Gisbert Se encuentra en Moscú en los estudios de Rt. Se confirma que trabaja para Moscú

La foto en el estudio de RT reabre el pulso sobre Rubén Gisbert​

Un tuit con la imagen de un estudio de RT en Moscú ha bastado para reavivar la acusación que persigue a Rubén Gisbert desde que publica desde territorio bajo control ruso. El mensaje que abre la polémica reclama que se le detenga «en cuanto pise suelo europeo» por trabajar para los servicios secretos rusos y pide una orden de Interpol «ya». Son dos imputaciones muy serias. Ninguna viene acompañada de una resolución judicial.

El segundo reproche es más difuso y más repetido: que su labor, involuntaria o voluntariamente, sirve a los órganos de propaganda de guerra y que con ello contribuye a justificar crímenes de guerra. El texto añade que llegó «fácil» al territorio controlado por las fuerzas rusas y cierra con una referencia a Pedro Sánchez por no condenar la matanza de Bucha. Conviene separar el enfado legítimo de lo que se puede sostener ante un juez.

Qué se pide exactamente contra Gisbert​

La petición es literal: detención internacional, Interpol mediante, en el momento en que toque suelo europeo. Sobre la mesa hay dos acusaciones, colaboración con servicios de inteligencia y labor de propaganda, y ninguna de las dos se apoya en un auto, en una investigación abierta o en una filtración documentada. Es un reproche lanzado al calor de un tuit, no una causa.

A partir de ahí las réplicas se parten. Una corriente lo da por hecho y añade el móvil económico: «ahora mismo es millonario», sostiene una respuesta, que pide investigar para que quede acreditado que sirve a un régimen autoritario. El matiz —investigar antes de condenar— asoma incluso entre quienes menos simpatía le tienen.

¿Trabaja Gisbert para Moscú?​

No hay, en lo publicado, ninguna prueba de que sea un agente al servicio del Kremlin. Lo que hay son indicios indirectos que cada cual interpreta en la dirección que le conviene.

La sospecha fuerte se apoya en el contenido, no en documentos: que repite punto por punto los argumentos, justificaciones y explicaciones del Kremlin, y que se presenta como comentarista imparcial mientras su relato coincide con el de la diplomacia rusa. El ejemplo más citado es el de los supuestos escudos humanos en Mariupol, uno de los argumentos estrella de Lavrov.

En contra pesa un argumento de método: repetir la versión del Kremlin no convierte a nadie en empleado del Kremlin. «Por su trayectoria es poco probable que sea un agente ruso», concede la voz más matizada, antes de dejar caer la etiqueta intermedia: tonto útil. Otra apunta a una gira turística montada para occidentales que hacen el papel de invitados, y se especula incluso con que cobre por ello. Todo eso son hipótesis.

¿Se le puede detener por lo que dice?​

No hay base clara: España no está en guerra con Rusia. Es la objeción jurídica más repetida y la que descoloca la petición de partida.

Sobre ese punto el desacuerdo es total. Una respuesta lo resume en una pregunta corta: «¿Por qué deberían detenerle?» Otra recuerda que el terreno donde tendría sentido una detención es Ucrania, no Europa, porque es allí donde se le atribuiría la actividad. Frente a eso, la indignación no entiende de códigos: se habla de traición y hasta de reimplantar la pena de muerte para ese tipo de delitos. Una parte del público no pide derecho, pide castigo.

En medio se cuela la disputa sobre la libertad de expresión, con acusaciones cruzadas de censura. Meter a alguien en la cárcel por su forma de pensar se describe como fascismo en un mensaje y como simple aplicación de la ley en el siguiente. La comparación con el trato dado a los disidentes de la pandemia, señalados como negacionistas, aparece sin que nadie la haya llamado.

Del caso concreto a la guerra de relatos​

A medida que la discusión avanza, Gisbert deja de ser el asunto. La conversación se ensancha hacia la OTAN, hacia si España debe ser neutral y hacia qué intereses defiende de verdad el país. Una corriente sostiene que este conflicto no va con España y que meterse en él solo trae quiebra económica y riesgo de escalada nuclear; enfrente se responde que quien ha amenazado con armas atómicas es Putin y que quien le defiende se equivoca de bando.

La analogía más repetida para explicar la posición española es la del chaval de catorce años que enciende a dos pandillas rivales y luego mira desde la barrera cómo se pegan. Con esa imagen se describe la sospecha de que Ucrania arrastre a otros a una guerra que no es la suya.

El ruido de fondo: Marruecos, la OTAN y el enemigo verdadero​

Hay un tramo de la conversación que sirve para radiografiar el descontento acumulado. Se sostiene que el país se distrae mirando a Moscú mientras tiene un vecino del sur al que se define como un régimen tirano, y que una potencia militar propia e independiente defendería mejor las fronteras que confiar en los aliados anglosajones. La OTAN, en esa lectura, no protege: administra intereses ajenos.

También aparece una pregunta incómoda sobre las lealtades ideológicas, del tipo de si la democracia que algunos reivindican tiene algo que ver con lo que hay al otro lado, y una queja repetida de que criticar a un gobierno extranjero se ha vuelto una etiqueta para descalificar al vecino. El caso de Gisbert funciona como catalizador de todo eso, y por eso el volumen del enfado supera con creces lo que hay sobre la mesa.

Y de fondo, un desplazamiento previsible: de la acusación concreta a la culpabilidad de Estados Unidos, de los anglosajones y de sus guerras. ¿Cuánto de esta indignación es un juicio y cuánto es un tuit al que le hemos pedido que haga de sentencia?