Felipe VI apela al Estado tras Ceuta: una muletilla sin destinatario
Hay una escena que resume el desconcierto institucional: el jefe del Estado anuncia su indignación y, en lugar de dirigirse al Gobierno, pide al Estado que actúe. Un ente sin rostro, sin presupuesto y sin competencias ejecutivas. La frase trasciende lo meramente solemne: delata un problema de atribución de responsabilidades.
Felipe VI ha seguido con «indignación» los «graves acontecimientos» de Ceuta y ha pedido que el Estado vele por la seguridad de los ceutíes y melillenses y que estos hechos no se repitan. El comunicado suena rotundo, pero no concreta instrumentos. Mientras, en un plano más terrenal, la factura de mantener la frontera sur de Europa sigue creciendo: vallas, efectivos, acogida y presión sobre los servicios públicos de las dos ciudades.
¿A quién se dirige la Corona cuando habla del Estado?
La fórmula es jurídicamente imprecisa. El Estado no es un sujeto que actúe: actúan el Gobierno, las Cortes, la oposición, los jueces. Se ha señalado que el único mecanismo capaz de asegurar Ceuta y Melilla frente a una entrada masiva es el estado de sitio, contemplado en el artículo 116 de la Constitución, que exige mayoría absoluta del Congreso. Es decir, la decisión no depende de la Corona, sino de un acuerdo político que hoy no parece sobre la mesa.
También hay quien sostiene que la máxima autoridad real del país son los jueces y que el Ejecutivo está atado de manos. En ese escenario, la apelación del Rey al Estado sería un gesto vacío, una forma de pedir que haga algo quien no puede hacer nada sin pasar por los mecanismos ordinarios.
La pregunta queda en el aire: si la Corona no puede señalar al Gobierno sin romper su neutralidad, y el Estado es una entelequia, ¿quién asume el coste de la próxima crisis en la valla?