Esto es muy grave, chicos

Pumpido y la frase sobre Vox que sacude el Constitucional​

La publicación de unas declaraciones atribuidas al presidente del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner el foco donde más duele: la imparcialidad del máximo garante de la Carta Magna. Según la información difundida, Conde-Pumpido habría afirmado que, mientras él ocupe la presidencia, Vox no ganará ningún recurso de amparo ni de inconstitucionalidad. La cita, recogida por Libertad Digital, se ha leído como una declaración de intenciones y no como una simple bravata de pasillo.

El detonante no es nuevo. Pumpido fue fiscal general del Estado con el Gobierno de Zapatero y en su currículum público figura la defensa de la negociación con ETA. Ese recorrido es el que alimenta la desconfianza de una parte del arco político cada vez que el tribunal se pronuncia sobre un asunto con color partidista.

Qué se atribuye exactamente a Conde-Pumpido​

La frase que ha corrido como la pólvora es una promesa de resultados: que ningún recurso presentado por Vox prosperará mientras él presida el órgano. Ninguna sentencia firme, ninguna resolución formal. Una declaración. Y ahí está el problema, porque un tribunal no se juzga solo por lo que decide, sino por la apariencia con la que decide.

Hay quien sostiene que una afirmación así bastaría para exigir el cese inmediato. Otros van más lejos y hablan abiertamente de prevaricación, un delito que exige dictar una resolución injusta a sabiendas y que, subrayan, no se deduce de unas declaraciones por graves que suenen. En el lado contrario, el argumento más repetido es el de siempre: que el tribunal es político por diseño y que la única novedad es que ahora se dice en voz alta.

El cálculo que deja a Vox sin recurso de inconstitucionalidad​

La vía para impugnar una ley ante el Constitucional no está al alcance de cualquiera. Un recurso de inconstitucionalidad exige el aval de cincuenta diputados o de instituciones como el Defensor del Pueblo o los ejecutivos autonómicos. Sin esa llave, el partido afectado se queda fuera del tablero y solo le queda el amparo, reservado a derechos fundamentales y de recorrido mucho más estrecho.

De ahí que el análisis dominante sea estratégico antes que jurídico. Si la cifra de escaños no se alcanza, el tribunal deja de ser un árbitro al que se pueda recurrir y pasa a ser un escenario donde solo entran los que ya tienen llave. Las cuentas que circulan apuntan a que Vox no volverá a reunir esos cincuenta diputados, lo que convertiría la advertencia en una profecía autocumplida.

Y hay un detalle que se cita como prueba del sesgo: el tribunal habría tumbado ya tres recursos de Vox estudiados bajo la presidencia de Pumpido. Aislado, el dato no demuestra nada —también puede significar que los recursos eran malos—, pero en el contexto de la frase adquiere otro significado. Una parte del análisis añade que, con semejante declaración sobre la mesa, la seguridad jurídica de cualquier litigante que no comulgue con el criterio del tribunal queda en entredicho.

La separación de poderes, en cuestión​

El debate de fondo es si España tiene un problema de diseño o un problema de personas. Una corriente sostiene que el mal es estructural: que un órgano cuyos miembros nombran los partidos difícilmente puede ser neutral, y que lo ocurrido es solo la cara visible de un reparto de cuotas que viene de lejos.

La otra corriente subraya que la politización no empezó con él y cita, como ejemplo, la tardanza en resolver sobre el confinamiento. Ese caso, según este relato, se cerró dos años después con una conclusión que cualquier estudiante de secundaria habría alcanzado hojeando la Constitución. No es una defensa del presidente; es un argumento sobre el decorado.

Entre ambos extremos aparece un razonamiento incómodo: si en un país con estándares democráticos mínimos una frase así forzara una dimisión en veinticuatro horas, que el presidente siga en su sitio dice menos de él que del sistema que lo sostiene. El statu quo judicial aguanta casi cualquier cosa.

La trastienda de la renovación del Constitucional​

El origen inmediato del ruido está en la negociación de la renovación del tribunal. Según la versión que se dio entonces, el PP ya intentó pactar en octubre que Conde-Pumpido no presidiera el órgano, y la respuesta que recibió fue que esa decisión corresponde a los propios magistrados. Poco después, esos mismos magistrados lo eligieron presidente.

Desde entonces, cualquier resolución del tribunal sobre un asunto sensible se lee con el filtro de aquel nombramiento. Un reparto de cuotas judiciales que, según uno de los relatos más citados, se extiende desde 1985, cuando el Gobierno socialista empezó a tejer su influencia en la cúpula judicial.

Nadie espera consecuencias reales​

La pregunta práctica es qué pasa ahora. Y la respuesta, con los datos sobre la mesa, es que probablemente nada: no se ha abierto ninguna investigación, no hay acusación formal y el escenario más plausible es que el asunto se diluya entre declaraciones, desmentidos y alguna rectificación de boquilla hasta la próxima polémica.

Lo que queda es la sensación de que el listón se ha movido otra vez. Un presidente del Constitucional al que se atribuye haber anticipado el sentido de sus resoluciones; un partido que se queda sin llave para recurrir; y un debate sobre la justicia que ya no discute sentencias, sino legitimidades. Ahí, exactamente ahí, se atasca el análisis.