Madrid cierra al grifo a los pisos turísticos:

Madrid suspende las licencias de pisos turísticos y multa a los ilegales con hasta 190.000 euros​

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido mover ficha. Desde el mismo jueves en que se anunció, quedan suspendidas todas las licencias nuevas de viviendas de uso turístico (VUT) mientras se tramita una nueva normativa, y también se prohíbe la transformación de locales comerciales en viviendas en los ejes comerciales del distrito Centro. La medida la presentó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la Junta de Gobierno, y llega con un endurecimiento del régimen sancionador que puede alcanzar los 190.000 euros para quien opere sin autorización. El plan incluye además la publicación de un listado oficial con la ubicación exacta de los pisos legales y el refuerzo de la plantilla de inspectores. La pregunta que sobrevuela el sector es si esto es el principio del fin de la barra libre o un simple parche electoral.

Qué se suspende exactamente y hasta cuándo​

La aprobación inicial de la Modificación del Plan General se llevará a la Junta de Gobierno el próximo mes de septiembre, para someterla después a información pública, y se prevé elevarla a Pleno en el primer trimestre del año siguiente. Hasta entonces, se congelan las licencias para VUT en dos tipos de usos dentro del ámbito territorial que contempla el Plan Especial de Hospedaje: los anillos 1, 2 y 3. En concreto, para uso residencial se suspenden las licencias para VUT dispersas y las licencias para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro.

El objetivo declarado por el Gobierno municipal es incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro atrayendo nuevos vecinos, ordenar la oferta turística ofreciendo un turismo de calidad, mejorar la vida de los madrileños afectados por las molestias de algunas VUT y dotar de mayor seguridad a los turistas que opten por este tipo de alojamiento. Sobre el papel, suena razonable. En la práctica, queda por ver cuánto tarda en notarse.

Multas de hasta 190.000 euros y más inspectores​

El endurecimiento sancionador se apoya en el artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. El procedimiento arranca con un primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad; si el propietario no cumple, llega la sanción, que puede alcanzar los 190.000 euros. Además, se publicará un listado con el número y la ubicación exacta de los pisos turísticos legales y se reforzará la plantilla de inspectores.

Hay quien sostiene que la medida llega tarde y que el daño al mercado residencial ya está hecho. Otros apuntan que el verdadero negocio no está en el propietario individual, sino en las gestoras que operan cientos de pisos y que ahora verán cómo su modelo de expansión se topa con un techo regulatorio. La patronal madrileña de gestores de alquiler vacacional, Madrid Aloja, ya ha calificado las medidas de «ineficaces» y sostiene que retrasan una respuesta justa y efectiva. Su argumento de fondo: si se restringe la oferta, los hoteles se encarecerán como en Nueva York.

El cupo cerrado: ¿protección vecinal o negocio para los ya instalados?​

Una de las lecturas más repetidas es que esto crea un cupo cerrado. Quien ya tiene licencia, la conserva y ve cómo su activo se revaloriza al desaparecer la competencia futura. Quien pretendía entrar, se queda fuera. El paralelismo con el taxi y las VTC aparece una y otra vez: primero se limita el número, después se especula con la licencia. Hay quien lo llama capitalismo de amiguetes y quien simplemente lo llama regulación. Lo cierto es que el propietario que ya estaba dado de alta en los registros de viviendas vacacionales sale ganando, al menos en el corto plazo.

Frente a eso, el argumento de los defensores de la medida es que un bien de primera necesidad no puede quedar en manos de la ley de la selva. Y el de los críticos, que restringir la oferta turística sin tocar el suelo disponible no abaratará el alquiler residencial, solo lo hará menos rentable para el propietario pequeño.

Lo que dicen los vecinos y lo que se cuela por la puerta de atrás​

El problema de convivencia es real y está documentado en los juzgados: pisos que operan sin licencia, fiestas a la una de la mañana, entradas y salidas cada semana. La inspección masiva es la asignatura pendiente. Según algunos cálculos que circulan, más del 90% de los pisos turísticos de Madrid operarían sin licencia, lo que da una idea de la dimensión del fraude. Si eso es así, la suspensión de nuevas licencias es casi cosmética mientras no se persiga lo que ya funciona al margen.

El detalle que descoloca: la norma no impide alquilar un piso a un turista sin pasar por plataformas. Basta con hacerlo de forma directa. La suspensión de licencias no cierra el grifo del alquiler vacacional, solo lo hace más difícil de rastrear.

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Queda la pregunta incómoda: si el problema es la falta de vivienda residencial, ¿por qué no se construye más? Con los precios donde están y el suelo en manos de unos pocos, suspender licencias turísticas puede ser solo maquillaje. O puede ser el primer ladrillo de algo distinto. A la fecha de esta discusión, el plan sigue en fase de tramitación y las gestoras preparan su contraataque.