Pregunta seria: ¿qué van a hacer los funcionarios administrativos en 5 años?

La IA puede hacer el 99% del trámite: la plaza sigue blindada​

La inteligencia artificial no va a despedir a ningún funcionario español. Aun así, es la amenaza más seria que se ha cernido sobre una plaza administrativa desde que existen las oposiciones. El cálculo que se repite donde se discute el asunto es brutal: entre el 50% y el 99% de la carga de trabajo administrativa podría automatizarse en pocos años, según las estimaciones más agresivas. El problema no es tecnológico. Es qué se hace con las personas que ocupan esos puestos.

Qué promete la IA en la Administración​

El punto de partida del planteamiento es incómodo: las convocatorias de empleo público se han multiplicado, buena parte de ese trabajo consiste en tabular y registrar datos, y una IA conectada a una web comprensible para el ciudadano podría descargar entre el 50% y el 80% de la carga administrativa en cinco años. La versión maximalista del mismo cálculo llega al 99% de los procesos.

Lo llamativo es que para la mayor parte del ahorro no hace falta IA. Con programación convencional se extraen y tabulan decenas de miles de archivos en segundos. El cuello de botella nunca fue técnico.

De la máquina de escribir a la pantalla: la digitalización que no cambió nada​

La transición digital de la Administración consistió, en buena medida, en trasladar el mismo impreso de papel a una pantalla. Eso no es transición informática: es cambiar de soporte y seguir haciendo a mano lo que un programa resuelve solo. El balance de esa etapa se resume con sorna: en términos informáticos, cero.

Sobre por qué no se avanzó más hay una explicación que se repite: la sustitución de la máquina de escribir fue lo único que se autorizó, y lo demás se ignoró. Otra parte del análisis apunta a que la tabulación de datos está externalizada.

Por qué el número de empleados públicos nunca baja​

La serie histórica invita al escepticismo. Según la reconstrucción que circula, hubo dos grandes impulsos de empleo público: uno al inicio de los gobiernos de Felipe González y otro con la descentralización de la Administración General del Estado en 2001, pactada entre los dos grandes partidos. Con las competencias repartidas, las autonomías multiplicaron personal y salarios sin control efectivo.

La crisis de 2009 recortó algo de empleo público, no por convicción sino por incapacidad de seguir financiando la expansión. No se despidió a nadie. A eso se suma una estructura fuertemente sindicalizada y una clase política en la que, según se sostiene, abundan los funcionarios en excedencia. Hay quien extrae de ahí una conclusión cínica: la función pública tampoco serviría para dar mejor servicio, sino para sostener la cifra de empleo y colocar a una parte del personal.

Hay quien va más lejos y sostiene que apenas un 10% de la plantilla mantiene el servicio en pie y que el resto cumple una función estadística. Es una afirmación sin respaldo documental, pero explica por qué nadie espera que la nómina se toque.

El trámite que todavía exige papel y cola​

Los ejemplos concretos retratan mejor el sistema. Quien tramita una licencia de obra descubre que entre los documentos exigidos está la carta de pago de un impuesto que solo se entrega presencialmente; si se presenta la solicitud por vía telemática, hay que adjuntar esa carta. La salida es presentar un papel en blanco, registrar la entrada y esperar: si en 20 días no hay respuesta, la licencia se entiende concedida y entonces se emite el pago.

Donde no hay que cobrar, la cosa se toma con más calma. Los permisos y licencias gratuitos, que dependen de un visto bueno administrativo, son los que acumulan los retrasos más largos. La obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos y figuras como el registro de funcionarios habilitados aparecen como el horizonte que dejaría sin sentido a buena parte de la plantilla.

¿Es un funcionario un redistribuidor de renta?​

Aquí el análisis se parte. Un auxiliar administrativo cobra unos 20.000 euros brutos anuales que vuelven al circuito en alquiler, comida y servicios: destruir ese puesto destruye también la demanda que sostiene a fontaneros, transportistas y dependientes. Ese es el argumento de una parte.

La réplica es que ese sueldo lo pagan todos, incluidos los que ya están expuestos a la automatización y no tienen red. Y que el problema no es el número total de empleados públicos, sino su asignación: si sobran administrativos y faltan enfermeras, la decisión no es política, es aritmética.

La paradoja: más tecnología, más burocracia​

Existe una predicción incómoda. La productividad mejora con la tecnología, pero no necesariamente el servicio: como se podrán procesar más datos, la maquinaria puede aumentar el número de trámites y de normas hasta el infinito, con un modelo de lenguaje redactando decretos y multiplicando la burocracia. Con el remo más hidrodinámico, el remero recibe el doble de latigazos para bogar diez veces más rápido.

Reconvertir, prejubilar o esperar sentado​

Las salidas que se manejan van del optimismo a la resignación. Una: reconversión, igual que se pasó del papel de calco al ordenador, ahora se pasaría de administrativo a operador de IA. Otra, más terrenal: el trabajo se reduce a encender el sistema a las 8:30 y apagarlo a las 15:00. Hay también quien cree que la plaza se blindará por ley y nadie tocará el empleo público.

Y una tercera vía, la más pesimista: que el ajuste no llegue por decisión política, sino por colapso. Cuando el sector privado empiece a destruir empleo neto por la automatización, el sector público no podrá sostener la estructura actual. El plazo que se apunta ronda las cinco décadas. Nadie firma esa apuesta.

Lo más probable, si se mira la serie histórica, es que la plantilla no baje y que el número de trámites crezca para justificarla. Si esa predicción falla alguna vez, fallará por la puerta que nadie vigila: la del sector privado.