Guayana Esequiva es territorio de Venezuela, en España se disponen de todos los documentos originales que así lo demuestran

El Esequibo: papeles de España contra un laudo de 1899​

La reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba no se sostiene en un discurso: se sostiene en archivos. El argumento central que articula el asunto es que en España se conservan los documentos originales de la Capitanía General de Venezuela, y que esos papeles sitúan el territorio al oeste del río Esequibo dentro de la jurisdicción administrativa española. Sobre esa base, se sostiene que el territorio es legalmente venezolano y que el laudo arbitral de 1899 —firmado a la carrera, según esta lectura— carece de validez. Venezuela nunca lo reconoció.

El eje jurídico que se invoca es el uti possidetis iuris: todo territorio administrado por el imperio colonial pasa a manos del Estado independizado. La objeción habitual —que España no creó asentamientos permanentes en la zona— se responde con un paralelismo: el Estado Amazonas venezolano tampoco tuvo poblaciones modernas hasta principios del siglo XX y nadie discute su soberanía. La selva no se administra plantando ciudades.

Qué dicen los documentos y qué se firmó en 1899​

El relato que vertebra la disputa arranca en 1822, cuando diplomáticos venezolanos protestaron por la presencia de colonos británicos en la zona. Se niega expresamente que Bolívar regalase Guyana a los británicos: no existe documento ni evidencia que lo demuestre, sostiene esta línea. El reconocimiento español de la independencia de Venezuela en la década de 1840 habría transferido los derechos territoriales de la Capitanía, incluido el Esequibo.

El laudo de 1899 queda calificado en el material como un pacolaudo hecho a la carrera, con menos validez legal que un referéndum catalán o ruso. Estados Unidos habría intercedido a favor de Venezuela invocando la doctrina Monroe, dejando el territorio explícitamente en disputa. En 1966, Londres concede la independencia a Guyana administrando de facto el territorio en litigio. Ahí empieza el problema moderno.

Petróleo, sanciones y el reparto del pastel​

El giro económico es el que mueve todo. Con las sanciones masivas al petróleo venezolano activadas desde 2016, el crudo del Esequibo se convierte en la pieza apetecible. Se menciona la compra de crudo ruso por parte de Washington y la explotación del yacimiento en disputa con comisión incluida. El cálculo que se maneja: Guyana, con alrededor de un millón de habitantes, podría forrarse como Qatar en pocos años y financiar un ejército moderno que impida a una Venezuela empobrecida recuperar el territorio.

El paralelismo con el Sáhara Occidental se usa sin pudor: la misma jugada, con Marruecos e Israel de fondo. La tesis del expolio se completa con un dato demográfico que se repite: Venezuela pasó de 2 millones de habitantes en 1900 a 30 millones en 2010, mientras Noruega pasaba de 2 a 5 millones. La conclusión que se extrae es incómoda y se formula sin anestesia.

La disputa interna: ¿reclamar o esperar?​

No hay consenso sobre el método. Una corriente defiende que la reclamación es justa aunque quien la encabece sea cuestionable, y que el error es intentar recuperar Gibraltar, Malvinas y el Esequibo por separado: habría que hacerlo todos a una, bajo el paraguas de la hispanidad. Otra sostiene que la independencia hispanoamericana fue obra de una élite vendida a Inglaterra, que solo cobró servicios prestados, y que la fragmentación en republiquetas absurdas es la causa de fondo de la debilidad actual.

El flanco escéptico avisa de las consecuencias: una aventura militar terminaría como Irak o como Panamá en 1989, con el añadido de que el venezolano promedio, se argumenta, no aguantaría un mes de guerra real. La contra replica que Estados Unidos no tiene pretexto mientras sostiene otros conflictos y que, en todo caso, hay que dar al menos un susto.

El dato que descoloca​

La extensión territorial se usa como argumento de peso: Venezuela ocupa 1.076.000 km² frente a los 383.000 km² de Noruega sin Spitzbergen. El Esequibo, pura selva, se lo queda quien pueda defenderlo por la vía armada. Con esos mimbres, la predicción con reservas es que el asunto no se resolverá en los tribunales, sino cuando alguien calcule que el coste de mover ficha es menor que el de seguir mirando el mapa.