Fuga de ricos a Portugal tras el aval del Constitucional al impuesto a grandes fortunas

El aval al impuesto a fortunas activa la fuga a Portugal​

El 7 de noviembre el Tribunal Constitucional avaló el impuesto a las grandes fortunas. Ese mismo otoño, Portugal —que había anunciado a inicios de octubre la supresión de su régimen fiscal para residentes no habituales, el equivalente luso de la Ley Beckham— dio marcha atrás: el Partido Socialista portugués presentó una enmienda a sus Presupuestos de 2024 para prorrogar su aplicación un año más.

La secuencia tiene su retranca. Un país cierra la puerta por la crisis de vivienda; el vecino la reabre justo cuando el suyo la cierra. Y en medio, una oleada de llamadas de contribuyentes con patrimonio alto a despachos de abogados en busca de un cambio acelerado de residencia fiscal. El detonante no es una ley nueva, sino un aval judicial.

Qué cambia en Portugal tras el fallo del Constitucional​

Según se sostiene en el hilo, el régimen portugués no se suprime del todo: se reordena. La prórroga dejaría vías abiertas para quienes se instalen bajo actividades de investigación científica, inversión y desarrollo empresarial. Las compañías tecnológicas —con Google y otras grandes ya trasladando personal hacia allí— conservarían su entrada, igual que profesionales cualificados e inversores.

Aun sin el régimen especial, hay quien afirma que la fiscalidad lusa sigue siendo más blanda que la española. No existe impuesto al patrimonio en Portugal, una figura de la que, según esa tesis, España es prácticamente el único país del mundo que aún la mantiene. Para un gran patrimonio, la diferencia no es de matiz: es la línea que separa seguir viviendo aquí o hacer las maletas.

Cómo se paga el impuesto de patrimonio según el tipo de riqueza​

El impuesto de la discordia se describe en el hilo como un 3% sobre el patrimonio total. Un ejemplo que se plantea es el del dueño de una fábrica valorada en 500 millones que emplea a 3.000 trabajadores y que, con independencia de si el negocio va bien o mal, debe pagar cada año una cantidad sobre esa tasación. El problema, se argumenta, es que el patrimonio no es dinero en el banco: es el coche, el terreno, la industria. Y su valoración puede resultar desproporcionada.

Frente a eso se menciona la vía de la sociedad patrimonial. Un patrimonio elevado puede canalizarse, según esa explicación, a través de estructuras que no tributan en el impuesto de patrimonio, con una ventaja añadida: los beneficios tributan al 25% y los dividendos repartidos quedan exentos del IRPF. El resultado, según ese cálculo, es que quien tiene mucho puede acabar pagando un porcentaje menor que un asalariado medio-alto.

No es una puerta abierta para todos. Montar y mantener estas sociedades tiene costes y, según el mismo razonamiento, no compensa salvo con volúmenes grandes de patrimonio. Quien tiene un sueldo alto, bonus o un patrimonio mediano se queda sin el atajo. El desglose fino de cómo se articulan estas estructuras —con las consultas tributarias y el detalle de la retención de dividendos— es donde el asunto se vuelve verdaderamente técnico.

¿Quién es rico según Hacienda?​

La cifra que más incomoda no es el porcentaje del impuesto, sino el umbral. Según un participante, para el fisco todo el que gane más de 30.000 euros brutos al año ya pertenece a la clase media-alta y, por tanto, es candidato a exprimir.

Hay quien lo lleva más lejos: el listón de lo que se considera rico apenas ha subido con los años, hasta el punto de que quien gana 20.000 euros anuales puede caer dentro del saco. En la práctica, eso son algo más de mil euros al mes. Con hijos y una hipoteca, en buena parte de España, una familia con ese ingreso es directamente pobre. Ampliar el concepto hacia abajo no recauda más: solo difumina quién paga la fiesta.

Por qué Portugal no juega sola: Estonia e Irlanda como referencia​

El caso portugués se lee en clave de competencia fiscal dentro de la Unión. Un participante señala que Estonia aplica un tipo máximo del 20% con una simplificación notable y se ha convertido en uno de los centros de creación de compañías tecnológicas más exitosos de Europa en la última década. Otro sostiene que Irlanda funciona como imán por su posición entre Estados Unidos y el Reino Unido, su idioma y su diáspora.

A esto se añade un cálculo incómodo para la tesis oficial: según uno de los intervinientes, la capacidad recaudatoria de los impuestos dirigidos a los patrimonios altos es mínima dentro del conjunto total de la recaudación. Y si el dinero se va, se va también lo que se pretendía gravar.

Las dos corrientes: expulsar capital o redistribuir​

Aquí el análisis se parte en dos relatos que apenas se tocan. Uno sostiene que gravar el patrimonio es confiscatorio y que el efecto es el contrario al buscado: se expulsa a quien crea empresas y tejido productivo, se deja atrás una economía empobrecida y se presiona a las clases medias y bajas, que no tienen con qué irse. Otro apunta a que el objetivo no es atraer ricos, sino mejorar la vida de los que tienen menos.

Entre ambas queda, como se repite en el hilo, la idea de que el dinero es cobarde. Cataluña lo comprobó, se argumenta, con la salida de empresas tras la incertidumbre política; España puede estar repitiendo el guion por otro motivo. Las empresas no se mueven por ideología, se mueven por seguridad jurídica.

¿Se van, en realidad? Quien tributa de verdad en otro país no es un fugitivo, simplemente se muda. Y quien se queda, ¿lo hace porque le conviene o porque no le queda otra?