Estoy hasta la banana de los bowling de Sanchez que repiten como loros que NO hay pruebas contra el fiscal general.

Las pruebas contra García Ortiz existen: la nota que él mismo dictó y la destrucción del móvil​

La afirmación de que no hay pruebas contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es, cuando menos, un ejercicio de contorsionismo jurídico. Quienes la repiten —con la disciplina de un coro alineado con Moncloa— ignoran o silencian cuatro elementos clave que el propio sumario recoge: una nota interna de la Fiscalía que revela contenido secreto de un correo electrónico; la autoría de esa nota por el propio García Ortiz; su exigencia de tener ese correo en su poder; y que efectivamente lo recibió. A eso se suma un detalle que cualquier manual de instrucción criminal considera revelador: la destrucción de su teléfono móvil justo cuando la investigación apretaba.

La nota de Fiscalía como prueba del delito​

El origen del caso es una denuncia ciudadana por revelación de secretos. El denunciante presentó una nota de la Fiscalía que contenía información reservada de un correo electrónico. Según el análisis de varios letrados, esa nota constituye en sí misma la prueba del delito: no es necesario que el correo original esté en la causa, porque la propia nota demuestra que hubo acceso y difusión de datos protegidos. El argumento de que «la nota puede ser un indicio, no una prueba» choca con la jurisprudencia: en España se ha condenado a personas por recibir una llamada de un delincuente, sin necesidad de grabación. La nota es un documento oficial que acredita que alguien con acceso a secretos los divulgó.

La destrucción del móvil: lo que hace un culpable, no un inocente​

Cuando una persona sabe que no ha cometido nada ilegal, lo lógico es entregar los dispositivos para que los peritos verifiquen su inocencia. García Ortiz optó por borrar el correo y los mensajes de su móvil. En el argot judicial, eso se llama «destrucción de pruebas» y es un delito autónomo con pena de prisión de uno a tres años. La pregunta que se hacen muchos abogados es: ¿por qué un fiscal general, que conoce la ley, actuaría así si estuviera limpio? La respuesta más probable es que tenía algo que ocultar. El precedente del ordenador roto a martillazos en otro caso famoso ya demostró que en España, a veces, destruir pruebas sale gratis. Pero aquí el Tribunal Supremo ha sido claro: la conducta es incompatible con la presunción de inocencia.

El contexto político: ¿cortina de humo o pieza de ajedrez?​

Además de las pruebas materiales, existe un móvil político incuestionable. La filtración del correo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso beneficiaba directamente al Gobierno de Sánchez al desviar la atención de otros escándalos. Quienes defienden a García Ortiz sostienen que todo es «fango de la turboderecha», pero los datos apuntan a que la filtración fue orquestada desde la cúpula fiscal. La reciente querella de Vox por tráfico de influencias y prevaricación añade una capa más: el ex fiscal general también habría obstaculizado la investigación del caso Leire Díez. La pregunta es si el Tribunal Constitucional, donde el PSOE tiene influencia, acabará anulando la condena.

La condena y sus consecuencias​

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por revelar datos reservados. La pena no implica prisión —al ser inferior a dos años— pero le obliga a abandonar la carrera fiscal. Sin embargo, el Constitucional podría revisar el caso si se admite el recurso de amparo. Mientras tanto, el ex fiscal ha recibido un premio Christa Leem, lo que algunos interpretan como un guiño de complicidad por parte del establishment progresista. La sensación de impunidad es palpable: «Sepelio del servicio», ironizan los críticos.

La realidad es que las pruebas están ahí: la nota, la destrucción del móvil, el móvil político. Negarlo no es defender la presunción de inocencia; es negar la evidencia. La pregunta no es si García Ortiz es culpable, sino si el sistema judicial tendrá los arrestos para ejecutar la condena sin interferencias políticas. Y visto lo visto, no apostaríamos por ello.

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