Funcionarios de la confederación hidrológica del júcar mandaron 18 correos electrónicos el día de la dana.

La CHJ dice que envió 18 correos la tarde de la DANA​

El 29 de octubre de 2024, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sostiene que mandó 18 correos electrónicos vinculados a la Cuenca del Poyo en las horas críticas del temporal. El informe de la UCO habla de «inexistencia de avisos». La CHJ responde con su propio manual: el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) contempla entre 25 y 30 minutos de desfase entre la toma de datos de un sensor y su visualización en el centro de control y en la web pública. En el hilo se repite además que el agua llegó a bajar a 1.600 metros cúbicos por segundo. Esa es la grieta por la que se cuela lo demás.

Un aviso que muere en la bandeja de entrada​

Dieciocho correos. Esa es la cifra con la que la CHJ sostiene que sí hubo comunicación. El detalle incómodo es otro: en el debate se repite que un correo no activa una evacuación. La pregunta que sobrevuela el asunto es quién lee 18 o 70 mensajes en dos horas mientras el barranco se llena. Lo que se echa en falta, según varios participantes, es una llamada, un teléfono que suene en el despacho correcto, una cadena humana que no dependa de que alguien refresque el correo.

La defensa técnica añade otra capa. El manual del SAIH contempla ese retardo de 25 a 30 minutos entre el sensor y la pantalla. Como resume un participante del hilo: «en cualquier industria con sensores de proceso, un desfase así sería el caos absoluto; un sensor de temperatura a 600 kilómetros dando datos cada minuto se monta con una tarjeta SIM y poco más». Para algunos intervinientes, que el sistema público tarde media hora en pintar el mismo dato no es una fatalidad técnica sino una decisión de diseño, que nadie ha explicado todavía.

¿Fue la CHJ, fue Mazón o fue el sistema entero?​

Aquí se rompe el consenso. Hay quien sitúa el núcleo de la responsabilidad en la Confederación, un organismo dependiente del Gobierno central que, según este relato, se escabulle mientras la Generalitat asume todo el desgaste público. Enfrente, otra corriente carga el peso sobre el presidente autonómico, Carlos Mazón, por su gestión de la emergencia y la tardanza en constituir el CECOPI.

El choque se reparte entre tres frentes. Primero, el operativo: hay quien sostiene que el 112 estaba colapsado antes de las 15:00 sin que eso disparara ninguna alerta interna. Segundo, el institucional: según ese mismo relato, el CECOPI no quedó mínimamente constituido hasta las 17:00, cuando el margen de reacción ya era mínimo. Y tercero, el político: cada bando señala el fallo del contrario para no mirar el propio. La tesis de que todos son culpables pero el principal es otro es tan cómoda que la sostienen los dos lados a la vez.

Lo que dijo la jueza de Catarroja​

La magistrada Nuria Ruiz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, dejó en un auto, según se cita en el hilo, una frase que condensa el problema: «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí». La conclusión, según esa lectura, es que el agua arrasó lo que arrasó, pero que las víctimas mortales no eran inevitables con un aviso a tiempo.

El matiz importa. Con los datos disponibles, la instrucción apunta, según quienes siguen el caso en el debate, a que hubo margen para alertar a la población y ese margen se perdió. Ni los daños ni las muertes están atribuidos a una persona concreta en firme, y el procedimiento sigue abierto. Pero la frase de la jueza desplaza el foco de la fatalidad meteorológica a la gestión de la emergencia. Justo donde ninguna parte quiere mirar.

El cauce que no se construyó y los bomberos que se retiraron​

El trasfondo es de infraestructuras. Según se recuerda en el hilo, el Plan Sur iba mucho más allá del nuevo cauce del Turia, pero las crisis de los 70 lo dejaron a medias y ningún gobierno de la democracia lo ha reanudado. Sin aquel cauce, añade ese relato, media ciudad de Valencia se habría inundado. La pregunta es qué obras pendientes siguen ahí para la próxima vez.

A eso se suma un detalle que apenas ha tenido eco: la retirada de los bomberos de las tareas de vigilancia de los barrancos. Si los expertos del centro de coordinación no supieron leer los pluviómetros ni el radar, y el 112 llevaba horas saturado, se sostiene que el fallo no fue de un sensor, sino de anticipación.

Con estos mimbres, en el debate ninguna institución sale limpia y ninguna asume su parte. La CHJ se escuda en su manual, la Generalitat en la CHJ y la política en el reparto de culpas. Mientras tanto, la próxima DANA está a la vuelta de la esquina y la pregunta sigue sin respuesta: quién aprieta el botón.