Francia decreta toques de queda para los menores de 13 años por el aumento de la inseguridad en las calles

Francia debate toques de queda a menores de 13 años por la inseguridad​

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, lo dijo sin rodeos: «las mafias utilizan las redes de menores para sus actividades ilícitas». La respuesta municipal ha sido un toque de queda para los chavales de menos de 13 años. La medida, presentada como protección de la infancia, ha abierto una grieta en el relato oficial: si el problema son las bandas que reclutan a críos, ¿por qué se encierra a los críos y no se persigue a las bandas?

¿Qué ha pasado en Francia con los menores de 13 años?​

La decisión municipal llega después de que el Tribunal Constitucional francés tumbara 32 de los 86 artículos de la ley de inmigración, incluidos los más duros. Ese mismo tribunal, compuesto en gran parte por ex políticos de alto rango, anuló también un acuerdo de visados para británicos adinerados. El resultado es un país donde la seguridad se gestiona a base de parches locales mientras la política nacional se atasca en los tribunales.

Hay quien sostiene que el toque de queda es una medida cosmética: los menores de 13 años no son el problema, sino el instrumento. Las mafias los usan porque son inimputables. Encerrar a los niños en casa a las 20:00 deja la calle libre para los que sí delinquen. La crítica más repetida es que se castiga a la víctima potencial y se protege al victimario real.

Toque de queda en Francia: ¿seguridad o estado policial?​

El debate no es nuevo. En los últimos años, varias ciudades francesas han experimentado con restricciones horarias para menores. Lo que cambia ahora es la escala y el argumento: ya no se vende como medida de orden público, sino como protección infantil. Es un giro narrativo que permite aprobar lo que antes era impensable.

La oposición a estas medidas no viene solo de la izquierda. Hay un malestar transversal: el ciudadano que ve cómo le prohíben salir de noche mientras el que le roba el móvil sigue en la calle. Es la sensación de que el Estado ha renunciado a lo esencial —perseguir el delito— y se dedica a gestionar la convivencia con horarios. Como si la inseguridad fuera un problema meteorológico y no una cuestión de orden público.

El contexto europeo: Dinamarca reconoce el error​

Mientras Francia debate toques de queda, en el debate se apunta que Dinamarca ha empezado a reconocer tímidamente el error de importar tercer mundo sin control. No es un giro ideológico, sino una constatación empírica: los países que han aplicado políticas de puertas abiertas están revisando sus resultados. Francia, en cambio, sigue atrapada en la discusión entre los que niegan el problema y los que lo explotan electoralmente.

El resultado es un Estado que legisla a golpe de decreto municipal, que tapa agujeros con medidas simbólicas y que deja a los ciudadanos con la sensación de que nadie está al mando. La seguridad se ha convertido en un bien de lujo: quien puede, se muda a barrios cerrados; quien no, se queda a merced de las bandas.

¿Qué pasa con los padres y las familias?​

El toque de queda traslada la responsabilidad a las familias. Si un menor de 13 años está en la calle a las 20:00, la multa es para los padres. Es un modelo que funciona en teoría —refuerza la autoridad parental— pero que en la práctica castiga a quienes ya tienen dificultades para controlar a sus hijos. Las mafias no reclutan a niños con padres presentes; reclutan a los que no los tienen.

La medida también ignora una realidad incómoda: muchos de esos menores no están en la calle por rebeldía, sino porque sus familias no pueden pagarles extraescolares o porque viven en entornos donde la calle es el único espacio de socialización. El toque de queda no les da alternativas; solo les prohíbe existir en el espacio público.

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La pregunta que queda en el aire es si estas medidas se extenderán a otras ciudades francesas y si servirán para algo más que para maquillar las estadísticas. Con los datos disponibles, la predicción más prudente es que el toque de queda no reducirá la criminalidad, pero sí aumentará la sensación de que el Estado ha dejado de proteger a los suyos. Y eso, a largo plazo, es más peligroso que cualquier banda.