Economía: Gracias, Señor Presidente. Y hasta nunca.

En junio de 2018 Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno con la vivienda como una preocupación residual para los españoles; en febrero de 2026, el 42,8 % la citaba como el primer problema del país. Ocho años de leyes, topes y ayudas después, comprar o alquilar una casa sigue fuera del alcance de buena parte de la población.

En junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura. Cuatro meses antes, la vivienda era una preocupación residual para los españoles, casi ausente de la lista de problemas que citaban en las encuestas. Ocho años después, en febrero de 2026, el CIS la situaba como el primer problema del país, mencionada por el 42,8 % de los encuestados. Entre una foto y la otra hay leyes, decretos, topes, ayudas y bastantes anuncios.

La vivienda pasa de preocupación menor a primer problema

Comprar una casa se ha ido alejando del alcance de muchos españoles. Para una parte creciente de la población el problema ya no es la compra: es pagar el alquiler cada mes. Durante estos años se han sucedido normas y medidas destinadas a facilitar el acceso, y el resultado, medido en preocupación ciudadana, es el contrario del que se buscaba.

La protección frente a los desahucios ocupó también un lugar central en los discursos. Los lanzamientos judiciales no desaparecieron: han seguido produciéndose decenas de miles, alrededor de 90 diarios, y en su mayoría relacionados con el alquiler. Ahí está la distancia entre lo anunciado y lo que ocurre en los juzgados.

Alquiler, desahucios y una presión fiscal mayor que en 2018

Sobre la carga fiscal se prometió alivio. Ocho años después, la presión fiscal es superior a la existente en 2018. Se puede discutir si ese aumento era necesario y a qué se ha destinado el dinero; el aumento, en cambio, es un dato.

Otro capítulo con final distinto al previsto fue la ley del «solo sí es sí». Su primera redacción se saldó con 1.205 reducciones de condena y 121 excarcelaciones, según el recuento del Consejo General del Poder Judicial. La norma tuvo que ser modificada después.

Amnistía, presupuestos prorrogados y el precio de la investidura

Se aseguró de forma reiterada que no habría amnistía para los responsables del procés. Después de las elecciones de 2023, los siete diputados de Junts resultaron determinantes para la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía que antes se descartaba terminó aprobándose. El Gobierno defendió que servía para normalizar la situación política en Cataluña; sus adversarios sostuvieron que fue el precio parlamentario de la investidura.

En materia presupuestaria, España sí tuvo nuevos Presupuestos Generales durante los primeros gobiernos de Sánchez. Los últimos aprobados por las Cortes son, sin embargo, los de 2023, y en 2026 continúan prorrogados. Las cuentas públicas llevan tres ejercicios funcionando con el marco del pasado.

Las inversiones ferroviarias y la mejora de los servicios públicos aparecieron también entre las promesas. España cuenta con una red de alta velocidad extraordinaria, pero los retrasos, las incidencias y los problemas de fiabilidad del ferrocarril, con accidentes mortales incluidos, se han convertido en una preocupación cotidiana para muchos usuarios.

Apagón eléctrico, Ceuta y la regeneración pendiente

Se habló de una energía más barata y más segura. El 28 de abril de 2025 ocurrió algo que parecía impensable en una economía europea desarrollada: la península ibérica y Portugal sufrieron un apagón eléctrico total. La investigación europea posterior determinó que el Gobierno no lo previó. Durante horas, buena parte de un país del siglo XXI comprobó hasta qué punto depende de que funcione aquello que normalmente se da por supuesto.

En 2026 llegó Ceuta. En apenas unas horas, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español. Dos meses después, alrededor de 30.000 permanecían todavía allí. Una frontera española y europea quedó sometida a una presión extraordinaria y fue necesario movilizar medios militares y policiales junto a recursos humanitarios y diplomáticos.

Y queda la regeneración democrática. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 con una moción de censura cuyo argumento central era la corrupción. Ocho años más tarde, distintos procedimientos judiciales investigan o han investigado actuaciones de personas relacionadas con el PSOE, con el Gobierno o con su entorno. Una investigación no es una condena y la presunción de inocencia debe respetarse siempre. Tampoco conviene fingir que esas investigaciones no existen, ni tratarlas como si ya estuvieran resueltas.

Un Gobierno responde de sus decisiones, de sus prioridades y, tras ocho años, también de sus resultados. La pregunta ya no es qué se prometió, sino qué España había en 2018 y qué España hay en 2026.