La Guardia Civil sostiene que los miembros de Jardun acusados de terrorismo tenían teléfonos vía satélite, manuales sobre actos violentos, datos de guardias civiles y coordenadas de dos zulos. Según ese relato, los mandos de la Ertzaintza no lo consideraron motivo suficiente para detenerlos.
La Guardia Civil sostiene que los miembros de Jardun acusados de terrorismo tenían teléfonos vía satélite, manuales sobre actos violentos, datos de guardias civiles y coordenadas de dos zulos. Según ese relato, los mandos de la Ertzaintza no lo consideraron motivo suficiente para detenerlos.
La Guardia Civil ha difundido su versión sobre el material intervenido a los miembros de Jardun acusados de terrorismo. Según ese relato, el grupo disponía de teléfonos vía satélite, manuales sobre actos violentos, datos personales de guardias civiles y las coordenadas de dos zulos con armas y explosivos. Es una descripción del equipo atribuido, no una sentencia: la causa sigue su curso y la calificación jurídica de los hechos corresponde a los tribunales.
Jardun es el nombre con el que se conoce al colectivo de abogados y activistas vinculado al entorno de la izquierda abertzale que fue investigado por presunta integración en ETA. La relevancia del material descrito no es menor. Un teléfono satelital permite comunicarse sin depender de la red móvil. Un manual sobre actos violentos apunta a formación. Un listado de guardias civiles y unas coordenadas de zulos con explosivos sitúan la investigación en el terreno de la preparación de atentados, siempre según la versión de la Guardia Civil.
El punto que centra la polémica es otro. Según la misma versión, los mandos de la Ertzaintza no consideraron ese conjunto de indicios motivo suficiente para detener a los acusados. La policía autonómica vasca tiene competencias en la investigación de delitos en su territorio, y su criterio sobre la detención es una pieza clave del caso. Que un cuerpo estatal y otro autonómico discrepen sobre la suficiencia de las pruebas no es excepcional, pero aquí la discrepancia afecta a la libertad de personas acusadas de terrorismo.
Conviene separar planos. La existencia del material y su contenido es lo que afirma la Guardia Civil. La valoración de si bastaba para detener es una cuestión jurídica que resolverán los jueces. Cualquier lectura que dé por sentada la culpabilidad de los acusados va más allá de lo que sostiene el atestado. Y cualquier lectura que descarte el material por la decisión de no detener tampoco se sostiene: son dos juicios distintos.
Los miembros JARDUN acusados de terrorismo, llevaban teléfonos vía satélite, manuales sobre actos violentos, datos personales de guardias civiles y coordenadas de dos zulos con armas y explosivos. Pero para los mandos de la ertzaintza no era suficiente motivo para detenerlos. pic.twitter.com/gcnNllG2zn
— JusticiaGC&PN Ver publicación en X