión —el tramo A2— una nómina alta suma nivel 26 consolidado, productividad y más de doce años de antigüedad, y supone casi el techo del grupo.

El debate se enreda precisamente ahí. Mezclar auxiliar, administrativo y gestión en una sola cifra es el error más repetido en cualquier discusión sobre retribuciones públicas.

¿Podría la IA hacer el 80% de ese trabajo?​

La tesis más repetida sostiene que la inteligencia artificial ya asumiría una mayoría de las tareas administrativas, hasta un 80%. El contraargumento no es sentimental: aplicar criterios de interpretación de las leyes, adaptar la norma al caso concreto y justificar por escrito la decisión no equivale a rellenar un formulario. Los administrativos de la AGE no interpretan las leyes, aplican criterios de interpretación que son públicos y consultables.

Hay una segunda pata del problema, menos vistosa y más cara. La administración electrónica sigue a medio camino: trámites que deberían ser electrónicos obligatorios se presentan en papel, y actuaciones ya digitales pasan por revisión manual sin necesidad evidente.

Consultoras: el trabajo que se externaliza o se duplica​

Una parte del diagnóstico apunta fuera del funcionario. Se argumenta que buena parte de la carga se externaliza vía consultoras y empresas adjudicatarias, que los fallos de esas empresas acaban repercutiendo en el personal público y en el ciudadano, y que ciertos organismos operan como un reloj precisamente por eso: Hacienda y Tráfico tienen los procesos automatizados desde hace años. La objeción es razonable: automatizar es más fácil cuando el proceso es simple y masivo.

Cuánto cuesta sumar plazas cada año​

La crítica de fondo no va contra el opositor, sino contra el volumen. 2.150 administrativos más 1.500 auxiliares cada ejercicio, año tras año, en un país donde la administración y las pensiones concentran el gasto. Frente a eso se plantea un escenario de prejubilaciones parciales y amortización de plazas, con el precedente de la banca, Telefónica y el automóvil hace dos décadas. Es una hipótesis, no un plan anunciado, y como tal conviene leerla.

Sobre el volumen total hay una referencia que se repite: los cálculos del antropólogo David Graeber sobre empleos que no aportan valor, cifras que otros autores elevan aún más. Discutibles, pero con base cuantitativa.

Teletrabajo: tres días sobre el papel​

El acuerdo entre Gobierno y sindicatos permite hasta tres días semanales de teletrabajo. En la práctica, en la Seguridad Social se queda en un día y supeditado a la necesidad del servicio; en algunos organismos se ha pasado de tres a dos, con días fijos para todo el mundo. La brecha entre lo pactado y lo aplicado explica buena parte del ruido.

Añádase el dato que descoloca a los más cínicos: existe un perfil de trabajador privado que se pasó al sector público y describe el cambio como la mejor decisión de su vida, con menos sueldo y mucha más tranquilidad. Cada cual valora lo que pierde y lo que gana.

La máquina que iba a sustituirlos, mientras tanto, según los más entusiastas ya controla el ratón. Lo que sigue sin hacer es estampar sellos, tomar café o votar en unas elecciones sindicales. De momento.