Funcionarios al paro. Chica (mostrando atributos) denuncia a España y la UE

32 años de interina sin plaza: el vídeo que incendia el debate​

Una mujer lleva tres décadas encadenando sustituciones como profesora interina en Andalucía y sigue sin plaza en propiedad. Su hija lo denuncia en un vídeo que se ha convertido en el detonante de una discusión más amplia: ¿puede el sistema mantener a alguien 32 años en interinidad y pretender que a los 60 siga estudiando una oposición?

El caso, difundido con un formato que ha polarizado la recepción —la propia denunciante aparece en pantalla con un estilo que ha desviado buena parte de la atención—, ha servido para que salgan a la luz las costuras del modelo de acceso al empleo público en España. La pregunta de fondo no es nueva, pero el envoltorio ha hecho que esta vez el asunto llegue más lejos.

Qué significa ser interina 32 años​

Un interino no es funcionario de carrera. No tiene plaza en propiedad. Ocupa una vacante o sustituye a un titular de forma temporal. La ley laboral común establece que un trabajador con más de tres años encadenando contratos temporales en la misma administración debería pasar a indefinido no fijo, una figura que existe precisamente para evitar la precariedad perpetua. En la práctica, el sistema educativo ha convivido durante décadas con bolsas de interinos que acumulan años y años sin que nadie regularice su situación.

La mujer del vídeo tenía el máximo de puntuación en el apartado de antigüedad, según se desprende del caso. Pero en los procesos selectivos recientes, el baremo no se limita a los años trabajados: cuenta también la formación adicional, los cursos, los idiomas, una segunda titulación. Quien solo suma experiencia y no ha invertido en méritos complementarios se queda fuera cuando llega alguien más joven con menos años pero más puntos en el resto de apartados.

El baremo que nadie explica en el vídeo​

El sistema de oposición en España combina examen y concurso de méritos. En algunas convocatorias recientes, el peso del examen se ha reducido o directamente se ha convocado un proceso selectivo solo por méritos. Ahí la antigüedad tope —habitualmente diez años— se alcanza pronto, y la diferencia la marcan los cursos, las publicaciones, los títulos adicionales. Una persona que lleva tres décadas dando clase pero no ha hecho formación complementaria compite en desventaja frente a alguien con menos años y más currículum académico.

El resultado es una paradoja que el sistema no resuelve: cuanto más tiempo llevas, más difícil es que te renueven la ilusión por estudiar. Y a los 60, pedir a alguien que se ponga a preparar una oposición es, cuando menos, discutible.

La reacción: entre la solidaridad y el sarcasmo​

La recepción del vídeo ha sido un reflejo de la polarización española. Una parte del público ha señalado que el caso es real y que el sistema de interinidad perpetua es una anomalía que debería corregirse. Otra parte ha centrado su atención en la forma de comunicarlo: el tono, la puesta en escena, el hecho de que la denunciante aparezca en pantalla con un estilo que ha desviado el foco del problema de fondo.

Hay quien sostiene que la denunciante no cuenta la historia completa: que no menciona que el baremo premia méritos que ella no ha acumulado, que no explica por qué en 32 años no ha sacado la plaza, que no aclara si sigue trabajando o si se ha quedado sin nada. En contra pesa el argumento de que el sistema no debería permitir que alguien llegue a los 60 sin una solución, y que la responsabilidad no es solo del trabajador.

El fondo del asunto: interinos, plazas y empleo público​

El caso de esta profesora andaluza no es único. En sanidad, en educación, en administración general, hay miles de personas que llevan décadas encadenando contratos temporales en el sector público. La figura del indefinido no fijo existe precisamente para limitar esa situación, pero su aplicación ha sido desigual y ha generado litigios constantes.

La cuestión de fondo es si el sistema de oposiciones, diseñado para seleccionar a los mejores, sigue teniendo sentido cuando deja fuera a personas con décadas de experiencia real en el puesto. Y si la alternativa —privatizar, externalizar, convertir en indefinidos a todos los temporales— no genera problemas aún mayores.

El vídeo, con su envoltorio polémico, ha conseguido algo que los informes técnicos no logran: poner el foco en una anomalía que afecta a decenas de miles de personas. Que la discusión se centre en el escote o en el tono es, probablemente, la mejor prueba de que el problema sigue sin resolverse.