¿Hacen falta o no hacen falta forasteros?

Quién cubre los trabajos que ya nadie quiere​

Hay una paradoja que se repite en cada barra de bar y en cada campaña de recogida: se dice que faltan trabajadores para la hostelería y el campo, mientras las cifras de desempleo siguen siendo de las más altas de Europa. El planteamiento que abre esta discusión parte de una observación demográfica concreta: las familias numerosas de los años setenta, ochenta y noventa aportaban una bolsa de mano de obra joven, humilde y dispuesta a aceptar jornales duros. Hoy, con hogares de uno o dos hijos y padres con ingresos estables, ese ejército de reserva se ha secado.

El diagnóstico inicial sostiene que el hijo de funcionarios no se pone a vendimiar ni a freír croquetas por el salario mínimo, y que esa retirada de los trabajos menos cualificados deja un hueco que solo la inmigración puede llenar. La tesis tiene su lógica interna, pero el resto de la conversación la somete a un examen incómodo.

¿Por qué se dice que faltan camareros si hay paro?​

La primera objeción es de aritmética elemental. España tiene en torno a nueve millones de personas en edad de trabajar que no trabajan, según uno de los mensajes, y un desempleo juvenil que ronda el cuarenta por ciento. Con esas cifras sobre la mesa, sostener que el país necesita importar mano de obra para cubrir puestos vacantes suena, cuanto menos, discutible. La respuesta que se da a esa objeción es que el problema no es la cantidad de brazos disponibles, sino su disposición a aceptar ciertas condiciones.

Aquí entra el segundo frente: la precariedad como causa, no como excusa. Varios mensajes apuntan a que los salarios de la restauración y del campo no permiten vivir, y que la solución no es traer gente desesperada sino mejorar las condiciones. El argumento se resume en una idea incómoda: si un puesto no da para pagar un alquiler, el problema es el puesto, no la falta de candidatos.

El efecto llamada y el control de fronteras​

Una parte de la discusión deriva hacia el diseño del sistema migratorio. Se propone que ningún extranjero entre sin contrato de trabajo previo, que el empresario demuestre que no encuentra un trabajador nacional para ese puesto y que la estancia se vincule a la vigencia del empleo. Es el modelo de migración circular que algunos países aplican y que aquí, se argumenta, brillaría por su ausencia.

La crítica más repetida no va contra los migrantes como personas, sino contra el uso que se hace de ellos. Se habla de competencia a la baja en salarios y de presión sobre los servicios públicos, y se cita el caso de mujeres que trabajan en limpieza y cuidados de ancianos y que compiten con recién llegados dispuestos a aceptar menos. Es el viejo mecanismo del dumping laboral, descrito sin adornos.

La robotización como salida incómoda​

Aparece una tercera vía que suele quedarse fuera del titular: mecanizar lo que no se quiere pagar. La hostelería y la seguridad son los sectores donde la automatización ya avanza en otros países, y hay quien sostiene que el problema español no es de brazos sino de capital y de productividad. Los robots no votan ni revalorizan activos inmobiliarios, ironiza un mensaje, y ahí está el motivo de que nadie los esté instalando a gran escala.

La fractura que no se cierra​

El desacuerdo de fondo no es económico, es de marco. Unos ven la inmigración como un parche que tapa un modelo productivo de bajos salarios; otros la ven como una amenaza cultural y laboral que se suma al problema. Entre ambos extremos hay quien pide simplemente que se cumplan las reglas: contrato, temporalidad y retorno cuando el empleo termina.

La evidencia que cada bando esgrime es la misma: un mercado de trabajo que no absorbe a su propia población joven y que, a la vez, dice necesitar manos de fuera. ¿Se sostiene esa contradicción mucho más tiempo sin que alguien explique por qué los nueve millones que no trabajan no cuentan?